Por Sol Rodriguez Garnica
Redacción El Destape
@solecitarod
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El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, anunció hoy que relevarán del secreto al ex Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio "Jaime" Stiuso. Por orden de la Presidenta, el hombre que estuvo más de 40 años en el Organismo podrá declarar como testigo ante la fiscal Viviana Fein sin ninguna restricción y en la causa donde se investiga la muerte de Alberto Nisman. ¿Por qué necesita el relevo? Según los artículos 16 y 17 de la Ley de Inteligencia, los integrantes de los organismos de inteligencia deben guardar "el más estricto secreto y confidencialidad". El secreto se mantiene sin importar retiros, jubilaciones o despidos, ya que el secreto no es del ciudadano sino del Estado. Sólo un decreto del Poder Ejecutivo puede habilitarlos a contar detalles de las tareas de inteligencia realizadas, en el marco de causas judiciales especificas, siempre y cuando haya un justificativo.
Stiuso ya fue relevado del secreto en una oportunidad: en octubre de 2003 declaró como testigo en el juicio oral por el atentado contra la AMIA que llevaba adelante el Tribunal Oral Federal N°3. En esa oportunidad, había acusado al ex juez Juan José Galeano de falsear la investigación de la causa.
Relevos "famosos"
El 30 de junio de 2003, apenas un mes después de asumido su mandato, Nestor Kirchner y su flamante ministro del Interior Aníbal Fernández, firmaron el decreto donde relevaban del secreto al ex titular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy. Debía prestar declaración testimonial el juicio por el atentado contra la Amia. Podía, entonces, responder sobre las actividades desarrolladas por el Organismo para esclarecer el hecho, aunque no estaba autorizado a revelar "actos o hechos que involucren a ciudadanos de terceros Estados relacionados con servicios de inteligencia extranjeros" o a divulgar secretos "que puedan comprometer la seguridad del Estado".
En ese mismo decreto, Kirchner instruía a Sergio Acevedo, su secretario de Inteligencia, a relevar del secreto a funcionarios y ex funcionarios mencionados en dos solicitudes judiciales, a fin de que pudieran también ser testigos de la causa. En medio de reformas en la SIDE, con el despido de más de 350 espías, asumió un nuevo secretario: Héctor Icazuriaga. 20 días después y a pedido de juez Rodolfo Canicoba Corral, Kirchner decretó relevar del secreto a Fernando de Santibañes, ex señor 5 de Fernando de la Rúa.
Canicoba lo había citado a indagatoria para el 9 de enero de 2004, acusado de formar parte de la cadena de coimas para aprobar la ley de flexibilización laboral de la Alianza. Junto con él fue relevada su secretaria privada: Glady Mota, que debía declarar como testigo y terminó denunciada por falso testimonio. Finalmente, las coimas en el Senado terminaron en absoluciones masivas en diciembre de 2013.
Para ese juicio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había relevado del secreto en 2012 a dos ex titulares de la SIDE. Mediante el decreto 2071, aceptó el pedido del Tribunal Oral Federal N°3 y le permitió a Carlos Armando Becerra y Carlos José Antonio Sergnese ser testigos y describir "las circunstancias previas, concomitantes y posteriores al presunto pago de sobornos en el ámbito del Senado de la Nación, durante abril del año 2000". En la resolución se especificaba que la declaración sería a puertas cerradas y sólo con la presencia de las partes. Al que no lo relevó fue a Acevedo, ya que no había, a su criterio, "concretas razones y circunstancias" que lo justificaran.
El año pasado, Anzorreguy fue nuevamente relevado de secreto. Esta vez, para que le tomen indagatoria en el marco de la causa por los sobresueldos durante el menemismo que lleva adelante el juez federal Sebastian Ramos. La otra parte de la causa, que tiene a Carlos Menem, María Julia Alsogaray y a Domingo Cavallo como acusados, ya está elevada: el juicio comenzará en marzo de este año.
Crimenes de lesa humanidad, exceptuados
En enero de 2007, un decreto firmado por Nestor Kirchner, Alberto Fernández y Nilda Garré estableció que quienes integren o hayan integrado organismo de Inteligencia, Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales, quedan relevados de guardar secreto cuando fueran llamados a declarar en causas judiciales relacionadas con el terrorismo de Estado. "Corresponde revisar desde el actual Estado democrático y republicano la necesidad del secreto y la confidencialidad de aquella información que pueda favorecer un mejor conocimiento de los terribles hechos padecidos por nuestro país" explica el escrito. El decreto alcanza a declaraciones testimoniales y a indagatorias pero contiene una salvedad: "en ningún caso estarán autorizados a revelar información de inteligencia estratégica militar".