El especialista en seguridad informática Javier Smaldone fue llevado por la Policía junto a otras dos personas, luego de los allanamientos dispuestos en el marco de la investigación por la causa conocida como "Gorraleaks", la filtración de información privada de las fuerzas de seguridad que estalló en las redes sociales.
Smaldone, un asiduo crítico tanto del macrismo como del kirchnerismo y opositor al proyecto de voto electrónico que impulsó el Gobierno nacional en 2016, está apuntado por haber hecho un retuit con la información que circuló sobre agentes de seguridad y que se conoció como "Gorraleaks". Además, según fuentes con acceso a la investigación que dialogaron con El Destape, las tres personas fueron señaladas por haber alquilado a través de Mercado Pago servidores que luego se usaron para realizar el ataque informático sobre la Policía Federal.
En los operativos fueron secuestrados notebooks y teléfonos celulares, los cuales serán peritados por la Justicia, en teoría para buscar presuntas vinculaciones entre las personas y el ataque informático. Según aclararon, hasta el momento no hay una orden de captura formal contra las tres personas investigadas.
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Los críticos del voto electrónico, en la mira
Previo a la detención de hoy, Joaquín Sorianello y Alfredo Ortega también sufrieron en carne propia la persecución de los hombres comandados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Tienen algo en común con Smaldone: fueron activos impulsores del rechazo al voto electrónico que quiso imponer el macrismo y, casualmente, sufrieron distintos tipos de persecuciones judiciales.
El primero fue el de Sorianello, quien avisó a la empresa MSA (iniciales de Magic Software Argentina, la dueña de las urnas electrónicas) por las fallas de seguridad que había encontrado en su sistema. Tras la advertencia, que ocurrió en los días previos a la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires en julio de 2015, la por entonces Policía Metropolitana le allanó su casa y le abrió una causa.
Anteriormente, tanto Ortega como Smaldone fueron incluidos en una causa judicial por el hackeo de la cuenta de Twitter de Bullrich. El ministerio los puso a ambos en la mira por el contenido de algunos tuits en donde explicaban las falencias de seguridad de la cartera.
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