Un juez federal de primera instancia de San Francisco se ha negado a desestimar una demanda en la que se alegaba que el ejército estadounidense había violado los derechos constitucionales de más de 35.000 veteranos LGBTQ al no concederles el retiro con honores después de que se les prohibiera servir debido a su orientación sexual.
El juez Joseph Spero rechazó el jueves las alegaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos de que la demanda colectiva propuesta no podía seguir adelante porque los cinco veteranos que la presentaron el año pasado no habían solicitado primero los cambios en su documentación de retiro a través de un proceso establecido por la agencia.
Spero dijo que los demandantes podrían alegar que obligar a los veteranos LGBTQ a someterse al "agobiante e incluso traumático" proceso de solicitar el cambio de su estado de retiro viola sus derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad de protección.
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Los retiros "no honorables" pueden impedir a los veteranos recibir diversas prestaciones, como asistencia médica, préstamos, oportunidades de empleo y ayuda en el pago de los estudios.
"Al menos desde el punto de vista de las alegaciones, éstas son suficientes para alegar una conducta que sacude la conciencia", escribió Spero. Los abogados de los demandantes aplaudieron la decisión en un comunicado conjunto.
"Estos veteranos se han visto obligados a llevar documentos oficiales y discriminatorios del Gobierno de Estados Unidos que indican innecesariamente su orientación sexual cada vez que intentan demostrar su condición de veteranos", dijeron, refiriéndose a los documentos que establecen las razones de los retiros de los miembros del servicio.
La política del Pentágono conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (No preguntes, no lo cuentes), adoptada en 1993 durante el gobierno del ex presidente demócrata Bill Clinton, prohibía el acceso al servicio militar a gays, lesbianas y bisexuales abiertamente y permitía el retiro "no honorable" de las personas LGBTQ que revelaran su orientación sexual.
Alrededor de 14.000 personas fueron dadas de baja del ejército en virtud de esta política, que fue derogada en 2011. Otras más de 20.000 habían sido dados de baja desde 1980 debido a su orientación sexual real o percibida, según la demanda.
Los demandantes afirman que el mantenimiento de la situación de los veteranos retirados en virtud de la política "No preguntes, no digas" y otras anteriores, viola sus derechos constitucionales. La demanda solicita una orden que obligue al Departamento de Defensa a llevar a cabo una revisión exhaustiva de las bajas basadas en la orientación sexual y a conceder retiros honoríficos cuando proceda.
El Gobierno, al solicitar la desestimación del caso, afirmó que dispone de procedimientos que permiten a los veteranos LGBTQ solicitar una "corrección" de sus retiros y que ha accedido a esas peticiones en más de 1.400 casos.
Pero Spero dijo el jueves que los demandantes deben tener la oportunidad de probar sus afirmaciones de que el proceso es largo y agobiantes, y que el simple hecho de ser obligados a pasar por él viola sus derechos constitucionales.
"Las desventajas que alegan los demandantes no son meros inconvenientes", escribió Spero. "Más bien, los demandantes destacan aspectos del proceso que dan lugar a estigmatización, retraumatización y aislamiento".
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