La fiscalía federal alemana anunció hoy la acusación de 26 presuntos miembros de un grupo de extrema derecha y de una persona que los apoyaba, ante la sospecha de que buscaban derrocar las instituciones democráticas del país.
Son "sospechosos de pertenecer a una organización terrorista y de preparar una traición", indicó la fiscalía federal en un comunicado sobre los que se llaman "Ciudadanos del Reich" ("Reichsbürger").
Entre los procesados figura una magistrada, Birgit Malsack Winkemann, exdiputada del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que trabajó en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento) entre 2017 y 2021.
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Uno de los acusados es el presunto líder de la célula, un aristócrata y hombre de negocios septuagenario de Fráncfort, Henri XIII P.R, llamado Prince Reuss y descendiente de una línea de nobles del estado regional de Turingia.
El desmantelamiento de esta red hace un año -el 7 de diciembre de 2022- había causado impacto al exponer la magnitud de la amenaza conspirativa y de extrema derecha en Alemania.
"Desde agosto de 2021, el grupo preparaba con un grupo armado una intrusión en el Bundestag para detener a los diputados y derrocar el sistema", según la fiscalía federal.
La red contaba con un consejo cuyos miembros tenían diferentes atribuciones: "militar", "interior", "salud, "relaciones exteriores" y "justicia".
A partir de febrero de 2022, los miembros del consejo organizaban reuniones regulares.
"Para ello habían reclutado personal militar, comprado equipo y practicado tiro. Estaba claro para los miembros que la toma de poder en preparación implicaría la muerte de personas", agregó la fiscalía, citada por la agencia de noticias AFP.
Los medios financieros de la célula ascendían a "unos 540.000 dólares" y contaba con un "arsenal de unas 380 armas de fuego, cerca de 350 armas blancas y al menos 148.000 municiones", refiere.
Los miembros de la asociación también adquirieron una variedad de otros equipos militares, incluidos cascos, chalecos antibalas, dispositivos de visión nocturna y esposas.
Con el tiempo, la asociación se aisló cada vez más del exterior.
Los miembros y las personas interesadas debían firmar una declaración de confidencialidad.
"Toda violación de esa declaración debía considerarse una traición y castigarse con la pena de muerte", detalla la fiscalía.
Con información de Télam
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