Este martes 14 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Países Bajos, luego de citar a los gobiernos de Guyana y Venezuela a audiencias públicas para considerar -a pedido del gobierno de Georgetown- si debe pronunciarse sobre la validez de un arbitraje de 1899, recibió a los delegados de Guyana que solicitaron frenar un referéndum que realizará el país venezolano el próximo 3 de diciembre en relación al conflicto alrededor de la región del Esequibo.
Al día siguiente, en representación de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se presentó comenzando su alocución aclarando: "Deseo comenzar enfatizando que nuestra participación en esta audiencia de ninguna manera implica reconocimiento de la jurisdicción de este honorable tribunal", antes de afirmar que la consulta popular es un ejercicio de soberanía nacional y alertar que su país vecino se unió al plan de agresión internacional que se ejerce contra Venezuela, comandado desde Estados Unidos.
El Esequibo es una región que contiene una rica zona marítima, petrolera, minera y forestal sobre la que pusieron su mira el Comando Sur norteamericano y la petrolera Exxon Mobil y ha sido el epicentro de una disputa territorial desde hace más de 180 años, en cuyo largo proceso atravesó diversos escenarios político-estratégicos.
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Su gobierno implica la posibilidad del desarrollo de actividades de exploración y explotación en una zona que tiene más de 80 mil millones de barriles de petróleo liviano, un territorio terrestre tropical conformado por 160 mil kilómetros cuadrados plagado de selvas, bosques, sabanas, manglares y fuentes hídricas, en el que habita una mayoría de indígenas originarios.
Crónica de un conflicto anunciado
El 2015 fue un año clave porque se disparó la dinámica del conflicto territorial cuando Guyana extendió permisos de explotación petrolera en la zona del litigio. El 7 de mayo la Exxon Mobil difundió su “hallazgo de fama mundial” en el Pozo Liza-1 a 193 kilómetros de la costa, con reservas estimadas de 500 millones de barriles, según Caracas.
La escalada continuó cuando Guyana realizó en 2018 una presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir la validez del laudo de 1899. Venezuela no reconoció su jurisdicción y el entredicho nunca bajó su intensidad hasta ahora. Hubo incidentes con barcos petroleros en la zona marítima de explotación que sigue en litigio y el punto culminante de la disputa fue el 19 de septiembre pasado. Ese día Guyana autorizó a seis compañías petroleras extranjeras la perforación en aguas reclamadas por el gobierno bolivariano.
Pero esta historia empezó mucho antes, en plena expansión colonial del decadente poder imperial anglosajón. El Reino Unido le arrebató a Venezuela la Guayana Esequiba mediante un fraude el 3 de octubre de 1899, muchas décadas anteriores al nacimiento de Guyana como estado independiente. En aquella oportunidad, un tribunal conformado por 5 personas falló a favor del Reino Unido. El tribunal, que debía contar con dos representantes por Venezuela, dos por Reino Unido y uno neutral, finalmente fue conformado con Estados Unidos asumiendo la “representación” de Venezuela, con lo que el país caribeño quedó sin representación soberana.
La República Cooperativa de Guyana debe explicarle al mundo que Venezuela por la vía diplomática logró que fuera reconocido ese despojo territorial en el seno de la Asamblea General de la ONU en 1962, dando vida en 1966 al Acuerdo de Ginebra.
Más atrás en la historia, la Guayana Esequiba fue en un principio controlada por el imperio español y el holandés, que más tarde se lo cedería a los británicos. Formó parte de la Capitanía General de Venezuela, cuando ésta fue fundada en 1777, y luego fue integrada a la naciente República de Venezuela, por un breve periodo, a partir de 1811.
"En 1819, con la creación de la República de Colombia (Gran Colombia), Gran Bretaña reconoció el curso del río Esequibo como la frontera", analizó en BBC Mundo el historiador venezolano Manuel Donís, un experto miembro de Academia Nacional de la Historia de Venezuela que ha dedicado 35 años al estudio histórico de las fronteras del Esequibo.
"Cuando Venezuela se separó de la República de Colombia en 1830, el río Esequibo quedó como límite de la República de Venezuela. Eso fue reconocido durante gran parte del siglo XIX hasta que se encontró oro en la cuenca del río Yuruari, en la Guayana Venezolana, lo que desencadenó la ambición británica por ese territorio".
Londres había adquirido el territorio en 1814 -alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados en ese entonces-, mediante un tratado con Países Bajos, pero el pacto no definía su frontera occidental y por eso los británicos designaron en 1840 al explorador Robert Schomburgk para que la trazara. Poco después se dio a conocer la llamada "Línea Schomburgk", un polémico trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales.
"Una segunda línea fronteriza ya avanzaba hacia el occidente del río Esequibo, y a estas líneas le siguieron otras. Schomburgk murió, pero Gran Bretaña modificó los mapas y pretendía prácticamente llegar con una cuarta línea hasta (la población venezolana de) Upata", explicó Donís. Venezuela no podía enfrentarse sola al imperio más poderoso del mundo y por eso buscó el respaldo de EE.UU., que comenzaba a perfilarse como una potencia emergente. Y bajo la Doctrina Monroe, que reclamaba una "América para los americanos", EE.UU. decidió intervenir en 1895 en la disputa fronteriza. El 2 de febrero de 1897, EE.UU., en representación de Venezuela, y Reino Unido firmaron un tratado en Washington para someter la disputa al primer arbitraje internacional. Venezuela actuó de buena fe, pero fue víctima de una componenda entre los estadounidenses, los británicos y (el jurista ruso) Friedrich Martens", afirmó el experto.
