Esta semana se conoció una carta que hubiese sido impensable en un contexto pre pandemia. Un grupo de 83 supermillonarios, principalmente de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido o Canadá enviaron una petición al G-20 para que los gobiernos les cobre más impuestos a este segmento. No solo piden, como se planteó en la Argentina, que sea por única vez sino que el redoblan en sea una "suba permanente de impuestos” a las grandes fortunas. Esta posición no es un mero acto de altruismo de un grupo de mega magnates, sino que es también un reflejo de autosupervivencia. La decisión de que sea un impuesto y no una donación que eleve sus espíritus filantrópicos implica el reconocimiento de tres factores: el hecho de que una economía tan concentrada no funciona, la necesidad de un aporte para que el engranaje de la actividad vuelva a girar y, principalmente, la ratificación explícita de que el Estado es el mejor asignador de recursos.
“Tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y que seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis”, destaca en la carta de Millonarios por la Humanidad, lema bajo el que se encolumnaron mega magnates como de Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney y heredera del imperio Disney, o Morris Pearl, ex director gerente de BlackRock (sí, el mismo fondo que también bloque el canje de deuda que lleva adelante la Argentina). A la concentración se agrega que la crisis no puede resolverse mediante caridad, por lo que los líderes políticos deben asumir la responsabilidad de recaudar los fondos necesarios y gastarlos de manera justa, reconociendo el rol del Estado para mejorar las inequidades del capitalismo.
Los Estados son los que están sosteniendo la actividad económica. No es casual que el Fondo Monetario aconseje a los gobiernos a hacer política fiscal mega expansiva. La crisis social y económica que provocó la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto las asimetrías y los problemas que la concentración provocan en la actividad y que el mercado, lejos de equilibrar, profundiza. El problema para el sector de mega ricos es que la extensión de la pandemia y de las medidas de aislamiento preventivo golpeó fuertemente los ingresos de las familias y su recuperación llevará varios años. En ese lapso el consumo se mantendrá reducido en la medida en que no se recuperen ingresos.
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En un mundo en que los países comienzan a cerrar sus economías, la salida será por la vía de estimular el consumo y la conformación de un nuevo esquema económico. Los 83 millonarios de la carta lo saben. Los dueños de las grandes fortunas de Argentina también, pero su estructura de negocios --donde se aprovecha al país por recursos y mano de obra barata y el mercado se apuesta en el exterior-- y por miopía ideológica, no lo reconocen. “En el caso probable de que se frenen las actividades económicas más longevas, mayores choques en la demanda y su efecto en las economías grandes como la europea, estadounidense, entre otras, el costo el virus en la economía mundial podría ascender a 4,1 billones de dólares”, afirma el Banco Asiático de Desarrollo en su informe “Panorama de Desarollo Asiático 2020”.
Las grandes fortunas del mundo vienen de cerrar un año récord. En 2019 finalizaron en máximos históricos para las 500 personas más ricas del planeta, que sumaron a su fortuna durante esos doce meses 1,2 billones de dólares, elevando su patrimonio colectivo un 25 por ciento más, hasta los 5,9 billones, según el índice de Bloomberg. Hacer el cálculo simple de cuánto se recaudaría solo con estas 500 personas podría ser caprichoso, dado que en muchos países sí se paga impuestos sobre los altos patrimonios.
Los tributos de los más ricos de Argentina representan solo el 5,3 por ciento del PBI frente al 7 por ciento en Brasil y Chile, 10,9 por ciento en Francia o más de 12 por ciento en Alemania y Estados Unidos. Existen actualmente proyectos para gravar las grandes fortunas en cinco países de Europa y seís de América latina. América latina cuenta con cerca de 673.000 millonarios en dólares (con más de un millón de dólares). Si se les aplicara a todos ellos una alícuota del 2,5 por ciento sobre su patrimonio se podrían recaudar hasta 50.000 millones de dólares, equivalente al 1 por ciento del PBI regional, según cifras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). La Argentina aumentó en cuatro puntos su PIB en gasto para paliar la emergencia que genera en el país la pandemia.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de tres meses, que le permitió un piso de consumo para sobrevivir a 9 millones de personas sin ingresos durante la cuarentena, representó una inversión total del Estado en asistencia social de unos 265.000 millones de pesos. El impuesto a las grandes fortunas, dinero que termina la mayoría de las veces fugada a paraísos fiscales representaría, al tipo de cambio actual, 380.000 millones de pesos en ingresos fiscales. Un informe de la CEPAL destaca que el 1 por ciento de los argentinos más ricos se apropian del 15 por ciento de los ingresos de todo el país, lo que representa una desigualdad todavía más profunda que en Estados Unidos.
Los números son conocidos pero el debate en el país continúa estancado ante la presión de nuestra casta criolla de magnates, dueña además de medios de comunicación. Los mismos mega ricos que también alertan sobre la emisión de pesos del Estado pero aprovechan las ventajas que puedan sacarle al Estados. Así es como firmas de la talla de Techint, La Nación, Clarín y la Sociedad Rural recibieron asistencia al trabajo y la producción (ATP) hasta que al Gobierno se le ocurrió acercar la lupa sobre maniobras de fuga. Por las dudas, estos cuatro grupos se bajaron de inmediato del beneficio antes de tener que dar cuenta de sus actos. En la Argentina nunca es "mucho" el dinero para algunos.
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