El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ratificó hoy que trabaja para que se concrete "cuanto antes" el debate de investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para la que descuenta tener número, a partir del acuerdo con los independentistas catalanes de una ley de amnistía, norma a la que el conservador Partido Popular (PP) califica "un ataque a la democracia" y reclama nuevos comicios para el 14 de enero para que "se devuelva la voz a los españoles".
El PSOE espera que el debate de investidura se pueda celebrar "cuanto antes", una vez que las negociaciones con las diferentes formaciones que tendrían que apoyarla enfilen la recta final, según afirmó hoy la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, reportó Rtve.
La investidura de Sánchez se aceleró a última hora de ayer, cuando el líder del PSOE acordó con el presidente de la Generalitat de Cataluña y jefe de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonés, los términos de una ley de amnistía para todos los procesados en el proceso unilateral de independencia de 2017.
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Tal como se anunció ayer en un comunicado del PSOE, los equipos negociadores de ambas fuerzas trabajan a todo ritmo para presentar mañana mismo el proyecto en el Congreso de los Diputados; acuerdo que también contendrá "cuestiones políticas y económicas" a desarrollar durante la legislatura.
En este marco, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, calificó hoy de "fraude electoral" la futura investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que acusó de negociar votos a cambio de "la libertad de prófugos y condenados", en referencia al acuerdo PSOE-ERC.
En esta línea, Tellado insistió en que "lo mejor para la democracia española" es una repetición electoral el próximo 14 de enero, de tal manera que "se devuelva la voz a los españoles y que sean estos los que decidan el futuro del país".
Sánchez, afirmó, "está dispuesto a vulnerar" un principio "tan elemental" de la democracia como es el principio de que todos los españoles son iguales ante la ley "con tal de ser investido presidente".
Sin embargo, tras el fracaso de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 27 de septiembre, comenzó a correr el plazo de dos meses para que sea investido Sánchez, el segundo candidato más votado en las elecciones del 23 de julio.
La decisión de convocar al debate de investidura corresponde formalmente a la presidenta del Congreso, la también socialista Francina Armengol, y no se descarta que se haga público el viernes de esta semana, cuando están previstas sendas reuniones de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces.
Pero antes de eso, los sectores conservadores de España preparan la que tal vez sea la última jugada. La mayoría del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -equivalente al Consejo de la Magistratura de Argentina.-, cuyo mandato está a punto de cumplir cinco años caducado, proponen que el pleno del ese cuerpo se pronuncie este jueves contra la amnistía.
El acuerdo PSOE-ERC supone degradar y convertir el Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España, dice el texto que proponen sea aprobado.
El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España, agrega el texto, que firman ocho de los diez representantes propuestos en su momento por el PP. El cuerpo se compone de un presidente y veinte miembros vocales.
Con información de Télam