La reforma previsional transfiere cerca de $ 90.000 millones que iban a destinarse a los jubilados para el pago de la deuda pública y a los gobernadores el año próximo. Luego de la sanción por los diputados de Cambiemos y aliados, el Gobierno emitió el decreto para entregarles a los adultos mayores un bono que no evitará que cada uno pierda casi $ 4.600. Por esto, ya se presentaron amparos para que la Justicia defina si los cambios son inconstitucionales, como había anticipado El Destape.
Los jubilados que trabajaron en la formalidad por 30 años recibirán un adicional de $ 750 para paliar la pérdida de poder adquisitivo de marzo. Sin embargo, lo tendrán por única vez y no se contabilizará remunerativo, por lo que en todo el año perderán $ 4.138 por el cambio de fórmula, de acuerdo al cálculo de CEPA. En esta situación se encuentran menos de 950.000 personas, por lo que representa una porción pequeña del total de afectados.
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Los adultos pasivos que fueron contratados en negro durante la actividad por parte de sus empleadores e ingresaron a la jubilación por moratoria serán castigados con un bono de sólo $ 300. Los 4,6 millones de jubilados que ingresaron a moratorias azotados por la precarización laboral perderán casi $ 4.588 en 2018 con el decreto 1058/2017 de Mauricio Macri.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo también se verán perjudicados por el recorte previsional. A pesar del monto extraordinario de $ 583 que obtendrán en marzo, los 3,9 millones de niños cobrarán casi $ 583 menos en todo el año.
Por esto, la CTEP y el abogado Miguel Ángel Fernández Pastor presentaron amparos para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional, como había adelantado sucedería por el retroceso en el derecho social adquirido, que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de acuerdos internacionales.
Por el momento ambas causas recayeron en Fernando Strasser, magistrado subrogante que necesita una firma del Presidente para obtener la titularidad de un juzgado. Por la parcialidad que pueda presentar, dado su interés en el ascenso, ya fue recusado por Fernández Pastor. El abogado presentó el recurso con causa, debido a una enemistad manifiesta que poseen: el juez había denunciado al patrocinante ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados el año pasado.
Además, El Destape pudo saber de parte de la denunciante que cuestionó a Strasser por no brindarle acceso a la causa ni permitirle realizar presentaciones judiciales. La Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social deberá resolver el asunto y volver sortear el expediente, lo que violaría el reglamento.
Strasser ya había sentado posición en el recorte jubilatorio, cuando el lunes rechazó la medida cautelar requerida por la CTEP para frenar la votación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados por el planteo de inconstitucionalidad.
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