La bancada bolsonarista en Brasil busca restringir el aborto

Diputados bolsonaristas impulsan -paradójicamente- desde la Comisión de los Derechos de la Mujer un proyecto de ley presentado en 2007 para otorgarle estatus jurídico al “niño por nacer”. La iniciativa implica un retroceso en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos en Brasil: obliga a gestar fetos anencefálicos –sin posibilidad de sobrevivir- y, también, prohíbe la práctica en casos de violación. “Es una embestida de la bancada fundamentalista, que ataca los derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas que gestan”, alertó en diálogo con El Destape la activista del Frente Nacional por la Legalización del Aborto, Marsa Abreu.

El proyecto de ley 478 crea el “estatuto del niño por nacer” y fue resucitado por un dictamen del diputado Emanuel Pinheiro Neto (MDB, una fuerza nacional dividida entre quienes apoyan al futuro Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, otros que prefieren mantener una posición distante para negociar y otros que respaldan al presidente saliente). “El término ‘niño por nacer’ designa al ser humano existente, todavía no nacido, teniendo desde la concepción la formación de un ADN humano, con patrimonio genético individualizado y definido. Por lo tanto, el sistema legal no puede negarle protección”, sostuvo el diputado para darle el visto bueno en un intento por tratarlo rápido el miércoles pasado, pero que legisladoras del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) lograron demorar hasta el próximo miércoles.

A menos de un mes del recambio de Gobierno, los integrantes de la bancada de la biblia, que apoyan al saliente mandatario, Jair Bolsonaro, hacen maniobras para bloquear el acceso al aborto ya garantizado por ley en Brasil. En ese país, la interrupción voluntaria del embarazo está prevista en caso de violación y de riesgo de vida y, desde 2012, por decisión judicial, también en caso de gestación de un feto anencefálico.

Pero, el acceso a esos derechos está en riesgo. En el artículo 3 de ese proyecto de ley se establece que el “niño por nacer” adquiere personalidad jurídica una vez que el feto nace, pero “su naturaleza humana es reconocida desde la concepción, brindándole protección legal a través de este estatuto y las leyes civiles y penales”. Luego, le siguen otros 29 artículos en los que se definen las penas para quien realice un aborto, para quien provea sustancias para provocar un aborto, para quienes “congelen, manipulen o utilicen al niño por nacer como material de experimentación” e, incluso, para quienes “se refieran al niño por nacer con expresiones despreciativas”.

Si esta normativa llegara a aprobarse tampoco se permitiría hacer pública la postura en favor de la práctica del derecho al aborto. Casi como si fuera una profecía autocumplida, en los fundamentos menciona la posición plantada por el Senado de Estados Unidos, en 2004, “que otorgó el estatus de persona al niño por nacer” y a Italia, en donde en el mismo año entró en vigor una ley que dio al embrión “los mismos derechos que a un ciudadano”.

Las trabas que se enfrentan

“Los movimientos feministas resistimos cada año para que este proyecto no sea aprobado en esa Comisión y en esta legislatura, que es una legislatura bolsonarista, ultraconservadora y fundamentalista”, señaló Abreu ante El Destape. Y explicó que, en caso de que la discusión en la Comisión efectivamente se diera será a puertas cerradas y no cuentan con “ninguna posibilidad de obstrucción para que sea aprobado”. De hecho, ya en el primer intento la presidenta de la Comisión, la policía –que asesinó a una persona en la puerta del colegio de su hijo- Katia Sastre, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, se encargó de que este proyecto fuera el único punto de discusión.

El camino, en ese caso, seguirá por la Comisión de Constitución y Justicia y, luego, el pleno de la Cámara para que finalmente llegue al Senado antes de que Bolsonaro deje la Presidencia el próximo 1 de enero y selle con su firma la promulgación. Por eso, trabajan para que la discusión se suspenda definitivamente.

"No hay derecho a matar a menos que se hable de defensa propia en este caso para preservar su vida y la vida de un tercero. Ahora no hay derecho al aborto. Lo que existe, por ejemplo, en el Código Penal son excusas absolutorias, es decir, la exclusión de punibilidad", dijo la congresista Chris Tonietto, también del PL.

