El presupuesto nacional de Francia está tan ajustado que los legisladores impulsan una propuesta para que los franceses trabajen siete horas más al año sin remuneración, el equivalente a un día laborable, con el fin de generar fondos adicionales para las arcas del Estado.
La medida, aprobada el miércoles en el Senado, pero que aún podría ser descartada del proyecto final de presupuestos, supondría unos ingresos adicionales de 2.500 millones de euros (2.630 millones de dólares) por cargas laborales adicionales.
Se produce en un momento en que la frágil coalición gobernante del primer ministro Michel Barnier intenta aprobar un presupuesto para 2025 en un Parlamento muy dividido, con la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen amenazando con derrocar al Gobierno con un voto de censura.
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La enmienda, propuesta por la senadora de centro-derecha Elisabeth Doineau, obligaría a los ciudadanos a trabajar siete horas más en algún momento del año, por las que no percibirían salario pero por las que sus empleadores tendrían que cotizar a la seguridad social.
Una idea anterior, que habría tenido el mismo efecto sobre el presupuesto, se basaba en suprimir uno de los días festivos oficiales de Francia y obligar a los ciudadanos a trabajar ese día. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre qué día festivo suprimir.
Francia ya suprimió el lunes de Pentecostés en 2005 para financiar mejor la sanidad. Aunque Francia es famosa por haber introducido la semana laboral de 35 horas en 2000, en realidad los franceses trabajan una promedio de unas 36 horas semanales, más que muchos de sus pares de Europa Occidental.
Después de que el gasto se disparara este año y los ingresos fiscales no alcanzaran las expectativas, el gobierno de Barnier ha propuesto ahorrar 60.000 millones de euros en su presupuesto para 2025 mediante recortes del gasto y subidas de impuestos.
Aunque el Gobierno ha dirigido la mayor parte de sus subidas de impuestos a los ricos y las grandes empresas, su proyecto de presupuesto incluye planes para frenar un incentivo fiscal a las cotizaciones empresariales a la seguridad social de los trabajadores con bajos ingresos.
(1 dólar = 0,9508 euros)
Con información de Reuters
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