La Cámara de Diputados de Chile rechazó hoy la solicitud de iniciar un juicio político contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, impulsada por la oposición de derecha por presuntas maniobras de corrupción, una decisión que fue celebrada por el presidente Gabriel Boric, quien ratificó su "confianza" en el funcionario "para seguir trabajando".
Con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el pleno de la cámara dio validez a la defensa de Montes, que interpuso cuestiones de procedimientos, y frenó así la acusación constitucional, que había generado duras críticas por parte del Gobierno y de los partidos de la coalición oficialista.
"Tengo las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado", dijo a la prensa, una vez concluida la sesión, Montes, en declaraciones recogidas por el diario La Tercera.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El funcionario -un histórico del socialismo chileno- remarcó además que la votación en la cámara baja trasandina dejó claro que la acusación constitucional "no tenía ni fundamento político ni técnico".
El rechazo al inicio del juicio político contra Montes fue respaldado por todos los partidos de la coalición de Gobierno y sectores de la oposición, como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Amarillos y Demócratas.
A favor de la solicitud de juicio político estuvieron, en cambio, la coalición de derecha Chile Vamos, el ultraderechista Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años.
Con este rechazo ya son cinco los intentos de juicio político contra ministros del gobierno progresista de Gabriel Boric que fracasaron.
Tras el fracaso del libelo acusatorio contra su ministro, el presidente Boric celebró la decisión adoptada en Diputados y ratificó su "confianza" en Montes "para seguir trabajando".
"Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro Gobierno es desestimada", dijo el mandatario a través de su cuenta de X (ex Twitter), y agregó: "Ministro Carlos Montes, tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260 mil viviendas en nuestro período".
"No hay tiempo que perder. Seguimos!", concluyó el jefe de Estado su mensaje de respaldo al funcionario en medio de las presiones de la oposición para que Montes deje su cargo por presunta "falta a la probidad administrativa y al control jerárquico".
Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos y Marco Antonio Ávila, son las cuatro figuras que integraron el gabinete de Boric que debieron enfrentar una acusación constitucional en la Cámara de Diputados que no prosperaron pero que igual abandonaron sus cargos.
La embestida de la oposición de derecha y ultraderecha contra Montes -que incluyeron pedidos de renuncia- tuvo su inicio en junio pasado a raíz de su presunta vinculación al llamado "Caso Convenios", pero recrudeció en las últimas tras la derrota en el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre, cuando una mayoría rechazó en las urnas una reforma conservadora de la carta magna.
El pedido de acusación constitucional tomó forma luego de la detención de dos de los protagonistas que dieron origen al llamado "Caso Convenios".
Daniel Andrade, representante legal de una fundación ligada a uno de los partidos del Gobierno, y Carlos Contreras, exsecretario regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta (norte de Chile) están acusados de malversar subvenciones públicas por 426 millones de pesos (cerca 530.000 dólares).
"Lo importante no soy yo es la emergencia habitacional (...) Es muy injusto que en Chile haya 650.000 familias que viven en la situación en la que están viviendo", apuntó Montes, quien dijo que el Ministerio que dirige "no es corrupto" y que el Gobierno "seguirá investigando para que los responsables sean sancionados como corresponde".
La fundación que está en el punto de mira estaba vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, quien se vio obligado a renunciar en agosto por las presiones de la oposición.
Con información de Télam
Cerrar sesión