La Justicia se caracteriza por nunca investigar al Poder Ejecutivo hasta que pierde el poder. Con los recientes movimientos judiciales y la renuncia de la procuradora general de la Nación es evidente una dependencia del Poder Judicial del Gobierno nacional.
El Destape había revelado que el juez Andrés Fraga, que benefició a Mauricio Macri en los Panamá Papers espera un ascenso. En el fuero civil, las juezas del Tribunal de la Superintendencia se negaron a investigar los claros conflictos de intereses.
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A pesar de que forma parte de sus obligaciones, las integrantes del organismo administrativo, Liliana Abreut de Begher, Patricia Castro y Beatriz Verón, también rechazaron remitirle al Consejo de la Magistratura la denuncia de Marcela Pérez Pardo, informaron fuentes judiciales. Este medio intentó sin éxito consultarle las razones de su decisión a Abreut de Begher, la presidenta del tribunal.
Pérez Pardo debió el martes entregar en persona una carta para que el Consejo "tenga conocimiento" del fallo de Fraga que, según interpretó, "reviste gravedad institucional al afectar la debida transparencia de los procesos judiciales y el accionar de los jueces".
En el escrito al que tuvo acceso El Destape, la camarista de la Sala L remarcó que "admitir casos de incompetencia manifiesta cuando están involucradas personas de gran poder político (el Presidente) que, por alguna razón no desean recurrir al fuero respectivo; la utilización indebida del sistema judicial para condicionar ilegítimamente la intervención del fuero penal (por el posterior sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de Macri); la actitud que pudieron tener las partes respecto del juez interviniente-concursante y bien posicionado para cargos que dependían de una de las partes; y la actitud que pudo tener el juez-concursante en cuanto a la toma de decisiones, son todas circunstancias poco claras y transparentes que entiendo merecen la atención de los señores consejeros, porque también importa la corrupción en las instituciones".
Presiones judiciales
Por otra parte, la detención de Amado Boudou por el juez Ariel Lijo para que el Gobierno suspenda la audiencia de su hermano, Alfredo, quien guarda U$S 1,7 millones en una cuenta en Suiza y comparte dos empresas con otro ex magistrado destituido, como informó el periodista Iván Ruiz en La Nación. Pese a todo, Cambiemos dio marcha atrás y decidió convocar al un operador judicial para los próximos días. Lijo lleva la causa de Correo Argentino, donde no realizó avances en los últimos meses, lo que afecta la causa que tramita en la Cámara Nacional en lo Comercial. La pesquisa penal trata de buscar las responsabilidades del vaciamiento de la empresa de la familia Macri.
La renuncia de Alejandra Gils Carbó fue para intentar evitar modificaciones en el Ministerio PúblicoFiscal. El Gobierno pretende llevarlas a cabo de todos modos. Por además el pedido de licencia de laprocuradora, los fiscales sufren mayores presiones que las habituales de parte de los operadores del PROy la UCR para que obren a gusto del Ejecutivo.
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