(Actualiza con declaraciones de Macron)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió hoy la nueva ley migratoria al sostener que era el "escudo que nos faltaba", tras la aprobación de la cuestionada norma ayer en el Parlamento con el apoyo de la ultraderecha, en una votación que abrió una importante brecha dentro de la mayoría gubernamental.
"Esta ley es el escudo que nos faltaba", declaró el mandatario durante una entrevista en la cadena France 5, al día siguiente de que la Asamblea Nacional (Cámara baja) sacara adelante el texto con 349 votos a favor y 186 en contra.
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"Cuando gobiernas, tienes responsabilidades y estas responsabilidades te obligan. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que se hizo ayer, y también tenemos que calmar a la gente", añadió el mandatario citado por la agencia de noticias AFP.
Los partidos Los Republicanos (LR, derecha) y Agrupación Nacional (RN, ultraderecha) secundaron el texto que el Senado había votado previamente.
La elección sumió a la mayoría presidencial, compuesta por varias formaciones, además del partido Renaissance de Macron, en una crisis, ya que 59 de sus 251 diputados no votaron a favor del texto: 27 decidieron hacerlo en contra y 32 se abstuvieron.
Un elemento clave de la ley es que las subvenciones sociales para extranjeros no comunitarios, es decir, que no son ciudadanos de la Unión Europea (UE), estarán condicionadas a partir de ahora a una presencia mínima de cinco años en el territorio, o de 30 meses en el caso de que la persona tenga trabajo.
Además, se podrán acordar cuotas migratorias y se incluyen medidas para que los condenados por homicidio con doble nacionalidad puedan ser despojados de la ciudadanía francesa.
El texto generó polémica en el Gobierno y llevó al ministro de Salud, Aurélien Rousseau, a entregar anoche una carta de renuncia a la primera ministra, Élisabeth Borne, según una fuente ministerial citada por la agencia de noticias AFP.
Al igual que Rousseau, varios ministros reacios al proyecto de ley, como Clément Beaune (Transportes) o Sylvie Retailleau (Educación superior), fueron recibidos anoche por Borne, según varias fuentes gubernamentales.
Ante la brecha abierta en su propio campo, Borne denunció una "burda maniobra" de la ultraderecha para causar divisiones.
En una entrevista con la radio France Inter, Borne negó hoy que haya una "crisis en la mayoría" presidencial y declaró que tiene la "sensación de haber cumplido" con su deber sacando adelante una ley "que respeta nuestros valores".
Y admitió que el texto, muy cuestionado por la izquierda y por ONGs, incluye algunas medidas que podrían ser anticonstitucionales y consideró que la ley probablemente "evolucionará" tras ser examinada por el Consejo Constitucional.
Agregó que con esta ley el Gobierno busca "alejar lo más rápida y eficazmente a quienes no tienen derecho de estar en Francia e integrar mejor a quienes elijamos acoger" en el territorio.
La condición de que los extranjeros no comunitarios que se encuentren en situación irregular deban permanecer un periodo mínimo en el territorio para acceder a las prestaciones sociales configuró un fuerte escollo durante las negociaciones.
La derecha reclamaba un plazo de cinco años para que esas personas pudieran acceder a ayudas "no contributivas", pero al final se decidió distinguir entre los extranjeros que trabajen y los que no.
Así, los extranjeros de fuera de la UE que deseen acceder a las ayudas al alquiler deberán haber residido en Francia al menos cinco años si no trabajan. Si lo hacen, con una presencia de tres meses bastará, aunque estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes extranjeros.
La versión aprobada anoche es más restrictiva que el proyecto de ley inicial, aunque contempla la posibilidad de que un trabajador irregular pueda pedir el permiso de residencia sin el aval de su empleador.
El hecho de que los ultraderechistas de Agrupación Nacional de Marine Le Pen votaran a favor del texto generó descontento en parte de la mayoría presidencial.
Un diputado de Renaissance comparó ese apoyo con un "beso de Judas" para la mayoría presidencial.
El jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, afirmó que la aprobación supone una "deshonra para el gobierno" y el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon consideró que la ley "deforma la imagen de Francia".
En cambio, el presidente del partido conservador Los Republicanos, Eric Ciotti, se mostró satisfecho con lo que denominó "una victoria para la derecha".
Con información de Télam
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