La Fiscalía General de Ecuador está investigando ocho presuntos casos de ejecución extrajudicial que habrían tenido lugar en el más reciente estado de excepción, en medio de advertencias de grupos de derechos humanos respecto a que las autoridades no estaban tomando medidas para prevenir abusos.
Estos casos son los más graves denunciados durante el estado de excepción, declarado por el presidente Daniel Noboa desde enero hasta abril de este año, por personas detenidas, grupos de defensa y familias de las víctimas.
Otros abusos denunciados incluyen casos de tortura y extralimitación, según un recuento proporcionado a Reuters por la oficina de la fiscal general. Mientras que organizaciones de derechos humanos han alertado de detenciones arbitrarias y tratos inhumanos en las cárceles del país.
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Noboa declaró el estado de excepción en medio de una espiral de violencia en la nación andina, que los funcionarios atribuyen a una pugna entre las bandas de narcotraficantes.
En virtud de la medida, el mandatario desplegó a miles soldados y policías en las calles y prisiones, y las fuerzas de seguridad realizaron más de 18.000 arrestos, según datos oficiales.
Ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Armadas respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los presuntos abusos.
La represión en Ecuador refleja estrategias desplegadas en otros lugares, particularmente en El Salvador, donde las tácticas de mano dura bajo el presidente Nayib Bukele han llevado a una "regresión alarmante" en materia de derechos humanos, según Amnistía Internacional, aunque Bukele ha negado los abusos.
En una carta dirigida al gobierno de Noboa el miércoles, la directora para las Américas del grupo Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo que las autoridades ecuatorianas "parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir las violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones".
Noboa, un joven empresario en el cargo desde noviembre pasado, ha defendido el trabajo de las fuerzas de seguridad y anteriormente evitó las comparaciones con Bukele.
"Que ningún antipatria nos venga a decir que estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría", dijo Noboa en febrero.
TIROS EN PUESTO DE CONTROL
Carlos Javier Vega, de 19 años, fue asesinado en febrero tras recibir un disparo en un puesto de control en Guayaquil mientras viajaba con su primo, Eduardo Alfredo Velasco, dijo Velasco a Reuters.
Detenido en el puesto de control, Velasco contó que accidentalmente rozó la bota de un soldado mientras daba marcha atrás.
"Al momento de que yo me quiero bajar nuevamente para ver cuál era el daño que había hecho, escucho un disparo", dijo Velasco, y agregó que vio a su primo herido cambiar de color mientras sonaban otros disparos.
Velasco añadió que pasó por el puesto de control después de los disparos para llevar a su primo al hospital, pero pronto se dio cuenta de que él también estaba herido. Incapaz de seguir conduciendo, salió del coche y fue recibido por los soldados que les habían disparado, dijo.
"Me tiraron al piso, me golpearon, me pisaron la cabeza, lo bajaron a mi primo del carro, lo pisaron, le pisaron la cabeza, lo golpeaban", añadió Velasco.
El ejército de Ecuador no respondió a preguntas sobre por qué los soldados dispararon contra el automóvil, entre otras consultas.
Sin embargo, tres soldados dijeron a un juez que Velasco intentó atravesar el puesto de control sin tomar en cuenta sus advertencias de que se detuviera y atropelló el pie izquierdo de un soldado, según documentos vistos por Reuters.
Velasco fue acusado de ataque y resistencia, aunque dijo que los cargos fueron posteriormente retirados.
Una publicación en Instagram del ejército ecuatoriano del 2 de febrero, que presentaba una imagen borrosa de lo que Velasco y la madre de Vega, Laura Ipanaqué, dijeron que era el cuerpo de Vega, describía una operación contra "terroristas".
El asesinato de Vega está siendo investigado por la Fiscalía General.
Las autoridades ven los abusos como daños colaterales en la lucha contra las bandas de narcotraficantes, dijo Billy Navarrete, director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, un grupo de defensa en Guayaquil.
"Esta nueva violencia genera estos daños y el discurso oficial los exhibe como daños inevitables frente a un mal mayor", afirmó Navarrete.
La oficina de la fiscal dijo que también está investigando denuncias de 48 posibles casos de tortura y 67 casos de extralimitación de deberes. No respondió a las solicitudes de aclaración.
"No quisiera que otra mamá, otra familia esté pasando lo que nosotros estamos pasando", dijo Laura Ipanaqué, la madre de Vega.
Con información de Reuters
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