El gobernante Partido Socialista (PSOE) defendió hoy en el Congreso español la Ley de Amnistía para los secesionistas catalanes, que tildó de "buena para la democracia", mientras que el opositor Partido Popular (PP) denunció que implicaba "el primer pago de la investidura" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del proyecto que comenzó en la Cámara baja.
"Lo que pretendemos (es) salir de un enfrentamiento infinito y sin solución, para devolver a la política lo que solo la política ya puede resolver", justificó el vocero socialista en el Congreso, Patxi López, al inicio del debate.
Todos los diputados del PSOE están "convencidos" de que la amnistía es buena "para la democracia", declaró, e instó a los miembros del PP a explicar "por qué la amnistía es inconstitucional, por qué rompe España y acaba con la igualdad".
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A su vez, responsabilizó al Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) de haber propiciado con su política la ruptura y la crispación que se produjeron en 2017, el año de la fallida secesión catalana.
"Esa fue la herencia que nos dejaron", aseguró López, y subrayó: "Ustedes quieren sembrar miedo y alimentar el conflicto y nosotros, sembrar esperanza".
Por su parte, el líder del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo, muy crítico con el proyecto, replicó que era la sesión "más triste en este Congreso desde el 23 de febrero de 1981", recordando la tentativa de golpe de Estado militar de hace 42 años, en la que un grupo de guardias civiles irrumpió en el Parlamento.
"Es una humillación para España", agregó, tras remarcar que ley "es un fraude".
Feijóo afirmó que la ley era "el primer pago de una investidura" que Sánchez "compró" para seguir en La Moncloa y se hace a costa de "un retroceso democrático", según informó la agencia de noticias AFP.
Sánchez, que no acudió a la asamblea, argumenta esta medida por la necesidad de pasar página en Cataluña tras una de las peores crisis políticas de la España contemporánea, que sigue marcando la vida política del país.
El presidente del Gobierno español, que en el pasado se opuso a la amnistía, admitió ayer que se trataba de una de esas "decisiones muy complicadas, complejas también de explicar" y defendió que era "necesaria" para aprender lecciones de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017.
La promesa de una rápida aprobación por el Parlamento de la amnistía permitió a Sánchez ser reelegido el mes pasado para un nuevo mandato gracias a los votos de los diputados de los dos partidos separatistas de Cataluña.
Si el proyecto de ley se aprueba, se prevé que la Justicia levante la imputación de cientos de activistas y dirigentes independentistas implicados en la tentativa fallida de secesión de 2017 y en los hechos relacionados previos o posteriores.
La medida beneficiaría en primer lugar a Carles Puigdemont, que era jefe del gobierno regional catalán en 2017, quien podría regresar a España tras instalarse hace seis años en Bélgica para eludir a la Justicia española.
Esta amnistía, que es respaldada por una mayoría absoluta de diputados de la izquierda, la extrema izquierda y los partidos vascos y catalanes, divide a la sociedad española y desató la protesta de algunos miembros de la judicatura.
En las últimas semanas, el derechista PP, vencedor de las elecciones legislativas de julio pasado frente a los socialistas, pero que no pudo acceder al poder por falta de apoyos en el Parlamento, movilizó masivamente a la gente en las calles.
El Partido Popular, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, prometió hacer lo posible por retrasar la adopción de la ley, que los socialistas pretenden que se vote por un procedimiento de urgencia que permite acortar el plazo de tramitación a la mitad.
El partido conservador también anunció que presentará un recurso contra la futura ley ante el Tribunal Constitucional.
El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, causó polémica al acusar a Sánchez de llevar a cabo un "golpe de Estado" y afirmar que llegaría un momento en que "el pueblo querrá colgarlo de los pies", en una entrevista con Clarín durante su visita a Buenos Aires, dichos que el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, tildó de "discurso de odio" y un lenguaje que "no se oía en España desde hace muchas décadas".
Las declaraciones, en alusión al acuerdo con los partidos independentistas catalanes, generaron el repudio de los partidos políticos españoles, incluido el PP, socio de Vox, y llevaron a que el PSOE anunciara hoy que denunciará a Abascal por delitos de odio ante la Fiscalía General.
Con información de Télam
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