La comisión terminó actuando el 3 de octubre de 1899 a favor de Reino Unido, estableciendo la "Línea Schomburgk" como la frontera entre ambos territorios. Al polémico fallo se le conoce hoy como el Laudo Arbitral de París.
Medio siglo después, surgieron evidencias que denunciaban la complicidad entre los delegados británicos y el jurista Friedrich Martens, cuyo voto fue decisivo para el fallo en contra de Venezuela.
En 1949 el representante legal de Severo Mallet-Prevost -un abogado estadounidense que formó parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París-, hizo público un documento que Mallet-Prevost había escrito cuatro años antes, en el que denunciaba que el laudo fue una componenda política en contra de los intereses y derechos de Venezuela.
En la década de los 80 el reclamo venezolano fue reanudado hasta que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Chávez básicamente le bajó el tono a la disputa, a fin de consolidar un liderazgo en el Caribe, procurando tener a Guyana como aliado y no meterse en una causa de conflicto en las relaciones ya de por sí complicadas, de Venezuela con Trinidad y otras islas del Caribe
Luego del hallazgo del pozo Liza-1, Maduro llamó a consultas a la embajadora en el país vecino y además dictó el decreto N° 1.860, por el cual creó la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes. Tras la presentación de Guyana en 2018, la CIJ dio a conocer en 2020 su fallo en el que se declara competente en el asunto; pero Venezuela no da su brazo a torcer y no acepta su jurisdicción.
¿Qué quiere el Comando Sur de Estados Unidos?
A principios de este año, el presidente de Venezuela le envió una carta al secretario general de la ONU en la que le solicita mediar en el diferendo territorial.
"La dura experiencia histórica de agresiones económicas y despojos territoriales por parte de potencias imperiales nos dejó como lección jamás someter nuestra soberanía a las decisiones de instancias internacionales", expresa el texto, y el punto culminante de la disputa fue el 19 de septiembre pasado. Ese día Guyana autorizó a seis compañías petroleras extranjeras la perforación en aguas reclamadas por Caracas.
La respuesta fue casi inmediata. Dos días después la Asamblea Nacional venezolana, con el voto oficialista y opositor, aprobó la convocatoria a un referéndum consultivo sobre el Esequibo. El 3 de diciembre se llamó a votar en base a cinco preguntas sobre el conflicto con Guyana: si el pueblo rechaza el laudo arbitral de 1899; si se apoya al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución al diferendo limítrofe; si se está a favor de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ); si se está de acuerdo en oponerse a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente de delimitar; y por último, si se está a favor de la creación del estado de Guayana Esequiba y que se le conceda a la población de esa región derechos de ciudadanía como a todos los venezolanos.
En un comunicado del pasado 30 de septiembre, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que la controversia deberá resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La república cooperativa de Guyana se transformó en una plataforma militar del Comando Sur que lidera la generala Laura Richardson. El 23 de octubre pasado la nueva embajadora de Estados Unidos, Nicole Theriot, le presentó sus cartas credenciales al presidente Irfaan Ali, pero diez días antes ya se había reunido con la generala Richardson en la sede de su comando para hablar de la estrategia común de seguridad con Guyana.
Sus encuentros sobre el mismo tema siguieron el pasado martes 7 de noviembre en Georgetown, la capital, para aumentar la cooperación militar. La diplomática anunció que la alianza entre las dos naciones “mejorará objetivos mutuos de seguridad, abordará las amenazas transversales y promoverá la seguridad regional”.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolas Maduro afirmó durante el programa “Con Maduro +” que “el gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista, de la provocación, de la ilegalidad. Desde Venezuela le decimos: a Venezuela no se le ofende, no se le provoca. Señor Presidente de Guyana se está metiendo con una nación de libertadores, antiimperialista, de gente de dignidad que sabemos defender lo nuestro”. No solo Venezuela sostiene que se llevará adelante el referéndum del 3 de diciembre donde se estima que más de 20 millones de venezolanos podrán participar, sino que además, previo a ello, según adelantó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el domingo 19 se realizará el simulacro del referendo consultivo e indicó que “estarán activos 485 centros electorales” con mil mesas en todo el país, a tal fin.
Por su parte la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela anunció que abrirá una investigación contra el presidente de Guyana, Irfaan Ali, por presunta violación de la soberanía. Mientras tanto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, manifestó su respaldo a la posición del Gobierno de Guyana y acusó a Venezuela de "provocar" a Guyana con un "lenguaje preocupante" y la convocatoria al referendo.
Desde el Imperio Británico hasta el actual Estados Unidos, con su Comando Sur, su OEA, sus intereses guiados por la Doctrina Monroe que cumplió 200 años y sigue vigente en el pensamiento y la acción del país norteamericano, el objetivo es el mismo: la colonización, subordinación o sometimiento de los territorios para la explotación económica y la concentración de riquezas en manos de unos pocos.
A 200 años de la Doctrina Monroe, aún hay un país que resiste con el sueño de los libertadores de América, de Bolívar, de su retorno como trayectoria histórica de la mano de Chávez. Y resiste porque en su seno, hay un pueblo conciente de su poder, de sus derechos, y de que no puede ser, parafraseando al libertador, que los Estados Unidos estén destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.
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