Mientras el PSOE negocia a marcha forzada con Junts per Catalunya (Junts) una amnistía que destrabe la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Gastellón citó hoy como imputados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general Esquerra Republicana (ERC), Marta Rovira, en la investigación sobre el proceso independentista unilateral de 2017, por el que ambos dirigentes están autoexiliados fuera de España.
El conservador Partido Popular (PP), alienta las protestas ante la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra la aministía y su líder, Alberto Núñez Feijóo intenta liderar a ese sector de la sociedad. “No nos van a silenciar, no nos van a callar y no nos van a parar”, dijo hoy.
Y la grieta también se manifiesta en el plano jurídico, ya que así como la semana pasada hubo un documento firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, hoy se difundió un manifiesto de respaldo a la amnistía que el PSOE negocia con ERC y Junts, firmaron por 200 juristas, entre los que destaca el exjuez Baltasar Garzón.
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“No puede sino calificarse de pura demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas”, señala el texto en respuesta a la APM, que reproduce el diario El País.
En este marco, García-Castellón citó como imputados a Puigdemont y a Rovira, en la causa conocida como Tsunami Democràtic. El juez tomó esta decisión tras recibir la pasada semana un amplio informe de la Guardia Civil que salpica al antiguo jefe del Govern, fugado en Bélgica desde 2017; y a la dirigente republicana, huida en Suiza desde 2018, a quien el instituto armado señala como una de las coordinadoras del grupo que supuestamente instigó las protestas que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019.
Con esta iniciativa, García-Castellón amplía el radio de acción de la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que se investigan delitos de terrorismo.
Según consta en su escrito, García-Castellón ofrece al expresidente “comparecer voluntariamente” en el juzgado como imputado, antes de cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo, del que forma parte.
“Resulta necesaria la citación de Puigdemont para ser oído sobre los hechos. Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”, subraya el juez en su auto, que pide a la Guardia Civil que investigue la posible vinculación del movimiento con la muerte por infarto de un viajero durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), una de las acciones bajo sospecha.
García-Castellón imputa a otra decena de personas: entre ellas, a Josep Lluís Alay, amigo de Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica); a Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; a los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; y a Marta Molina, que ocupó cargos dentro de Esquerra. Esta lista la completan Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra y Nicola Flavio. Y a ellos se une Rubén Wagensberg (ERC), miembro de la Mesa del Parlament y a quien, al encontrarse aforado, el juez ofrece que declare como imputado voluntariamente, al igual que plantea al expresidente.
Pero mientras se esperan para hoy noticias de la negociación PSOE-Junts en Bruselas, la Fiscalía anunció que recurrirá la convocatoria a Puigdemont y Rovira al considerar que la causa de Tsunami debe ir a Barcelona, reportó Europa Press.
Fuentes fiscales confirmaron que el Ministerio Público recurrirá en apelación la resolución del magistrado Manuel García-Castellón porque cree que los hechos no encajan en delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y debido a la desaparición del delito de sedición, dos cuestiones de calificación jurídica que harían perder la competencia a la AN.
Con información de Télam
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