El “estatuto del violador”

"Hay personas que vienen aquí para decir qué tenemos que decirle a una niña de 10 años que necesita llevar a cabo un embarazo del violador", dijo Sâmia Bomfim, reportó el portal Catarinas durante la discusión del miércoles pasado. "Tenemos un país en el que cada 10 minutos una mujer es violada", afirmó, a su turno, la diputada petista Natalia Bonavides, mientras que la legisladora del PSOL, Vivi Reis, rebautizó a la iniciativa "estatuto del violador".

En marzo de este año, la Agencia Patricia Galvao publicó un informe que detalla que el 77 por ciento de las personas del país sudamericano reconocen que las principales víctimas de la criminalización del aborto son las mujeres pobres, que no pueden pagar por una práctica segura. Además, para el 87 por ciento es derecho de la víctima de violación decidir si quiere o no interrumpir el embarazo; 3 de cada 4 mujeres quisieran poder contar con esa opción y el 52 por ciento cree que optaría por abortar.

Al buscar “equiparar” los derechos de las mujeres con los derechos del “niño por nacer” se “crea una inconsistencia jurídica sobre el derecho al aborto”, explicó Abreu, sobre lo que significa otorgarle entidad al feto desde la concepción.

“Transforma el aborto en 'crimen atroz' y da la posibilidad de que los abortos espontáneos sean criminalizados”, señaló la militante feminista. Las consecuencias principalmente -apuntó- recaerán sobre las mujeres pobres y negras por ser las más criminalizadas aún en la actualidad en los servicios de salud.

En el marco de una campaña emprendida para frenar el avance fundamentalista, la organización Ni presas ni muertas difundió una carta dirigida al diputado Pinheiro -que emitió el dictamen a favor- en la que indicó que, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Brasil tiene alrededor de 19.000 nacimientos al año de niñas de entre 10 y 14 años. “La violencia sexual es una realidad cruel en nuestro país y las niñas y mujeres necesitan tener sus derechos y vidas protegidas”, exigió.

Hay más: si se gesta un feto sin posibilidad de sobrevivir, tampoco se podría llevar a cabo una interrupción del embarazo. “Las mujeres que gesten fetos anencefálicos van a ser torturadas hasta el fin para mantener a ese feto por más de que se sepa que no va a sobrevivir. Otorgarle condición jurídica a un feto que no tiene vida es tortura”, denunció Abreu.

En el portal Outras Palavras, el Frente Nacional por la Legalización del Aborto, esgrimió doce razones por las que el proyecto 478/2007 “es perjudicial para la salud y los derechos humanos de las mujeres”.

Entre ellas, además de los puntos ya mencionados, señalaron que “viola el derecho a la igualdad de género”, al considerar a las mujeres como delincuentes en potencia cuando el 25 % de las personas que gestan pueden sufrir un aborto espontáneo. También, alertaron sobre el aumento de las tasas de abortos inseguros y de la mortalidad materna. En el país, aproximadamente, 300 mujeres mueren al año por someterse a prácticas inseguras, según datos publicados por Folha en 2018.

En jaque la fertilización in-vitro

“El proyecto de ley prohibiría el acceso a la reproducción asistida y a la investigación con material embrionario”, advirtió además en la carta difundida por redes sociales. A ello, Abreu sumó que, de esa manera, se avanza “sobre la anulación de derechos en los términos bioéticos que previstos” hasta el momento en el país, ya que al determinar la vida desde la concepción pone en jaque la posibilidad de la manipulación que se lleva a cabo en la fertilización in-vitro.

Desde Ni muertas ni presas marcaron que el uso de células madre embrionarias en investigación fue autorizado por decisión de la Corte Suprema (STF), en 2008, y que el Tribunal Supremo dictaminó que la terapia con células madre “es parte del derecho a la salud”, por lo que el proyecto de ley “es inconstitucional”.

“La protección legal de la vida en el embarazo desde la concepción tiene el potencial de afectar otros derechos reproductivos –apuntaron desde la organización-: además del derecho legal al aborto seguro y el derecho a la vida privada y familiar, afecta el derecho a la planificación reproductiva y el derecho a los beneficios del progreso científico a través del acceso a técnicas de reproducción asistida”.