El sector minero de Colombia enfrenta el riesgo de una parálisis total por la incertidumbre jurídica generada por un decreto que autoriza al Gobierno a establecer zonas ambientales temporales, advirtió el jueves el principal gremio del sector.
El decreto 044 expedido a comienzos del año faculta al Ministerio de Ambiente a declarar y delimitar zonas de reserva de recursos naturales por cinco años, prorrogables.
El Ministerio de Ambiente anunció que comenzará a aplicar el decreto en las próximas semanas.
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"Toda la minería está en riesgo de paralizarse, la pequeña, la mediana y los grandes proyectos, por la incertidumbre que genera este decreto. Nadie va a invertir con tantas dudas", dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, en una conferencia de prensa.
El directivo agregó que una de las primeras regiones que podría quedar bajo la figura de reserva ambiental temporal es el Páramo Santurbán, en el departamento de Santander, en donde existe interés de actividades de exploración de oro por parte de empresas, y en donde hay minería artesanal.
Nariño sostuvo que la ministra de Ambiente, Susana Muhama, dijo previamente que la medida no busca frenar la actividad minera sino minimizar los riesgos sobre la flora, la fauna y las fuentes de agua del país sudamericano de más de 50 millones de habitantes.
Colombia es un importantes productor y exportador de carbón térmico y de oro, mientras busca incrementar la exploración de metales como el cobre.
La minería es un importante generador de divisas para la cuarta economía de América Latina, junto con el petróleo.
Nariño reveló que en 2023 el sector minero pagó al Estado 17 billones de pesos (3.985 millones de dólares) por impuestos de renta y regalías.
El directivo alertó sobre una caída en la inversión extranjera al sector minero y una menor producción durante 2024 por la incertidumbre jurídica derivada del Gobierno con el mencionado decreto y otras medidas.
"El sector lo único que necesita es claridad", dijo Nariño tras asegurar que a la incertidumbre jurídica se suma la inseguridad por los grupos armados ilegales en medio del conflicto interno y las frecuentes protestas de comunidades que se oponen a los proyectos o reclaman de las empresas inversión social.
Además de las licencias ambientales y la concertación con las comunidades, las grandes empresas enfrentar trámites lentos ante autoridades regionales para que autoricen los proyectos, recordó Nariño.
Con información de Reuters
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