El recrudecimiento de la crisis política en Venezuela empieza a tener repercusiones en la región. Gran parte de los mandatarios latinoamericanos expusieron sus dudas sobre la transparencia de la elección del pasado 28 de julio y se pronunciaron por el respeto a la democracia, pero también hay otra causa que los convoca y tiene que ver con la posibilidad de que haya una nueva ola migratoria. En ese contexto, surge la incógnita de si se está ante una nueva emigración masiva y si los mandatarios regionales de fronteras abiertas para esta diáspora responde a una causa humanitaria, como lo harían con otros países, o es una jugada geopolítica en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.
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La diáspora
Venezuela tiene una población en torno a los 28 de millones de venezolanos. Sin embargo, se calcula que casi 8 millones de ellos están fuera del país, es decir, que casi un tercio de su población migró al exterior. Las cifras de la diáspora venezolana son comparables a países con conflictos bélicos como puede ser Siria, Sudán o Afganistán, donde millones de personas huyen de las consecuencias devastadoras de la guerra, como son el temor a la muerte, el hambre o la pobreza.
De acuerdo al último informe de ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, en 2023 se registraron 7,7 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales 6,5 tuvieron como destino un país de la región. Entre ellos, Colombia es el país que más migrantes venezolanos recibió en torno a los 2.88 millones, siguen Perú con un millón y medio, Estados Unidos 550 mil, Brasil 510 mil, Ecuador 470 mil, Chile 440 mil y Argentina 220 mil, entre otros estados del mundo.
“Gran parte de los migrantes son ilegales o informales y no dejan trazas en los registros legales”, advirtió a El Destape Andrés Antillano, catedrático y criminólogo en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y en el Postgrado en Ciencias Penales de la Universidad Católica Andrés Bello, quien sostiene que se puede hablar de al menos tres olas de migraciones venezolanas. La primera más vinculada a los grandes capitales, una segunda de clase media a comienzos de la década pasada, profesional y con capacidad económica, y una tercera sobre todo a partir del 2018 con el agravamiento de la crisis, las sanciones y la violencia, a la cual define como migración más popular.
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Con respecto a la última camada de migrantes a los cuales Antillano asocia a condiciones económicas más reducidas, explicó: “Son sectores de clases media baja o baja, excluidos, de mucha precariedad que a veces viajan sin medios y sin estrategia de inserción o redes establecidas, muchas de manera ilegal, sin documentos. Además es difícil de medir, de establecer todas las cifras. Se dirigen a los países de América Latina a través de medios precarios, terrestres, no se establecen de manera definitiva y a la par de su irregularidad migran sin redes sociales de inserción, con dificultades de acceso a mercados de trabajo”.
La descripción de el especialista coincide con lo que sostiene el informe de Acnur donde afirman que si bien en general los migrantes recibieron una “generosa” bienvenida, explican que la mitad de las personas refugiadas y migrantes de América Latina y el Caribe no pueden costear tres comidas al día y que no tienen acceso a una vivienda digna y segura.
De acuerdo al estudio además “para conseguir alimentos o para evitar caer en situación de calle, muchas de estas personas recurren al sexo por supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento”.
¿América Latina de fronteras abiertas?
Luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la justicia certifique una supuesta victoria de Nicolás Maduro, crecieron los cuestionamientos ante la falta de la documentación que avale ese resultado, que al día de hoy siguen sin conocerse. Las únicas actas que se publicaron fueron las de la oposición en una página web, donde la victoria es para Edmundo González Urrutia, pero las oficiales del órgano electoral no se presentaron a un mes ya de las elecciones y aducen un hackeo, que hasta el propio Centro Carter desestimó por considerar que no hay ninguna prueba ni figura en los monitoreos que hayan recibido un ataque cibernético.
Al menos once países de la región rechazaron la decisión judicial de certificar la victoria de Maduro, lo cual genera una crisis a nivel regional también que llevó a algunos gobiernos a desconocer a Maduro. La incógnita que surge es si el recrudecimiento de las crisis política venezolana, marcada además por la persecución policial, podría llevar a una nueva ola migratoria en la región. En ese contexto, países como Argentina o Ecuador anunciaron en estos días que agilizarán los trámites burocráticos o facilitarán su regularización.
“La migración venezolana ha sido atendida con criterios geopolíticos y agendas domésticas y no con criterio de inclusión, de integración, de prevención. Desde el 2018 en adelante hubo una política de manos abiertas para la migración que no tenía que ver con una suerte de política humanitaria o integración, sino de usar la migración como una especie de bandera contra el gobierno venezolano”, explicó Antillano, sobre lo que afirma que la buena recepción en gran parte de los países respondió más a intereses políticos.
