El Ejército de Colombia apartó hoy temporariamente a diez militares que se hicieron pasar por supuestos disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC e investiga también a otros 30 por haber cometido abusos contra una pequeña población civil en el municipio rural de Tierralta que quedaron registrados en videos viralizados luego en redes sociales.
La medida fue anunciada en un comunicado por el comandante del Ejército, general Mauricio Ospina, quien afirmó que los uniformados "se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional".
La fuerza remarcó que rechaza este tipo de hechos "claramente incorrectos que no representan los principios y valores que se enseñan en las escuelas de formación".
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"Comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y, adicionalmente, para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar", expresó la nota.
Ospina agregó que los militares hace apenas 48 días habían sido reentrenados en "temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre".
El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró hoy que su despacho asumirá la investigación del caso, pese al anuncio de la Justicia Penal Militar de que se encargaría de indagar penalmente lo sucedido y eventualmente aplicar sanciones, lo que podría abrir un conflicto de jurisdicciones.
En las últimas horas, la Fiscalía citó a declarar a 33 militares.
Se trata de treinta soldados, dos suboficiales y un oficial de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería 83, consignaron las agencias de noticias Europa Press y ANSA.
El hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y que generaron la reacción de varias instituciones, que decidieron iniciar las investigaciones debido a que los pobladores denunciaron maltratos, amenazas y hasta la agresión sexual a una indígena.
El tema se vio agravado aún más después de que ayer por la tarde el helicóptero en el que se transportaban varias autoridades para iniciar las pesquisas fue impactado con disparos, ataque que Ospina atribuyó al llamado Clan del Golfo, una estructura criminal dedicada sobre todo al narcotráfico.
Con información de Télam
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