Desde que Mauricio Macri y su equipo desembarcaron en las distintas dependencias del Estado, más de 27.000 personas fueron víctimas de una ola de despidos masiva que tuvo como argumento principal "limpiar la grasa militante" de la administración pública, para reducir así el "excesivo" porcentaje de empleados e ir hacia un Estado pequeño y "eficiente".
Si bien desde el gobierno sostienen que todos y cada uno de los despedidos en los distintos ministerios son "ñoquis", es decir supuestos militantes que cobran un sueldo pero no asisten a su empleo, el propio manual de "limpieza ministerial" distribuido por el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra no hace más que contradecir lo sostenido por los funcionarios responsables de las cesantías. Allí, se sostenía que para identificar a los "ñoquis" se debía renovarles el contrato por tres meses, es decir hasta marzo, para allí poder realizar un diagnóstico preciso y no cometer errores.
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Sin embargo, en menos de 50 días, la cantidad de despidos en las distintas dependencias se multiplicó e inclusive alcanzó a empleados de planta permanente, a quienes no se les inició el sumario administrativo correspondiente, y, según se indicaba en el propio instructivo, ahora podrán realizar acciones legales y deberán ser reincoporados a las arcas del Estado.
En cuanto la creación de empleo público en la última década, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, la dotación de trabajadores al servicio del Estado era de 265.340. Mientras que, para el año 2014, el número superaba los 407.000 (en administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social), lo que significa un incremento del 54%, es decir que uno de cada tres trabajadores estatales fueron designados durante el kirchnerismo.
¿Por qué hubo un aumento tan significativo del empleo público en ese período? Para encontrar la respuesta a ello es necesario realizar una revisión sobre el rol y la estructura ascendente que adoptó el Estado durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner: entre 2003 y 2015 se crearon 6 nuevos ministerios, 14 organismos descentralizados, 15 nuevas universidades y 10 empresas estatales, lo que representa un Estado significativamente mayor, que requirió lógicamente de una superior cantidad de empleados.
En este sentido, el aumento de los puestos de trabajo en tareas administrativas no resultó ser desmesurado en términos porcentuales, ya que siete de cada diez empleados públicos desarrollan sus tareas en las áreas de Educación, Salud y Seguridad, y menos de un tercio en las áreas administrativas, según consigna un informe realizado por CIPPEC en el año 2013. Allí se destaca que los docentes son quienes acaparan un 50,4 por ciento de los puestos estatales, los médicos el 8,1 por ciento y los agentes de seguridad el 13,1 por ciento, mientras que restante 28,4 por ciento corresponde al escalafón general.
Aun así los gobiernos kirchneristas no fueron los que tuvieron la mayor cantidad de empleados públicos: el gobierno de Raúl Alfonsín la masa de empleados estatales llegó a superar el millón mediante la implementación del ambicioso Plan Austral (1.019.342). Con una metodología similar a la implementada por el gobierno de Mauricio Macri hoy, ese número se vio reducido a un tercio en diez años durante las presidencias de Carlos Saúl Menem: de casi 900 mil personas trabajando en oficinas públicas al asumir, el riojano dejó a 260 mil gracias a las políticas de privatización de empresas públicas y descentralización del Estado.
Además, en el caso de establecer comparaciones porcentuales con respecto a otros países del globo, según un informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el empleo público en Argentina no se encuentra en números desorbitantes ni desmedidos: contabilizando a los empleados estatales y provinciales, el 17% de los empleados trabajan para las arcas públicas, apenas por encima de EEUU (16%) y por debajo de países desarrollados como Noruega (35%), Dinamarca (35%), Suecia (27%), Luxemburgo (26%), Reino Unido (23%), Bélgica (21%), Canadá (20%) y Francia (20%), y siendo el segundo de la región latinoamericana.
Macri y el empleo público en la Ciudad: sin despidos y con un notable crecimiento:
Si bien el presidente parece encarar un profundo achicamiento del Estado, mientras estuvo a cargo de la Ciudad de Buenos Aires su accionar fue el contrario: durante sus dos gestiones, el empleo público registró un llamativo crecimiento, al punto tal que, en términos porcentuales, la administración de Macri deja un 17% de los asalariados trabajando en las arcas públicas porteñas, similar número al que heredó del gobierno de Cristina Kirchner a nivel nacional.
Según relevó el gobierno porteño al asumir la gestión PRO en 2007 la cantidad de empleados trabajando en planta permanente dentro de las oficinas públicas era superior a los 125 mil, mientras que, ocho años después, esa cifra se elevó a 134 mil, y, si se tienen en cuenta aquellos empleados contratados en forma transitoria (contratos anuales), se deberían sumar unos 54 mil casos: un 44 por ciento de incremento.
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