El partido socialista español (PSOE) y la agrupación Junts per Catalunya cerraron hoy un acuerdo en torno de una ley de amnistía para separatistas de Cataluña que, sumado al pacto que celebró días atrás el socialismo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), da vía libre a un nuevo mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A cambio de su voto para apoyar a Sánchez en el Congreso de los Diputados, Junts obtuvo el compromiso de la futura adopción de una ley de amnistía para dirigentes y militantes procesados por un intento de secesión de Cataluña de España de 2017, iniciativa que disparó de inmediato muestras de rechazo de la derecha y la ultraderecha.
El acuerdo fue firmado esta mañana en Bruselas, adonde huyó el líder independentista Carles Puigdemont tras el fracaso de la tentativa de secesión para esquivar a la justicia española.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
A partir de este acuerdo, los pasos institucionales pasan por la presentación del proyecto de ley de amnistía ante el Congreso de los Diputados, luego de lo cual la Mesa Directiva del cuerpo, que preside la socialista Francina Amengol, convocará a un debate de investidura, presumiblemente para los días 15 y 16 de este mes, según estimaciones de la prensa española.
La ley de amnistía fue el principal reclamo de los dos partidos catalanes para apoyar un nuevo gobierno de Sánchez, que recibió el encargo tras haber salido segundo en las elecciones del 23 de julio, luego de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no lograra la mayoría necesaria para una investidura por parte del Congreso.
Por su parte, Santos Cerdán, firmante por el PSOE, agregó que "el acuerdo no es (solo) un acuerdo de investidura" con el fin de que los siete diputados de Junts den sus votos indispensables para que Sánchez logre ser investido de nuevo por el Parlamento.
"Es un acuerdo de legislatura", con el objetivo de asegurar "estabilidad (del Gobierno) durante la legislatura de cuatro años", añadió.
Además, el secretario de Organización del PSOE explicó que el acuerdo con Junts abarca a la gente que ha estado relacionada con el procès desde sus inicios, en 2012, pero que serán los jueces los que valoren "si cubre a unos o a otros".
Cerdán dijo esto en una rueda de prensa en Bruselas, donde explicó que este proyecto de ley se pasará a todos los grupos para que lo revisen y lo firmen si así les parece.
Puigdemont, por su parte, alertó luego de la firma del acuerdo que, para verificar su cumplimiento, será necesario "tomar todas las precauciones posibles", ya que entre el PSOE y los independentistas catalanes hay "demasiados años de incumplimientos", recogió la agencia de noticias AFP.
Para el líder de Junts, es "innegable" que la historia entre los socialistas y su partido "no invita al entusiasmo ni a la confianza", y por eso insistió sobre la importancia de un "mecanismo independiente" de verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, que "no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto debe ser internacional".
Apoyado en el Parlamento por una parte de los independentistas desde hace cinco años, Sánchez ya indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su responsabilidad en la intentona separatista, aunque siguen las causas judiciales, y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.
Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país, donde el conservador PP y sus socios de extrema derecha Vox vienen convocando a manifestaciones callejeras de protesta.
De hecho, la última, convocada por Vox y otros sectores de derecha y neofascistas en la noche del martes frente a la sede central madrileña del PSOE, en la calle Ferraz 70, fue dispersada por la Policía con gases y hubo enfrenamientos.
Tras la firma del acuerdo PSOE-Junts, organizaciones próximas a Vox llamaron a una nueva protesta que se realizó esta noche contra lo que califican como un "golpe de Estado".
Y luego, institucionalmente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pronosticó hoy que España vivirá "un período negro en su historia" como consecuencia de este acuerdo y convocó a persistir en una "resistencia civil firme y pacífica" para oponerse, reportó la agencia Europa Press.
Pero tal vez la frase más dura, y osada, la pronunció Feijóo, quien comparó este acuerdo con el Tejerazo, el intento de golpe de Estado comandado por el teniente coronel Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981, que ingresó a los disparos al Congreso español, y a los independentistas catalanes con el terrorismo de ETA.
“La democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes”, dijo Feijóo con gravedad. “El golpe de Estado del 23-F, el del terrorismo, el del independentismo catalán de 2017, fueron desafíos a la libertad y a la convivencia. En este caso, el desafío a los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno”, dijo el líder conservador, citado por el diario El País.
En esa línea, la número dos del PP, Cuca Gamarra, afirmó que "estamos ante un acuerdo vergonzante con el que Sánchez va a humillar a España", y está apoyado por un "prófugo de la justicia", en referencia a Puigdemont.
También la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es una figura ascendente en la derecha española, al punto que puede ser la próxima líder del PP, acusó al presidente del Gobierno de estar implementando una "dictadura".
El PP llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo próximo en todas las capitales de provincia contra la medida y otra gran manifestación está prevista en Madrid el sábado 18.
Más allá de la oposición de la derecha y del sector conservador de la magistratura, que estima que esta amnistía es una grave amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta también las críticas de algunos de los barones más moderados de su partido.
Con información de Télam
Cerrar sesión