El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ordenó que "el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas", según informó el canciller Yvan Gil en sus redes. En los últimos días, distintos representantes de la ONU habían lanzado fuertes críticas tanto al Gobierno como a la situación socio-económica del país.
Por un lado, la llamada misión internacional independiente creada por la ONU para analizar la situación de derechos humanos en Venezuela había expresado su profunda preocupación por la reciente detención de una activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano. “El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido”, alertó la Misión en un comunicado.
Por otro lado, el relator especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU, Michael Fakhri, advirtió que el 82% de los venezolanos son pobres y, aunque pidió a la comunidad internacional que levante las sanciones contra Venezuela, también cuestionó la política social del Gobierno: "Estos programas se han convertido ahora en un sistema de caridad y se han vuelto susceptibles a clientelismo político".
Activista detenida
Hace dos días, la misión de la ONU había denunciado: "Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar". En el comunicado, la presidenta de este grupo, Marta Valiñas, había sostenido que este arresto "no se trata de un incidente aislado, sino que es parte de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores".
"El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen -continuó Valiñas- Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal."
Al anunciar la expulsión en 72 horas, el Gobierno chavista no solo rechazó las críticas de la misión de la ONU, sino que la acusó de doble discurso con la matanza de palestinos en Gaza, pese a que esta organización internacional es una de las voces más activas en denunciar lo que sucede en ese territorio palestino ocupado: "La Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional. (...) En cambio, esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones".
El clima político dentro de Venezuela está cada vez más tenso y este año será clave ya que el Gobierno y la oposición deben llegar a un acuerdo para llamar a elecciones en el segundo semestre. Ambas partes se habían vuelto a sentar en la mesa de diálogo por presión internacional el año pasado y la oposición eligió a su candidata presidencial en una elección primaria. Ganó la ferviente antichavista que moderó su discurso hasta invitar a sumarse a los desencantados del oficialismo, María Corina Machado, del partido Vente Venezuela.
Machado había sido condenada e inhabilitada para acceder a cargos públicos por la Justicia por cargos de corrupción, que desde la oposición siguen desmintiendo y denunciando persecución y censura política. La dirigente no participó de las negociaciones que desde hace tres años mantiene con interrupciones el Gobierno con la oposición, pero, al ser elegida como candidata, se descontaba que su habilitación sería parte de los compromisos del chavismo para avanzar en un proceso electoral reconocido por Estados Unidos, sus aliados y el resto de la región.
Sin embargo, la condena contra Machado fue ratificada a fines de enero pasado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) "por estar incurso (...) en la trama de corrupción del usurpador Juan Guaidó", autoproclamado presidente interino hasta enero de 2023 en un intento por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el TSJ en la sentencia. Esto dejó en crisis al proceso electoral opositor y el frente antichavista Plataforma Unida respondió de inmediato. Pidieron al TSJ que revierta la inhabilitación y adelantaron que denunciarán la violación del acuerdo firmado el año pasado con el Gobierno de Nicolás Maduro para encarrilar el proceso electoral.
El jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el Gobierno, Gerardo Blyde, denunció en conferencia de prensa que el TSJ no siguió las reglas del debido proceso porque la candidata no fue notificada de su inhabilitación ni pudo acceder a su expediente. "Mandaron sentencia sin pasar por etapas discursivas del proceso y cometieron violación del debido proceso y violación al derecho a la defensa", sostuvo Blyde, al denunciar también que el proceso fue "discrecional". Machado por su parte, aseguró que mantendrá su candidatura, al tiempo que comenzaron las acusaciones cruzadas sobre quién incumple o no el Acuerdo de Barbados.
Por su parte, Estados Unidos en abril decidirá si restablece las sanciones contra el Gobierno. En ese mes expirarán las licencias para la explotación de petróleo y gas. Washington había anunciado el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en los sectores del petróleo y el gas, pero "ahora revisa" su política de sanciones "ante este hecho" y otros que apuntan a "candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil", declaró el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.
Pobreza
Más allá de las críticas del relator especial, tras la visita de 14 días, este enviado de la ONU reconoció que "las sanciones han sido un factor, entre otros, que ha limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para poner en marcha programas de protección social y prestar servicios públicos básicos". En este sentido, Fakhri hizo un llamamiento a todos los Estados involucrados para que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, informaron en un comunicado desde las Naciones Unidas.
También, destacó las acciones positivas del Gobierno: "La mejor apuesta de Venezuela es empoderar a los campesinos, pescadores, ganaderos, agricultores urbanos y periurbanos, especialmente a las mujeres y a los pueblos indígenas y afrodescendientes", dijo Fakhri. "Eso no sólo reforzará la soberanía alimentaria, sino que también mejorará los medios de vida locales", sostuvo al destacar los trabajos para reducir la dependencia de la renta petrolera e impulsar la producción local en comunidades rurales, urbanas y suburbanas.
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