La protección de las comunidades indígenas de Brasil frente a la violencia de acaparadores de tierras y ganaderos fue "insuficiente" en 2023, según un informe publicado el lunes, echando por tierra las esperanzas de que la situación mejorara bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.
El Consejo Misionero de los Pueblos Indígenas (CIMI), una organización de la Conferencia Episcopal de Brasil, dijo que el primer año de Gobierno de Lula mostró contradicciones en su política indígena y avances decepcionantes en el reconocimiento de las reivindicaciones de tierras ancestrales.
Si bien se reanudó la aplicación de la ley contra las invasiones ilegales de tierras ancestrales reconocidas, el año pasado se produjeron 208 asesinatos de indígenas, frente al récord de 182 en 2020, dijo el CIMI, citando datos del Ministerio de Salud de Brasil.
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El CIMI denunció la participación de policías en milicias privadas que están siendo investigadas por muertes de indígenas. Según el informe, agentes actúan como escolta de los agricultores, compartiendo información y apoyando los ataques contra algunas comunidades, como los guaraníes y los kaiowá en el sur de Brasil.
Lula inició su tercer mandato no consecutivo el 1 de enero de 2023 subiendo por la rampa del palacio presidencial del brazo del líder indígena más reconocido de Brasil, el jefe kayapo Raoni Metuktire.
Su primera medida tras jurar el cargo fue crear un Ministerio de Asuntos Indígenas por primera vez en la historia de Brasil, dirigido por una mujer indígena, Sonia Guajajara.
Lula también ordenó una operación masiva con policía y tropas para expulsar a miles de mineros ilegales de la reserva yanomami, la mayor de Brasil.
Pero el Congreso brasileño, de tendencia conservadora, también aprobó un proyecto de ley que limita las reclamaciones de tierras indígenas, a pesar de que los derechos a sus tierras ancestrales están consagrados en la Constitución.
Las invasiones de tierras indígenas ascendieron a 1.381, la mayoría en zonas en proceso de reconocimiento oficial, según el informe.
El gobierno de Lula reconoció formalmente ocho reservas que serán protegidas por el Estado, un número mayor que en años anteriores, pero "por debajo de las expectativas", dijo el CIMI.
Con información de Reuters