El “gobierno interino” del autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó, llegó a su fin. Había nacido en 2019, en el marco de la disputa de poder con la administración de Nicolás Maduro. El proceso “se ha debilitado” había considerado un amplio sector de la oposición que hasta ahora lo había acompañado en su interinato a Guaidó hasta este viernes por la noche, cuando se consolidó el paso final para deshacer la estrategia de confrontación desde la Asamblea Nacional electa en 2015, no reconocida por las autoridades gubernamentales.
Por 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones los asambleístas aprobaron la reforma del llamado Estatuto de Transición a la Democracia que trae consigo el cese de funciones de Guaidó y deja sin efecto la existencia de la “presidencia interina”, instancia creada por ellos mismos –desde la Asamblea 2015, cuyos mandatos finalizaron en 2020, según el Gobierno- luego de alegar “fraude” en las elecciones presidenciales que llevaron a la reelección de Maduro, en 2018.
La Asamblea 2015, con mayoría opositora autoproclamada legítima; y la Asamblea Nacional Constituyente, votada en 2020, con mayoría chavista, en funciones desde ese año, funcionan de manera paralela y no se reconocen mutuamente como órganos legítimos.
“Esta reforma otorga a la Asamblea Nacional electa en 2015 las competencias especiales de promover la transición a la democracia y a la protección de los activos del Estado al amparo del artículo 333 de la Constitución Nacional, por lo que se elimina al gobierno Interino, y todos sus órganos, entes y disposiciones, salvo aquellos creados por el presente estatuto que guarden relación con la defensa de la democracia”, reza el texto aprobado.
La sesión extraordinaria estaba prevista para el miércoles y, luego, para el 3 de enero de 2023, pero debido a reclamos de los dirigentes, finalmente fue realizada este viernes. La estrategia del interinato había contado con el respaldo de unos 50 países liderados por Estados Unidos, y tenía el propósito de establecer un “gobierno de transición y tener elecciones libres”, según las propias palabras pronunciadas por Guaidó en las afueras del Palacio Legislativo en donde se autoproclamó presidente.
“Enfrentamos una brutal dictadura que es la única que celebra hoy el desarrollo de este debate (…) Maduro es un dictador acusado de crímenes de lesa humanidad. Ciertamente eso mañana no va a cambiar, el 5 de enero –día de la elección de autoridades del parlamento paralelo- no va a cambiar”, reclamó ante sus compañeros Guaidó ayer por la noche y consideró la ley propuesta, votada y aprobada como “inconstitucional”.
Desde hace tiempo que las relaciones dentro de la oposición comenzaron a distanciarse –entre denuncias de corrupción- hasta hacerse visible la semana pasada cuando cuatro de los partidos más importantes de este sector leyeron un comunicado ante la prensa: “El proceso (…) se ha debilitado y no es percibido como una opción de cambio político real. No ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven hacia la democracia”, escribieron en el documento compartido por los dirigentes nucleados en Primero Justicia (PJ, de centro), Acción Democrática (AD, socialdemócrata), Un Nuevo Tiempo (UNT, socialdemócrata) y Movimiento por Venezuela (MPV, centro), que integran el Grupo de los Cuatro (G4) de los partidos más numerosos.
Allí, además, de señalar las intenciones de “rescatar” la unidad opositora y las condiciones electorales también destacan a la Asamblea Nacional electa en 2015 como “único resquicio de legitimidad” que persiste en el país.
En ese camino, el pasado 22 de diciembre votaron a favor en la primera instancia de la discusión de la modificación propuesta para la eliminación del gobierno interino, con 72 votos a favor, 23 en contra y nueve abstenciones. Indicaron, de todas maneras, que mantendrán las juntas ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) Holding, en la empresa Citgo, con sede en Estados Unidos, la del Banco Central de Venezuela (BCV) y la Asamblea Nacional para legislar solo sobre temas relacionados a la protección de los activos del Estado bloqueados en el exterior.
Además, prevén crear una comisión ejecutiva para la representación de la defensa de los activos en el exterior.
Los últimos años venezolanos fueron más que convulsionados: tras la muerte del expresidente Hugo Chávez y la toma de mando de Maduro, proliferaron las denuncias de la oposición para dar cuenta de las dificultades de participación en el ámbito político y las protestas con tintes violentos que fueron in crescendo desde 2014, conocidas como "guarimbas".
Del otro lado, se marcaron las acusaciones sobre intenciones golpistas. Fue así hasta 2019, cuando emergió la figura de Guaidó y decidió tomar posesión en las afueras de la Asamblea Nacional.
Ahora, la oposición planea primarias en 2023 con vistas a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2024, para las que Guaidó suena como uno de los candidatos.
El respaldo internacional se diluyó con el tiempo. De hecho, aunque Washington mantiene su reconocimiento formal al "gobierno interino" envió delegados a reunirse con Maduro en medio de la crisis petrolera desatada por las sanciones contra Rusia por invadir Ucrania, mientras gobiernos de países de América Latina como Brasil, Colombia y Argentina viraron hacia la izquierda y reclamaron por la no incidencia en los asuntos internos de los países y hasta impulsaron el retorno de los diálogos entre el Gobierno y la oposición.
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