El pleno de la Suprema Corte de México no logró el martes los votos necesarios para invalidar parte de una reforma judicial aprobada en septiembre por el oficialismo, allanando el último escollo que pesaba sobre la polémica enmienda constitucional, que ha asustado a los mercados y espantado a los inversionistas.
La Corte necesitaba al menos ocho votos a favor del proyecto de sentencia, presentado por partidos de oposición, pero solo contó con siete de los 11 ministros por lo que no pudo suprimir la elección de jueces y magistrados por voto popular, uno de los puntos medulares de la reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La sentencia también pretendía invalidar la figura de jueces sin rostro, la remoción masiva de jueces y magistrados y la inacatabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina, un nuevo ente creado con la reforma.
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La discusión en el máximo organismo jurisdiccional del país amenazaba con desatar un choque de poderes, luego de que el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó días atrás una reforma constitucional para asegurar que las enmiendas a la Carta Magna no puedan ser impugnadas. Además, solicitó a la Corte el sobreseimiento del proyecto de sentencia.
"No existe en nuestro país un órgano que esté por encima de la Constitución", dijo la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.
"Es inaceptable creer que la Constitución permite que un conjunto de órganos creados por ella misma se sirvan de mecanismos democráticos para destruir a la propia democracia y a la propia Constitución", agregó, antes de votar a favor de la moción.
Tras la votación, Piña decretó un receso en la sesión para, una vez reanudada, decidir si eran necesarios al menos ocho o seis votos para invalidar parte de la reforma judicial.
CHOQUE DE TRENES
La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la decisión de la Corte de analizar la constitucionalidad de la reforma judicial y aseguró esta semana que el máximo organismo judicial se estaba excediendo en sus funciones.
"No es una cuestión que atañe a la Suprema Corte", dijo el ministro Alberto Pérez al justificar su voto en contra del proyecto de sentencia.
"Esta acción de inconstitucionalidad es total y absolutamente improcedente. Resolver en el sentido que propone la propuesta sería (...) responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida", sostuvo Pérez.
A fines de septiembre, el árbitro electoral, INE, dio la largada formal para el proceso electoral de mediados del próximo año, cuando se elegirán a los ministros de la Corte, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito.
Estados Unidos, el socio comercial más importante de México, ha criticado la reforma porque asegura que la elección directa de los juzgadores representa "un riesgo mayor" para el funcionamiento de la democracia en el país latinoamericano.
Organismos multilaterales, organizaciones empresariales y bancos de inversión sostienen que los cambios apuntan al Poder Judicial federal y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan más del 80% de los procesos judiciales en México.
El oficialismo, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria porque el sistema de justicia "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
Con información de Reuters
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