Los republicanos decidieron continuar hoy con el proceso de juicio político contra el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria en la frontera con México, un tema clave en la campaña para las presidenciales en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses interceptaron a diario a unos 10.000 migrantes en diciembre que cruzaron ilegalmente la frontera desde México, en lo que los republicanos consideraron un desastre humanitario.
Es así que los conservadores han dado el visto bueno a un endurecimiento de la política para frenar la migración.
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Por el momento, la Casa Blanca no ha alcanzado un acuerdo con los congresistas de ambos partidos sobre estas negociaciones, centradas en endurecer las reglas para los solicitantes de asilo y ampliar las deportaciones aceleradas, pero ambas partes esperan tener una propuesta lista para la próxima semana.
En este sentido, se ha llevado a cabo una investigación contra Mayorkas que concluyó en diciembre y en ella se lo acusa de crear una emergencia de seguridad nacional.
La Cámara de Representantes debatirá si se lleva a cabo un juicio político sobre la acusación que recae sobre el secretario de Seguridad, en una o varias sesiones y decidirá si vota, por mayoría simple, los artículos de acusación con el detalle de los hechos que reprochan.
"Nuestra investigación dejó claro que la base de esta crisis es la toma de decisiones del secretario Mayorkas y su negativa a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso", estimó el presidente del comité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, en un comunicado.
Mayorkas sería el primer miembro del gabinete de gobierno en ser sometido a juicio político desde el secretario de guerra William Belknap en 1876.
Incluso en el caso de una acusación firme, el Senado debe pronunciarse y es altamente probable que Mayorkas fuera absuelto porque el Partido Demócrata del presidente Joe Biden tiene mayoría en la Cámara Alta del Congreso.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha intentado caldear los ánimos llevando este miércoles a unos 60 congresistas a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, para visitar unas instalaciones de la patrulla fronteriza y hablar con los lugareños.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusa a los republicanos de "desperdiciar tiempo valioso y dinero de los contribuyentes" en un "ejercicio político".
"No hay ninguna base válida para hacer un juicio político al secretario Mayorkas (...) y este impulso extremo para el impeachment es una distracción dañina de nuestras prioridades críticas de seguridad nacional", declaró a la agencia de noticias AFP la portavoz del DHS, Mia Ehrenberg, en un comunicado.
Según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), alrededor de 2,7 millones de inmigrantes cruzaron ilegalmente las fronteras de Estados Unidos entre enero y noviembre, la mayoría de los cuales ocurrieron a través de la frontera con México.
Hasta el martes pasado se registraron unos 250.000 cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México durante diciembre, según los informes, siendo el récord mensual actual en septiembre con 269.735 detenciones.
Frente a este escenario, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, junto a otros funcionarios, se reunió la semana pasada con autoridades mexicanas para hablar de la crisis migratoria y la actual situación en la frontera tras conversaciones telefónicas entre los presidentes de Estados Unidos, Biden, y México, Andrés López Obrador, en la Ciudad de México.
Biden había pedido a Blinken; al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, que viajaran a México luego de coincidir por teléfono con López Obrador en que se necesitan acciones adicionales a lo largo de la frontera común para reabrir puertos de entrada clave.
México acordó tanto con Biden como con su predecesor, el republicano Donald Trump, acoger, al menos temporalmente, a migrantes que tratan de entrar a EEUU.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano de línea dura, sigue desafiando a Biden enviando miles de migrantes a ciudades del norte gobernadas por los demócratas.
Mientras que los alcaldes de Nueva York, Denver y Chicago presionaron a Biden para que les aumente la asignación de recursos federales porque afirman haber llegado a un punto crítico.
Con información de Télam
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