Empresas de transporte público de Perú iniciaron el jueves una huelga para exigir al Gobierno medidas contra el aumento de la inseguridad y una ola de extorsiones, en una protesta que ha restringido la movilidad y comercio en varias ciudades del país.
El Gobierno ha exhortado a los empleadores a priorizar el trabajo remoto y a dar tolerancia de hasta cuatro horas para el ingreso de sus trabajadores; y suspendió las clases escolares presenciales en Lima Metropolitana como una medida preventiva ante la protesta, la segunda que realizan los transportistas en dos semanas.
Catorce distritos de Lima fueron declarados en emergencia por el Gobierno a fines de septiembre para facultar a los militares a ayudar a la policía a luchar contra la inseguridad, en medio además de criticas de empresas formales que afirman que el Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
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Según imágenes de la televisión local, en la capital Lima cientos de personas esperaban a pocas unidades de transporte que circulaban. Decenas de buses de la policía y fuerzas armadas salieron a trasladar a los ciudadanos en la ciudad.
Decenas de gremios de transportes en Lima y ciudades del interior del país, donde se ha restringido también el transporte y comercio, han convocado a la huelga por 72 horas.
Varios centros de comercio o mercados populares de la capital del país han cerrado sus puertas en apoyo a la protestas, cuyos dirigentes alegan que también sufren de extorsiones de bandas criminales que exigen cupos para operar.
"La protesta es por el tema de inseguridad que ha llegado a tal grado que los comerciantes también somos víctimas de la extorsión", dijo Katherine Gómez, una dirigente al frente de un mercado en un distrito al norte de la ciudad de Lima.
El lunes de esta semana cuatro personas fueron asesinadas dentro de una pequeña unidad de transporte en la provincia del Callao, vecina a Lima. Entre las víctimas estaba el conductor. Al menos otras seis personas han sido asesinadas por casos de extorsiones desde fines de agosto, según la policía.
Según un sondeo realizado en agosto por la oficina estatal de estadística de Perú (INEI) y difundido a fines de septiembre, un 86% de la población urbana del país percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo.
En el 2023, la policía detuvo a 289 personas por el delito de extorsiones en todo el país, un aumento del 165% comparado con el 2022, según datos del Ministerio de Interior.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo la noche del miércoles que 10.000 policías y militares vigilarán la huelga de los conductores, cuyos dirigentes han anunciado que realizarán marchas hacia la sede del Congreso en el centro de Lima.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley para castigar hasta con cadena perpetua los delitos de secuestro, sicariato y extorsión, para los que busca sean calificados como "terrorismo urbano".
Con información de Reuters
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