La Fiscalía española pidió hoy investigar las presuntas torturas sufridas por un sindicalista durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) amparándose en la nueva ley de Memoria Democrática, que podría allanar el camino para revisar presuntas violaciones de los derechos humanos durante el franquismo.
Hasta octubre de 2022, la justicia española había rechazado todas las denuncias de las víctimas de la dictadura, amparándose en la ley de Amnistía de 1977, que perdonó "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a esa fecha, y en la prescripción de delitos.
"La Fiscalía de Barcelona en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado ha apoyado la admisión de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por un sindicalista durante su detención en los años 70", indicó hoy el Ministerio Público en un comunicado.
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Para la Fiscalía, la aprobación de la ley supone un nuevo escenario normativo para revisar estos hechos ocurridos a comienzos de la década de 1970, cuando el querellante fue detenido y torturado por agentes en una jefatura policial de Barcelona, con el fin de obtener información sobre su actividad sindical, según la denuncia presentada en noviembre.
"La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura", explicó la Fiscalía.
Por ello, considera necesario "llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto" antes de tomar una decisión sobre la continuación del proceso.
En caso de ser admitida a trámite, esta querella seguiría los pasos de la formulada por Julio Pacheco Yepes, quien el pasado viernes se convirtió en la primera víctima de torturas de la dictadura en declarar ante un juez desde la muerte de Franco en 1975.
La querella de este exintegrante de una organización estudiantil antifranquista había sido admitida a trámite en mayo por una jueza de instrucción de Madrid al constatar "la posible existencia" de "crímenes de lesa humanidad y torturas", según el auto en el que no citaba, sin embargo, la nueva ley.
La aprobación en octubre de la Ley de Memoria Democrática supuso un importante espaldarazo para las víctimas del franquismo, ya que entre las medidas para tratar de resarcirlas incluye la creación de una fiscalía dedicada a investigar las denuncias que quedaron sin juzgar.
La Ley de Memoria Democrática es una legislación insignia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo, que hasta ese momento se chocaban con la ley de Amnistía cuando querían iniciar sus demandas.
El conocido juez Baltasar Garzón llegó a ser procesado, y finalmente absuelto, por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo amnistiados por la ley.
Ante los obstáculos judiciales en España, las asociaciones de víctimas recurrieron a la Argentina, donde la magistrada María Servini de Cubría invocó el principio de justicia universal para iniciar una investigación en 2010, todavía abierta, por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista.
En 2014, la Justicia española negó la extradición solicitada por Servini de Cubría de una veintena de antiguos ministros, jueces y policías de la dictadura por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Con información de Télam
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