El acuerdo entre el presidente en funciones y candidato socialista a la reelección de España, Pedro Sánchez, y el partido independentista Junts per Catalunya, generó hoy nuevas reacciones encontradas en España y desató una protesta que se saldó con 24 detenidos.
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendió que "es un gran pacto de estado en el que debería estar el PP (Partido Popular)".
En una entrevista publicada hoy por el diario catalán La Vanguardia, Zapatero defendió el acuerdo al valorarlo como "un nuevo comienzo" que "ahora se empieza a reconstruir. Y eso es lo decisivo".
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"Siempre ha sido evidente que era muy importante la implicación de los partidos nacionalistas en la gobernabilidad", agregó Zapatero, quien reivindicó al PSOE como el vértice integrador de las confrontaciones territoriales que se dan en el Estado.
En este sentido, recordó que fue durante su Gobierno cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada (2011), y mostró su confianza en que "va a ser bajo un gobierno de Pedro Sánchez cuando veamos una estabilización de la España diversa y, específicamente, de Cataluña".
Respecto de la futura ley de amnistía que contempla el acuerdo de los socialistas con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Junts, señaló que si bien provoca mucho apasionamiento por ambas partes, lo importante "es la normalización del diálogo político".
En cambio, las cuatro asociaciones judiciales españolas expresaron su "profunda preocupación" por el acuerdo, criticando que incluya una amnistía para los independentistas al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) emitieron un comunicado conjunto donde ponen el foco en "las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política' y sus consecuencias".
"El texto del acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", critica el texto.
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", cuando "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley", tal como lo establece la Constitución.
"El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", afirman los judiciales en su nota.
El PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) cerraron ayer un acuerdo en torno de una ley de amnistía para separatistas de Cataluña que, sumado al pacto que celebró días atrás el socialismo con ERC, da vía libre a un nuevo mandato de Sánchez como presidente del Gobierno.
La ley de amnistía fue el principal reclamo de los dos partidos catalanes para apoyar un nuevo Gobierno de Sánchez, que recibió el encargo tras haber salido segundo en las elecciones del 23 de julio, luego de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no lograra la mayoría necesaria para una investidura por parte del Congreso.
Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país, donde el conservador PP y sus socios de extrema derecha Vox vienen convocando a manifestaciones callejeras de protesta.
Anoche, una protesta frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz terminó con 24 personas detenidas y con siete policías nacionales heridos, según fuentes de la Policía Nacional citadas por Europa Press.
Unas 8.000 personas se concentraron en las inmediaciones de la sede socialista en el marco de unas protestas contra la amnistía para los independentistas.
Poco antes de la medianoche, fueron desalojados los últimos manifestantes de los alrededores de Ferraz tras una concentración que poco antes de las 23 vivió sus momentos más tensos cuando la Policía Nacional comenzó a cargar contra los manifestantes más violentos.
A su paso, los manifestantes dejaron contenedores tirados o mobiliario urbano quemado, entre otros desórdenes.
Antes de ello, la manifestación, que se dividió en dos zonas, transcurrió con normalidad.
El líder de Vox, Santiago Abascal, fue uno de los políticos que acudió a la concentración, a la que también se habían sumado una buena parte de las 1.500 personas que horas antes se habían manifestado ante la sede del Parlamento Europeo en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía.
Con información de Télam
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