La vicepresidenta Gabriela Michetti retomó una agenda activa y comenzó a mostrarse en los medios con una mayor frecuencia, al recibir un respiro en la causa que que investiga el origen de los fondos que le robaron el pasado 22 de noviembre y que la tiene como imputada dadas las serias inconsistencias e irregularidades que se presentaron a la hora de explicar los altos valores de efectivo que ella misma denunció estaban dentro de su departamento ubicado en el barrio de Balvanera.
Es que pese al final de la feria judicial y el retorno a la actividad, desde Comodoro Py aún no hay señales claras sobre cuál será el futuro de la causa, que se encuentra en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Guillermo Marijuan. Ambos cuentan ya con los informes solicitados a los principales organismos de control sobre la Fundación SUMA que Michetti preside y las otras organizaciones no gubernamentales del PRO que terminaron entrando en la causa, así como también con las 21 declaraciones testimoniales solicitadas por la defensa, con la que la vicepresidenta logró ganar tiempo hasta fin de año.
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En las declaraciones testimoniales, realizadas al entorno Michetti, surgieron algunos datos que, lejos de esclarecer el origen del dinero robado, sumaron nuevos interrogantes: ninguno de los presuntos donantes señalados por la vice obtuvo recibo alguno por sus aportes realizados en efectivo en favor de la fundación (ni siquiera la propia hermana), a diferencia de los años anteriores, así como tampoco se hicieron cargo de la colecta las autoridades de SUMA: la tesorera Silvana Giudici y la propia directora de la ONG, Karen Zeolla, rechazaron haber participado activamente de la colecta.
Como si todo esto fuera poco, el dinero, consistente en $190.000 que se encontraban en bolsas dentro del domicilio de Michetti, tampoco fue registrado como ingreso en su propia entidad, algo sumamente irregular en este tipo de operaciones, que se encuentran en una situación al margen de la ley al manejarse en efectivo, dado que por disposición de AFIP toda donación superior a $10.000 debe manejarse en forma bancaria y no bajo una colecta "cash" en la casa de su titular.
Ante el juzgado federal número 4, los testigos que debían acreditar y dar constancia de la transparencia del resto de las bolsas de dinero sustraídas de la casa de la vicepresidenta, tampoco lograron aportar información ni documentación que ayude a la imputada: tanto su contador como el de su novio, Juan Tonelli Banfi (quien presuntamente le habría prestado USD50.000 en efectivo para una maestría del hijo) negaron haber presenciado el acto de entrega, al tiempo que confirmaron que no existe ningún tipo de acuerdo firmado donde quede asentado el préstamo.
Por la bolsa restante, donde se ubican los $45.000 correspondientes a "refacciones" a realizar dentro de la casa, debió declarar el arquitecto Eduardo Raposo, quien además de ser amigo personal de Michetti, vive en el departamento de al lado. Sin embargo, Raposo tampoco logró ser de mucha ayuda a la causa, ya que negó contar con cualquier tipo de documento, recibo o factura por las reformas, así como también confirmó que la ex senadora nacional le pagaba a él y sus albañiles en negro ya que "hay ese nivel de confianza" (sic).
Tras las comprometedoras declaraciones recabadas, ahora es el turno que Ariel Lijo determine los próximos pasos a seguir en la causa, que entrará en una etapa de definiciones: el juez podría citar a Michetti y/o los actores que considere necesarios a declaración indagatoria, llamar a nuevos testigos, solicitar nuevas medidas de prueba o bien dar por cerrada la causa y sobreseer a los involucrados.
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