Sindicatos policiales de España informaron hoy que en enero de este año se registraron más solicitudes de asilo de migrantes de países africanos que en el último semestre de 2023, pese a los medios dispuestos por el Ministerio del Interior para hacer frente a lo que consideran "fraudes en escala" de ciudadanos de esos orígenes.
Los cálculos de las organizaciones policiales sitúan en torno a las 240 las personas que aguardan actualmente en las "desbordadas" cuatro salas de solicitantes de asilo en el aeropuerto internacional de Barajas, de las cuales el 65% son senegaleses.
La cifra llegó a superar las 400 personas, entre ellas mujeres y niños.
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El pasado día 30 de diciembre, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por la agencia de noticias española Europa Press informaron de que se habían abierto 864 procedimientos de solicitantes de asilo en enero desde Barajas, en expedientes pendientes de ser aceptados definitivamente.
Además, en el mismo mes había ordenado la devolución de 108 personas por no pasar el primer filtro para pedir protección en España.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió hoy la renuncia del director de AENA en Barajas, Mario Otero, por su "inoperancia y desatención" en lo que se refiere a las dependencias para acoger a solicitantes de asilo. Lo hizo después de que la Inspección de Trabajo visitara las salas, a raíz de una denuncia suya por la situación de insalubridad y hacinamiento.
AENA es una empresa pública constituida en sociedad anónima que gestiona aeropuertos de interés general en España
Los sindicatos reconocen que el control en el embarque de vuelos procedentes de la ciudad marroquí de Casablanca ha frenado en los últimos días el número de llegadas, así como la petición de visados de tránsito para nacionales de Kenia y de Senegal, que entrará en vigor el 19 de febrero, a la vez que piden extender esta medida a todos los países africanos.
La Confederación Española de Policía (CEP), reiteró de su lado que la situación "sigue desbordando los recursos policiales en Barajas", habiéndose registrado en enero tantas peticiones de protección internacional como la mitad del año pasado.
La crítica del CEP se centra también en la "clara insumisión y dejación" de Cruz Roja, que abandonó la asistencia de los migrantes en una decisión que fue censurada por el Ministerio del Interior, que asumió la limpieza de las salas.
Con información de Télam
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