El Gobierno argentino denunció a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por “asedio” a la embajada en Caracas -resguardada por Brasil- en donde se encuentran asilados seis opositores del Gobierno de Nicolás Maduro. La presentación fue llevada por el representante argentino ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, que exigió que “actúe de inmediato”.
Las denuncias por las malas condiciones en las que se encuentran en la sede diplomática comenzaron hace una semana y fueron denunciadas por los opositores que se encuentran allí desde marzo. El último sábado, para dar a conocer la situación, el exdiputado Omar González Moreno compartió un video en sus redes sociales en donde parece verse que la policía rodea la sede en donde se encuentra él junto con: Magalli Meda, jefa de campaña; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), el partido liderado por la dirigente antichavista María Corina Machado; el experto electoral Humberto Villalobos; y Claudia Macero, que lidera la comunicación del partido. Y el ex ministro de Transporte y Comunicaciones Fernando Martínez Mottola.
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¿Cómo es la situación de los opositores asilados?
Además, denunciaron que cortaron el suministro de energía eléctrica y agua de la embajada. Aunque el Gobierno argentino solicitó salvoconductos para ellos, el permiso para que salieran del país nunca fue habilitado. Menos aún desde que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela se rompieron el 31 de julio y los intereses del país y el patrimonio edilicio pasó a estar resguardado por Brasil.
"Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura", sostuvo Oyarzábal, quien es además el embajador argentino en Países Bajos.
El diplomático también advirtió sobre el "asedio" a la embajada en Caracas "por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro". En ese sentido, Oyarzábal solicitó a la CPI, con sede en La Haya, que actúe "con determinación" para juzgar los "crímenes de lesa humanidad" que le atribuye al Gobierno venezolano. Aunque vale aclarar que esta corte en particular se ocupa de juzgar el accionar de personas que hayan cometido delitos graves de trascendencia internacional, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad.
"La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía", señaló. Según dijo, "desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más".
"Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado", consideró Oyarzábal.
Al respecto, aseguró que las "detenciones arbitrarias" y los "tratos inhumanos" requieren investigaciones "rigurosas". En esa línea, apuntó: “La impunidad no sólo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional".
Con información de Noticias Argentinas
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