Asimismo, Antillano no cree que haya grandes movimientos de emigración: “Creo que va a ver fenómenos migratorios, pero sospecho que no va a tener la masividad que tuvo unos años atrás, lo cual es una mala noticia para el gobierno de Venezuela. La migración paradójicamente salvó al gobierno de Venezuela porque posiblemente si no hubieran salido estos millones de migrantes habrían explotado revueltas con mayor frecuencia. Los muchachos que salieron a protestar el 29 de julio contra el fraude, son muchachos que saben que si esto no cambia, se van a ver obligados a migrar aunque ya migrar no es un horizonte atractivo”.
Discursos xenófobos
Uno de los mandatarios más duros con Maduro fue el presidente, Gabriel Boric, quien luego de que se conociera la certificación de la votación por parte de la justicia, aseguró a través de Twitter: “No hay dudas que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”.
Si bien Boric no es la primera vez que se refiere a la vulneración institucional o democráticas en otros países, como lo ha hecho ya con Nicaragua o Cuba, en el caso venezolano se sumó además la idea de que lo hace hablándole a su propia sociedad y a la masiva migración que ha recibido, en un país que no es de los que más tradición migratoria tiene de la región, como puede ser Argentina. En ese contexto, hay un condimento que se suma al país y es que se empieza a registrar no necesariamente un aumento en los homicidios, pero sí se empiezan a registrar modalidades del crimen organizado que en los medios de comunicación se han asociado a la migración venezolana y ha llevado a discursos xenófobos.
“Por primera vez estamos empezando a contar separadamente los homicidios asociados a las organizaciones criminales, entonces es difícil tener un parámetro para atrás. Temo que hay mucho de aprovechamiento al explicar el recrudecimiento a partir del crimen organizado extranjero”, explicó a El Destape, la socióloga experta en Seguridad e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor.
En las últimas horas una de las noticias que ocupó parte de los medios chilenos tuvo que ver con un gran operativo que llevó adelante la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile en Viña del Mar, donde detuvieron a 34 sospechosos entre los cuales estaría un líder de la reconocida organización criminal venezolana Tren de Aragua. La operación de más de 400 efectivos se dio en el marco de lo que ya se considera un recrudecimiento de los homicidios, especialmente en las últimas semanas en las comunas de Santiago.
En ese sentido, la especialista acerca los números que maneja el Ministerio Público de Chile, donde se puede ver que dentro de los extranjeros que fueron imputados por homicidios hay un incremento de extranjeros, donde los venezolanos encabezan, como también un incremento en las víctimas de otros países, donde también es la misma nacionalidad la que lidera. Sin embargo, como afirma la académica esos números no son en base a tasas poblaciones, y se debe considerar que la comunidad de Venezuela es mayor a otras, por lo que la académica considera que esta asociación de criminalidad con los extranjeros forma parte de “un chivo expiatorio”.
Otro dato que arroja la especialista es que del total de homicidios en Chile, el 15% es consecuencia del crimen organizado y que, según un estudio que realizaron en el Centro, los hogares de personas extranjeras son más victimizadas que los hogares de nacionales. Además, en términos de proporción, no cometen más delitos que los nacionales, aunque sí están más en detención preventiva.
“La derecha política del país de lo único que habla es de que el Presidente debe expresarse en contra de Maduro. Hay un discurso muy contra Maduro, pero, por otra parte, la derecha -que fue la que impulsó mucho la llegada de venezolanos a Chile- está con este zumbido de la criminalidad y la migración, discusión en la que cuesta tener datos para sostenerla”, afirmó Mohor, de cómo se puso el foco en la criminalidad extranjera, con el fondo de las discusiones políticas e intereses sobre la política venezolana.
Un dato a recordar es que en los estallidos sociales de Chile o Colombia, los entonces gobiernos de Sebastián Piñera o Iván Duque sostuvieron que detrás de las protestas había migrantes venezolanos, pese a habían tenido políticas de acogida en conjunto en el entonces Grupo de Lima y posiblemente como una herramienta de presión contra Maduro. Emigración que a su vez, como plantea Antillana, quizás por el contrario favoreció a una menor presión interna en las calles y que prácticamente ni siquiera pudieron votar.
El académico recordó que la emigración mermó en los últimos dos años, y que se ha dado también el regreso de una parte mínima de los migrantes. De hecho, el gobierno de Maduro puso un programa llamado “Vuelta a la Patria” con la intención de que regresen parte de los millones que se fueron. Más allá de los intereses de unos y otros gobiernos tanto de Venezuela como en la región, lo que subyace es que en el medio hay miles de personas que buscan un futuro mejor que ya no parece promisorio en un país en crisis con denuncias de fraude y que, a juzgar por la situación de precariedad de miles de compatriotas en la región, posiblemente emigrar tampoco ya suene como un horizonte prometedor.
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