¿Ciencia y tecnología para qué? El desafío de armar coaliciones sociales que impulsen el desarrollo nacional

Pese a todas sus diferencias, los países que crecieron de modo más acelerado en las últimas décadas (Israel, Corea, Finlandia, Noruega, Canadá, China, entre otros) tienen un denominador común: ampliaron sostenidamente sus capacidades científico-tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de décadas estos países han logrado conformar una articulación virtuosa entre los procesos sistemáticos de generación de conocimiento forjados mediantes métodos convalidados por la comunidad académica (ciencia) y el conjunto de habilidades, saberes, instrumentos y formas de organización que permiten producir un bien o servicio (tecnología). Estas capacidades CyT son imprescindibles porque generan innovaciones que tienen impacto potencial directo en la estructura productiva ya sea porque permiten introducir en el mercado nuevos productos y/o servicios, ya sea porque permiten mejorar significativamente sus condiciones de producción.

Ahora bien, este tipo de articulación virtuosa no se produce por generación espontánea. Sabemos por las numerosas investigaciones académicas sobre el tema, que es necesario contar con políticas industriales, educativas y científicas consistentes y coordinadas, que propicien procesos de innovación con financiamiento adecuado y que ayuden a integrar a científicos, tecnólogos e industriales, generando espacios estratégicos de acumulación que incrementen sostenidamente la productividad.

Los datos de inversión en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) de algunos países seleccionados para el año 2016 permite corroborar la importancia que tiene la construcción de capacidades CyT en el desarrollo: los países de crecimiento acelerado mantienen tasas de I+D como porcentaje de su PBI muy elevadas. La Argentina y otros países de la región, por el contrario, destinan menos de medio punto de su PBI en inversiones de este tipo.

¿Cómo lograr una articulación público-privada fructífera para la construcción de capacidades CyT? El neoliberalismo ha sido bastante exitoso en generalizar una idea fuerza que plantea una falsa dicotomía entre el sector público y el sector privado. El primero sería eficiente, dinámico, competitivo y, por ende, el único capaz de motorizar procesos de innovación y desarrollo; mientras que el segundo sería excesivamente interventor, asfixiante, burocrático y por ende, no debería invertir en la construcción de capacidades CyT; muchos menos pretender liderar un proceso de desarrollo basado en la innovación productiva. Y mucho menos aún, si se trata de países con niveles elevados de pobreza e indigencia, como si un fenómeno no tuviera relación alguna con el otro.

Sin embargo, el análisis detallado de las principales innovaciones que generaron saltos tecnológicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, muestra con claridad el rol crucial del Estado para impulsarlas mediante ambiciosos proyectos de investigación financiados con recursos públicos (internet, el avión supersónico, la pantalla táctil, la nanotecnología, las tecnologías verdes, el láser, el GPS, el teclado activado por voz, son sólo algunos ejemplos). Y como dijimos antes, los países que experimentaron tasas de crecimiento acelerado en las últimas décadas mediante la construcción sostenida de capacidades CyT avanzaron notablemente en la disminución de los niveles de pobreza (algunos países del sudeste asiático son casos paradigmáticos al respecto).

En nuestro país el Estado no termina de asumir ese rol y tampoco se ha logrado construir una coalición social desarrollista fuerte y estable que lo impulse “desde abajo”. Por eso se observan profundos vaivenes en las políticas macroeconómicas, industriales, educativas y científico-tecnológicas a lo largo de los años que generan marcadas discontinuidades en el proceso de construcción de capacidades CyT.

La estructura productiva argentina requiere cambios urgentes si se pretende construir un sendero de desarrollo sostenido. Hoy presenta altos grados de heterogeneidad estructural, tanto a nivel sectorial como territorial, que requiere una acción pública inteligente, precisa y eficiente para empezar a superarlos: eslabones productivos débiles y desarticulados; alto grado de extranjerización; escaso peso de las actividades industriales complejas; perfil de inserción externa con fuerte sesgo importador, son solo algunas muestras del enorme desafío que tenemos por delante como país en esta materia.

Modificar estas características no es una tarea fácil que se pueda agotar en un mandato presidencial. Requiere de un amplio acuerdo en torno al modelo a seguir y un compromiso firme de los principales actores sociales y los gobiernos de turno para consolidar una serie de políticas de Estado que lo promuevan. La experiencia del período kirchnerista dejó en claro que si no se producen cambios significativos en la matriz productiva, las políticas distributivas son insuficientes para sostener un proceso de crecimiento porque la restricción externa se manifiesta más temprano que tarde. Precisamente por eso los cambios estructurales deberían orientarse en dos direcciones complementarias: por un lado, hacia el incremento del grado de sustitución de importaciones, protegiendo selectivamente determinadas ramas industriales que son multiplicadoras y/o grandes generadoras de puesto de trabajo; por otro, hacia el incentivo de aquellas ramas/eslabonamientos productivos que pueden lograr tempranamente inserción competitiva en el mercado mundial, apostando a la ampliación de las exportaciones de alto valor agregado.Para lograr estos cambios es preciso contar con una aceitada articulación entre políticas industriales, fiscales y científico-tecnológicas. En todos los casos, estas políticas tendrán que contar con un amplio nivel de consenso entre los actores claves (universidades, sindicatos, asociaciones empresarias, organizaciones sociales, etc.) y establecer beneficios transitorios, metas claras de desempeño y evaluación periódica de resultados para evitar el despilfarro de los recursos públicos. La legitimación social del modelo de desarrollo basado en capacidades CyT es crucial para garantizar su estabilización y para eso es imprescindible la conformación de una coalición social desarrollista en donde las universidades y los organismos de CyT jueguen un rol central como articuladoras del resto de los actores que la integren. 

El gobierno actual y ciertas fracciones de las elites económicas que lo apoyaron propusieron un modelo de desarrollo basado en los recursos naturales, la agroindustria, las finanzas y algunos pocos nichos de servicios tecnológicos. Los resultados del experimento están a la vista. En un país de más de 42 millones de habitantes no podemos seguir creyendo que con esas actividades alcanza para lograr niveles plenos de ocupación y mejorar los ingresos reales de la población. Por eso es imperioso dar esta discusión en el espacio público y formular propuestas concretas capaces de orientar a los actores relevantes en la construcción de un camino de desarrollo nacional que garantice la inclusión de todos los sectores sociales y no sólo el crecimiento de algunas fracciones del capital a expensas de las mayorías.