El Gobierno nacional presentará un polémico proyecto de ley en el que busca sancionar a todo aquel que difunda "mentiras" en un proceso judicial, incluyendo a los propios acusados, con lo cual termina violando a la propia Constitución.
El proyecto, difundo bajo el mote de "Ley Mentira", busca castigar con penas de un mes a cuatro años a quien "siendo parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo a sabiendas afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, en cualquier presentación oral o escrita hecha ante autoridad pública", informó el diario La Nación.
Este castigo incluye a acusados, abogados, peritos o incluso testigos, que ya se encuentran bajo la obligación de decir de la verdad y pueden ser investigados por falso testimonio en caso de no hacerlo. Sin embargo, los acusados están protegidos en su declaración y ahora el Gobierno quiere obligarlos a limitar sus declaraciones. "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente", reza el artículo 18 de la Constitución Nacional.
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Sin embargo, el Gobierno embiste contra ese derecho constitucional básico argumentando que es "un cambio cultural", que "servirá para dejar bien en claro quién defiende la verdad y quién la mentira", y que "tenés derecho a no declarar, pero no a desviar la acusación".
Los antecedentes del Gobierno en esa mentira no permiten presagiar nada bueno: desde el comienzo de la investigación por Santiago Maldonado, el gobierno buscó instalar que quienes no abonaban las sucesivas versiones oficiales sobre el caso (que estaba en Chile, que nunca estuvo en la protesta, que fue responsable de su propia muerte) estaba operando en la causa. Con este proyecto se podría sancionar así a querellantes de causas similares. Hoy la causa se reabrió para investigar las circunstancias por las cuales Maldonado cruzó el río huyendo de la represión de Gendarmería.