Sri Lanka eligió el domingo a Anura Kumara Dissanayake, de tendencia marxista, como su nuevo presidente, confiando en la promesa del hombre de 55 años de luchar contra la corrupción e impulsar una frágil recuperación económica tras su peor crisis financiera en décadas.
Dissanayake, que no posee un linaje político como algunos de sus rivales en las elecciones, superó al presidente en ejercicio Ranil Wickremesinghe y al líder de la oposición Sajith Premadasa.
"La unidad de los cingaleses, los tamiles, los musulmanes y todos los habitantes de Sri Lanka es la piedra angular de este nuevo comienzo. El Nuevo Renacimiento que buscamos surgirá de esta fuerza y visión compartidas", dijo Dissanayake en una publicación en X.
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Las elecciones también fueron un referendo sobre Wickremesinghe, quien lideró la frágil recuperación económica de la nación fuertemente endeudada tras una crisis, pero las medidas de austeridad obstaculizaron su intento de mantenerse en el poder. Quedó tercero con el 17% de los votos.
Dissanayake obtuvo 5,6 millones de votos, el 42,3% del total, un enorme aumento respecto al 3% que logró en las elecciones presidenciales de 2019. Premadasa quedó en segundo lugar con el 32,8% de los votos.
Fue la primera vez en la historia de Sri Lanka que la carrera presidencial se decidió en una segunda vuelta de recuento después de que los dos candidatos principales no lograran obtener el 50% de los votos necesarios para ser declarados ganadores.
Según el sistema electoral, los votantes emiten tres sufragios preferenciales para los candidatos de su elección. Si ninguno obtiene el 50% en el primer recuento, un segundo escrutinio determina el ganador entre los dos candidatos más votados, utilizando los votos preferenciales emitidos.
Dissanayake se presentó como el candidato del cambio para quienes sufrieron las medidas de austeridad vinculadas a un rescate de 2.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
Dissanayake ha preocupado a los inversores con un manifiesto en el que promete recortar los impuestos en la nación, lo que podría afectar a los objetivos fiscales del FMI, y una reestructuración de la deuda de 25.000 millones de dólares.
Pero durante la campaña adoptó una postura más conciliadora, diciendo que todos los cambios se llevarían a cabo en consulta con el FMI y que estaba comprometido a garantizar el pago de la deuda.
Con información de Reuters
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