El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja a Egipto para participar esta semana de la cumbre climática COP27, con la promesa de un cambio real para salvar la Amazonia, objeto de una deforestación feroz bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, una propuesta que va en línea con el anuncio de "alianza amazónica" hecho por Colombia y Venezuela. No es un gesto más. Se trata del primer viaje al exterior que realiza el veterano dirigente de izquierda de 77 años tras ganar un difícil balotaje el 30 de octubre pasado y la temática fue uno de los ejes de su campaña.
El miércoles por la tarde, dará un discurso en el área diplomática de la ONU en la conferencia celebrada en la ciudad balnearia Sharm el Sheij, anticipó su equipo de prensa, informó la agencia de noticias AFP. En la campaña y tras ganar las elecciones, el ahora presidente electo prometió que Brasil dejaría ser un "paria" en el escenario internacional y esta semana lo demostrará, aún cuando le faltan un mes y medio para asumir formalmente el poder.
Según el diario O Globo, Lula podría reunirse con el enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry, y anunciar que Brasil está dispuesto a albergar la COP30 en 2025, pese a no tener confirmación hasta ahora de buena parte de la decena de reuniones de alto nivel solicitadas al margen de la COP27.
El aislamiento del mayor país latinoamericano en el plano diplomático bajo el Gobierno de Bolsonaro se debió en parte al fuerte aumento de la deforestación y los incendios en la Amazonia, cuya preservación es vista como vital en la lucha contra el cambio climático. Los especialistas atribuyen ese aumento sobre todo a los recortes presupuestarios en los organismos de protección ambiental y al discurso de Bolsonaro favorable a la explotación agropecuaria y minera en zonas protegidas, incluyendo tierras indígenas.
Durante el mandato del líder derechista, la deforestación anual promedio en la Amazonia brasileña aumentó 75% en comparación con la década anterior, precisaron cifras oficiales. No será fácil recuperar todo lo perdido, no solo por la destrucción causada, sino por el empoderamiento de grupos violentos y muy bien financiados en la zona. Por eso, Lula quiere involucrar a la comunidad internacional en este desafío.
Sin embargo, Marina Silva, posible futura ministra de Medio Ambiente, ministerio que condujo en el pasado Gobierno de Lula, aseguró en la COP27 que la reanudación de la ayuda internacional no condicionará la lucha de Brasil. La aliada de Lula se reunió el jueves pasado en el balneario egipcio con Kerry y luego afirmó: "El Gobierno estadounidense se mostró dispuesto a profundizar la cooperación" con Brasil, país que alberga 60% de la selva amazónica.
En entrevista con la cadena Globonews, aseguró que invitó a Estados Unidos a contribuir en el Fondo Amazonia, financiado principalmente por Noruega y Alemania. Los desembolsos se suspendieron en 2019, poco después de la llegada de Bolsonaro al poder, pero el Gobierno noruego dijo tras la elección de Lula que serían desbloqueados. "Las inversiones van a venir", insistió Silva, quien aseguró que Brasil constituirá un "ejemplo" global con un objetivo de reforestación de 12 millones de hectáreas.
La deforestación era elevada al inicio del primer mandato de Lula, en 2003, pero cayó fuertemente bajo la dirección de Silva, quien renunció en 2008, argumentando que no recibía los recursos suficientes para ir más allá. Para Francisco Eliseu Aquino, experto climático de la Universidad federal de Rio Grande do Sul, las políticas del futuro Gobierno deben ser "mucho más osadas" que las de los primeros dos del exlíder obrero. En tanto, Dinaman Tuxá, coordinador de la Asociación de pueblos originarios de Brasil (APIB), evaluó que a diferencia de Bolsonaro, "Lula tiene una política ambiental" y anticipó que espera especialmente "la demarcación de tierras indígenas", un asunto congelado desde la llegada al poder del mandatario ultraderechista, en enero de 2019.
La promesa de Lula se suma a la propuesta de lanzamiento de una "alianza amazónica" para proteger la Amazonia anunciada por los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, en la primera semana de la COP27, en línea con un reclamo de recursos financieros llevado a Egipto por movimientos y pueblos originarios de la región. Para ello deberán reactivar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), un acuerdo de 1973 que reconoce la naturaleza transfronteriza de la selva amazónica y promueve un desarrollo armónico de esa región.
Con información de Télam
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