El primer ministro británico, Rishi Sunak, enfrenta una rebelión dentro de su Partido Conservador por su controvertido proyecto de ley para deportar a inmigrantes sin papeles a Ruanda, que provocó la renuncia de dos importantes miembros de la agrupación previo a una votación en el Parlamento.
La iniciativa del Gobierno, que propone enviar a solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido a Ruanda como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración, fue rechazada en noviembre por la Corte Suprema, pero Sunak presentó un nuevo proyecto que está siendo debatido por los legisladores.
Los dos vicepresidentes del Partido Conservador, Lee Anderson y Brendan Clarke-Smith, así como la asistente ministerial Jane Stevenson renunciaron ayer después de haber respaldado una serie de enmiendas que buscaban endurecer la legislación.
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Un total de 60 parlamentarios conservadores apoyaron las enmiendas al nuevo proyecto de ley, lo que expone las profundas divisiones dentro de la formación.
Las enmiendas, que pretendían impedir que se recurriera al derecho internacional para bloquear la expulsión de alguien a Ruanda y limitar gravemente la capacidad de una persona para recurrir su deportación, fueron rechazadas el martes, aunque recibieron apoyo significativo de conservadores destacados como la exministra del Interior Suella Braverman y la ex primera ministra Liz Truss.
A pesar de la oposición interna, Downing Street mantiene la confianza en que el proyecto de ley será aprobado, aunque se especula con que el gobierno podría ofrecer concesiones para asegurar su avance.
Sunak resistió hasta ahora ceder a las demandas del ala más a la derecha de su partido y, si lo hace, podría enfrentar la pérdida de apoyo entre los más moderados.
La legislación será debatida en la Cámara de los Comunes hoy y se espera que la votación tenga lugar si no se introducen modificaciones.
Si unos 30 parlamentarios conservadores se unen a la oposición para votar en contra de la ley, el proyecto podría fracasar.
El ministro de Migración, Michael Tomlinson, intentó minimizar la división dentro del partido y, en declaraciones a la cadena británica BBC, afirmó que existe un "debate constructivo y sólido" sobre la política.
El funcionario expresó su pesar por las dimisiones de la víspera, pero aseguró que todos en el partido desean que la política tenga éxito.
El debate se da un contexto en el que las cifras de cruces irregulares del Canal de la Mancha aumentaron drásticamente, hasta 45.755 casos en 2022, un incremento significativo desde los 299 casos registrados en 2018.
Mientras, en 2023, cerca 30.000 inmigrantes cruzaron el Canal en embarcaciones precarias, conocidas también como pateras.
Por su parte, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, prometió que si Reino Unido finalmente no logra sacar adelante el plan de deportación de migrantes, el país africano "devolverá el dinero" que ha recibido, que según el Gobierno británico asciende ya a 240 millones de libras (unos 300 millones de dólares).
"Sólo se va a usar si vienen" los migrantes, explicó Kagame a la BBC al margen del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Londres espera desembolsar otros 50 millones de libras más en el próximo ejercicio fiscal, pese a que a día de hoy no ha partido ni un sólo vuelo.
"Es problema de Reino Unido, no es problema de Ruanda", apuntó.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) afirmó ayer que, pese a que Sunak planteó modificaciones en su propuesta, "mantiene su posición" de que el plan "no cumple con los estándares requeridos relacionados con la legalidad y la idoneidad del traslado de solicitantes de asilo y no es compatible con el derecho internacional de los refugiados".
El organismo remarcó que las rutas seguras y legales para solicitar asilo en Reino Unido "siguen siendo inaccesibles para la abrumadora mayoría de los refugiados del mundo", y que el plan para enviar migrantes a Ruanda "va en contra de los principios fundamentales de solidaridad global y responsabilidad compartida".
Con información de Télam
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