La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a su Fiscalía reanudar la causa por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas opositoras de 2014, que culminaron con casi 40 muertos y cientos de heridos luego de meses de represión y enfrentamientos. El organismo señaló que el Gobierno de Nicolás Maduro está "realizando algunas diligencias", pero que "no reflejan el alcance de la investigación prevista".
La Sala de Cuestiones Preliminares I del tribunal ubicado en La Haya avaló de esta forma la petición de la oficina del fiscal Karim Khan, quien a principios de junio visitó Venezuela para evaluar, entre otras cosas, la colaboración de las autoridades con las pesquisas abiertas hace casi dos años para examinar la presunta comisión de crímenes contra la humanidad, informó la agencia de noticias Europa Press.
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La sala concluyó que, "si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía". El país podrá, en un futuro, proporcionar el material correspondiente para complementar, si así lo decidiera.
Por eso, consideró que hay "periodos inexplicables" en los que no se investigó o que las pesquisas abiertas "en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior", sin ascender en la escala de mando. "Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad", matizó, abriendo la puerta a una colaboración. Los jueces abogaron por un "diálogo permanente" entre las partes, si bien desde Caracas siempre se denunció un supuesto trasfondo político en esta causa. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que debe someterse a la soberanía de la CPI.
La oposición venezolana apeló en reiteradas ocasiones a la intervención de la corte internacional y en septiembre de 2018 un grupo de países formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, remitió una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a nivel nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala que se pronunció finalemente este martes para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.
Con información de Télam
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