La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el miércoles a las autoridades de El Salvador a derogar un polémico estado de excepción para combatir a las pandillas criminales, al constatar que los datos oficiales indicarían una mejora en la seguridad en el país centroamericano.
En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó al Congreso la aprobación de un régimen de emergencia para suspender algunas garantías constitucionales como parte de una ofensiva conta los violentos grupos conocidos como "maras", una medida ha sido prorrogada por el oficialismo 30 veces.
"La CIDH urge al Estado (salvadoreño) a derogar el régimen de excepción, finalizando la suspensión de los derechos y garantías a través de las prórrogas al Decreto Legislativo de 2022 y reitera que las garantías judiciales indispensables deben ser mantenidas vigentes en toda circunstancia", señaló en su informe la CIDH, con sede en Washington.
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El organismo justificó su planteamiento tras tomar nota "de la información disponible sobre los índices de mejora en la seguridad ciudadana en el país, reportados por el Estado, que demostrarían que la situación de emergencia fue superada".
Durante los más de dos años de vigencia del estado de excepción, los cuerpos de seguridad han detenido a más de 81.900 supuestos pandilleros, mientras que el número de asesinatos se redujeron significativamente, según datos oficiales.
La Comisión advirtió, además, de las denuncias sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia y en las cárceles, así como de detenciones arbitrarias e ilegales.
El gobierno de Bukele, que ha negado las acusaciones, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.
Según la organización de derechos humanos Cristosal, al menos 265 personas, entre ellos cuatro niños, han muerto bajo custodia del Estado durante el régimen de emergencia.
Con información de Reuters
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