Uruguay, empapado de neoliberalismo

Esta semana, cuando las reservas de agua que abastecen a Montevideo estaban al límite de su capacidad -apenas 1,6%- el gobierno neoliberal liderado por Luis Lacalle Pou propuso la creación de un Fondo de Emergencia Hídrica que fue aceleradamente aprobado por ambas cámaras del Congreso de Uruguay.

No obstante, las causas que se alegaron en el parlamento no dicen toda la verdad. Según la prensa, en el recinto se escuchó que la “falta de precipitaciones ha afectado significativamente los servicios de agua potable que brinda el Estado encontrándose determinado sector de la población en un estado de vulnerabilidad por razones sanitarias o económicas”. Pero la naturaleza no tiene toda la culpa. 

El modelo de ajuste neoliberal defendido por Lacalle Pou es el principal responsable. Las causas van desde el achicamiento del Estado que ha afectado gravemente a OSE (Obras Sanitaria del Estado) al punto que, por no repararse o renovarse las cañerías agrietadas, se pierde una importante cantidad de agua; hasta el uso sin control e irresponsable del agua por parte del agronegocio o las empresas pasteras.

El actual modelo productivo de Uruguay mira más los negocios que el bienestar de los uruguayos. Mientras se le pide a la población sacrificar ciertos hábitos básicos como la higiene, destinar un importante porcentaje de su salario a la compra de agua embotellada o, incluso, beber agua con alto grados de salinidad, para el gran capital -industrias, agronegocios y grandes empresas privadas del agua como Salus, Nativa o Vitale (de Coca-cola)- no hay condicionamientos.

“El consumo habilitado para uso privado está en entorno de los 2.586 millones de m3 por año, es decir, diez veces más que el que consume el uruguayo de a pie. Por el uso de esta impresionante cantidad de agua las empresas no pagan nada, a pesar de que, al usarla para los procesos productivos, es un insumo que redunda en grandes ganancias para los empresarios”, asegura el periodista uruguayo Aram Aharonian.

Mientras tanto, la salud de la ciudadanía está en riesgo. Un informe elaborado por la Facultad de Medicina y publicado en Caras y Caretas el pasado 23 de junio así lo constata. Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, la ciudad donde viven la mayoría de los uruguayos y la más afectada por la crisis hídrica, comentó que el informe había sido pedido "ante la preocupación por el elevado índice de trihalometanos presente en el agua”. 

Según explicó, “hay evidencia de que el consumo de agua de Obras Sanitarias del Estado podría tener consecuencias indeseadas en mujeres que cursan etapas precoces de su embarazo" y hay casos de “fetos que presentan malformaciones en la cara y en el sistema vascular". "En la cara, se asocia las altas dosis de trihalometanos con defectos en el cierre palatino y afectaciones visuales. También se describen posibles malformaciones cardíacas con una relación dosis-dependiente con los trihalometanos tanto con la ingesta como con la exposición cutánea", afirmó.

Una de las salidas que ofreció el gobierno uruguayo fue mezclar el agua dulce con la del estuario del Río de la Plata lo que ha elevado los niveles de sodio y cloruro de manera altamente riesgosa para la salud, porque, en esa zona del río, hay alta salinidad. Los valores, según informó OSE, superan los límites establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 

Los dueños del agua

Bajo las condiciones impuestas por la multinacionales, la celulosa, la soja transgénica, la ganadería y la agricultura intensivas están destruyendo un país con condiciones naturales optimas: clima cálido y húmedo, surcado de ríos y arroyos, con precipitaciones homogéneas a lo largo del año. Pero la deforestación, la degradación de los suelos y la seca de los humedales –que filtran el agua, son ricos en biodiversidad y funcionan como esponjas naturales ante el exceso de lluvias evitando inundaciones- han avanzado al ritmo del neoliberalismo.

Las pasteras, por ejemplo, exceden la estructura local. Primero, las enormes plantaciones de eucaliptos, cuya madera es la materia prima para hacer celulosa, que sobreexige la capacidad del territorio uruguayo. Segundo, la enorme cantidad de agua potable que requiere este árbol. En Fray Bentos, UPM (ex Botnia), la empresa forestal de origen finlandés que produce celulosa, llegó a utilizar un millón de metros cúbicos de agua al día, pero hizo uso de este recurso natural, prácticamente, gratis. La planta de Fray Bentos generó, entre 2005 y 2010, un tenso conflicto con Argentina.

“La plantación de eucaliptos parte de una dinámica extractiva de los nutrientes del suelo y del agua subterránea. Esto conlleva el deterioro de la calidad del agua potable para consumo humano”, explicó Carlos Santos, antropólogo uruguayo, docente de la Universidad de la República (Udelar) e integrante de la “Comisión Nacional en defensa del agua y de la vida”, fundada en 2002. Esta comisión, integrada por organizaciones sindicales, territoriales y ambientalistas, impulsó la Reforma Constitucional de 2004, que le dio rango constitucional al derecho al agua y al saneamiento. La reforma establece claramente que la gestión del agua debe ser estatal, con participación social y sustentable.

No obstante, el pasado 6 de junio, el gobierno de Lacalle Pou inauguró una nueva planta de celulosa de la polémica UPM, en Pueblo Centenario, departamento de Durazno, en la cuenca del caudaloso Río Negro. Según los expertos, la UPM2 exige 133 millones de litros de agua diarios y devuelve al río 107 millones tan contaminados que impiden, posteriormente, la pesca, la agricultura o el baño de turistas en esas aguas. Los restantes 26 millones de litros diarios de agua desaparecen. 

“Solo la forestal finlandesa dispone para su funcionamiento el equivalente a la mitad del agua consumida por los uruguayos. En total, 19 empresas utilizan más agua que todos los habitantes de Uruguay, especialmente las agropecuarias. Las productoras de arroz consumen unos 1.437 millones de m3 (5 veces el consumo de agua potable de toda la población)”, advierte Aharonian.

“Otras actividades, como la tala del monte natural de las riberas, la contaminación por agroquímicos de las explotaciones agropecuarias, contaminaciones provenientes de centros urbanos e industrias ubicados en la cuenca y las plantaciones, amenazan el caudal y la calidad del recurso para el futuro.”

Otra gran preocupación de muchos uruguayos es el llamado Proyecto Neptuno anunciado en noviembre de 2022 por el presidente Lacalle Pou. Se trata de una iniciativa privada para construir una planta potabilizadora en el departamento de San José (entre Montevideo y Colonia), para tratar la salinidad del agua del Río de la Plata. El proyecto que tendría una inversión de 210 millones de dólares es altamente rechazado por juristas y organizaciones ambientalistas.

“Esta iniciativa contradice la Constitución uruguaya. Voy a citar textualmente: ‘la gestión del agua potable y el saneamiento tiene que estar a cargo directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales’. Esto dice la Constitución de la Repúbica”, insiste Carlos Santos, como referente de la “Comisión Nacional en defensa del agua y de la vida”.

El 31 de octubre de 2004, el 64, 58% de los uruguayos votó, en un plebiscito, a favor de una reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento. Como dicen los miles de manifestantes indignados de Uruguay: “es el saqueo, no la sequía”. Una prueba más de que el modelo neoliberal es enemigo acérrimo de la vida humana.