En un giro destinado a la polémica, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España acordó hoy incorporar al proyecto de Ley de Amnistía dos enmiendas pactadas entre el oficialismo y los partidos independentistas para excluir del perdón al proceso independentista catalán de 2017 sólo a los delitos de terrorismo que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos".
De esta forma, la ley pasa ahora al Pleno del Congreso con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); de su socio en el Gobierno, Sumar, y los independentistas, mientras que tendrá el voto en contra del conservador Partido Popular (PP) y de la ultraderecha de Vox, informaron las agencias Europa Press y AFP.
Estas enmiendas protegen más al expresidente catalán Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica tras aquel proceso independentista unilateral de 2017, al permitir acogerse a secesionistas acusados de "terrorismo" siempre que estos no vulneraran derechos humanos.
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La promesa de una rápida aprobación parlamentaria de la amnistía permitió a Sánchez ser reelegido presidente del Gobierno español a mediados de noviembre pasado, gracias a los votos de los dos partidos separatistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que la habían impuesto como condición para su apoyo.
El ministro de Justicia, Felix Bolaños, explicó hoy en rueda de prensa que ahora se han pactado "dos enmiendas técnicas" con "los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía".
Con ellas, "se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía", pero solo en el caso de que "suponga una violación grave de derechos humanos", afirmó.
El gobierno socialista aseguró de entrada que los "casos de terrorismo" no podrían beneficiarse de la amnistía.
Pero había un caso que amenazaba con afectar a Puigdemont, el referido a las protestas organizadas en Barcelona en 2019 contra las sentencias judiciales que condenaron a varios dirigentes independentistas catalanes.
"Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos", insistió Bolaños.
De esta forma, Puigdemont podría así volver a España tras instalarse hace casi siete años en Bélgica para eludir a la justicia española.
Las protestas de 2019 fueron organizadas por un misterioso grupo llamado Tsunami Democràtic. La justicia investiga si estaban involucrados con él Puigdemont y otros dirigentes independentistas.
Una vez aprobada la Ley de Amnistía, probablemente no antes de unos meses, supondrá el levantamiento por parte de la justicia, en un plazo de dos meses, de la imputación de cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en la tentativa fallida de secesión de 2017 y en los hechos relacionados previos o posteriores.
Las enmiendas a la Ley de Amnistía fueron rechazadas en duros términos por el portavoz del PP en al Congreso de Diputados, Miguel Tellado, quien dijo que es una “nueva cesión” del PSOE frente a Junts, que elevan la situación a “francamente dramática”.
“Un Gobierno que ampara terroristas y al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra”, afirmó Tellado.
Para el PP, el Gobierno se ha convertido en un “auténtico problema”, por lo que exige la suspensión de la tramitación del proyecto de ley de la amnistía a los socialistas en el Congreso.
La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, también increpó a los socialistas. Señaló que los delitos de terrorismo “con sentencia firme” eran una línea roja para el PSOE hace una semana, pero “hoy ya no hay línea roja para esta amnistía ilegal, injusta e inmoral”.
Gamarra agregó que este “es el pago de Sánchez por estar en Moncloa”.
Con información de Télam
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