(Actualiza con votación)
El Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, logró finalmente hoy una victoria parlamentaria en la votación sobre su polémico proyecto de ley para enviar inmigrantes sin papeles a Ruanda, pese a una rebelión de los parlamentarios del ala derecha de su propio partido.
A pesar de una serie de abstenciones y desafíos internos, la propuesta recibió el respaldo de la Cámara de los Comunes, con 313 votos a favor y 269 en contra.
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Esta votación resulta clave para Sunak, evitando que su Gobierno sea el primero en perder en la segunda lectura de una legislación desde 1986.
"El pueblo británico debería decidir quién puede venir a este país, no las bandas criminales ni los tribunales extranjeros. Eso es lo que ofrece este proyecto de ley", escribió el primer ministro en la red social X (antes Twitter).
"Ahora trabajaremos para convertirla en ley, para que podamos conseguir vuelos a Ruanda y detener los barcos", afirmó.
El proyecto de ley pasará ahora a la fase de comité, donde no solo permitirá a los parlamentarios debatir y proponer modificaciones, sino que también enfrentará varios obstáculos parlamentarios adicionales, como enmiendas en la Cámara de los Lores.
Este proceso sugiere que podrían ocurrir votaciones tensas en el futuro antes de que la legislación se concrete y se convierta en ley.
Sunak dedicó el día a convencer a los miembros de su partido, en un esfuerzo por evitar una derrota significativa que pudiera debilitar su autoridad.
Fuentes oficiales dejaron trascender que el premier ordenó incorporar algunas modificaciones en busca del apoyo de los conservadores más duros, desoyendo su consejo de que era mejor retirar el proyecto y evitar una votación negativa.
A pesar del apoyo obtenido, varios parlamentarios de derecha del Partido Conservador expresaron su disconformidad con el proyecto en su forma actual, optando por la abstención.
El líder británico enfrentaba uno de los principales desafíos de su gestión -con consecuencias hasta para su permanencia en el cargo- si el Parlamento votaba en contra de su polémico proyecto.
La iniciativa propone enviar a solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido en embarcaciones precarias a Ruanda, donde podrían solicitar asilo.
La propuesta generó divisiones dentro del Partido Conservador luego de que un importante grupo de parlamentarios de derecha expresaron preocupación de que el nuevo acuerdo con el Gobierno de Ruanda pueda ser bloqueado nuevamente por los tribunales.
Estas preocupaciones surgieron luego de que el tribunal superior del Reino Unido fallara en contra de la versión anterior del plan en noviembre, debido a la posibilidad de que los solicitantes de asilo fueran enviados a lugares no seguros, lo que llevó a la necesidad de revisar y modificar la legislación.
Otros miembros del partido argumentan que el plan no toma en cuenta el derecho internacional.
El Gobierno enfrentó una crisis cuando el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, renunció poco después de que Sunak presentara el nuevo proyecto de ley sobre el tema inmigración.
Jenrick criticó la legislación por no permitir al Gobierno anular las leyes internacionales, un aspecto crucial que había impedido enviar solicitantes de asilo a África Central.
Según la prensa británica, la salida de Jenrick se ve como parte de un movimiento más amplio dentro del partido, que busca asegurar que el Reino Unido tenga la capacidad de actuar unilateralmente en sus políticas de deportación a Kigali.
El líder laborista, Keir Starmer, también criticó la política y le dijo a la BBC que es mejor invertir en terminar con "las bandas criminales" que llevan a la gente a través del Canal de la Mancha.
El nuevo ministro de inmigración, Michael Tomlinson, confirmó que él y Sunak trabajaron durante toda la jornada para persuadir a sus colegas parlamentarios conservadores.
A su vez, el comité conjunto del Parlamento sobre derechos humanos, liderado por la laborista Harriet Harman, publicó un informe expresando serias preocupaciones en cuanto a derechos humanos.
El informe concluye que el proyecto de ley es "inconsistente" con la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
"El proyecto de ley exigiría que todos los tribunales nacionales acepten que Ruanda es un país seguro y no consideren ninguna revisión o apelación interpuesta por considerar que no lo es, incluso si hay pruebas convincentes que lo respalden", dice.
"Esto plantea difíciles cuestiones constitucionales sobre la separación de poderes y el Estado de derecho. Impediría que los tribunales consideren alegaciones discutibles de que la expulsión a Ruanda no es segura, lo que expondría a las personas al riesgo de que se violen sus derechos fundamentales a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, y es incompatible con el derecho a un recurso efectivo garantizado por artículo 13 de la CEDH", subraya.
También el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), representante de los guardias de la Fuerza Fronteriza y otros funcionarios públicos, anunció hoy su intención de impugnar el proyecto si se convierte en ley.
El sindicato argumentó que la legislación es inconstitucional y junto a otras organizaciones lanzaron la campaña "Together with Refugees", una coalición que aboga por un trato más justo y compasivo hacia los refugiados.
Una reciente encuesta de Ipsos que publicó el diario The Guardian, reveló que solo el 10% de los votantes cree que el Gobierno manejó adecuadamente la inmigración.
Alrededor del 79% opinó que la gestión gubernamental fue deficiente, incluyendo a una mayoría de los votantes conservadores de 2019 y a aquellos que actualmente apoyan al partido.
Curiosamente, solo el 24% de los encuestados considera que el Partido Laborista haría un mejor trabajo en la gestión de la inmigración, una disminución desde el 29% registrado en julio.
Según cifras oficiales, casi 30.000 personas están en espera de ser potencialmente enviadas al país africano.
Hasta el 13 de noviembre de este año, 27.284 personas habían cruzado el Canal de la Mancha.
En 2022, 45.755 migrantes realizaron la travesía, la cifra más alta desde que se comenzaron a recopilar datos en 2018.
El Gobierno británico intenta también disminuir la inmigración legal hacia el país, que según las últimas estadísticas alcanzó una cifra récord de 745.000 en 2022.
Con información de Télam
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