Con la consigna “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada: Es responsabilidad del Estado”, la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Uruguay se convocaron en más de cuarenta ciudades de todo el país para conmemorar a las y los desaparecidos de la última dictadura cívico militar, que tuvo lugar en el país entre 1973 – 1985. La 27° edición de la Marcha del Silencio retornó a la presencialidad en un contexto en el que manifiestan su preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas. “Son los tres Poderes del Estado los que tienen en sus manos la obligación y la responsabilidad de darnos esas respuestas”, reclamaron en el documento de la convocatoria.
La tradicional marcha vuelve a las calles tras dos años de acciones virtuales realizadas en el marco de la pandemia por COVID-19. De esta manera, todos los años desde 1995, se conmemoran los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, y la desaparición de Manuel Liberoff, en Buenos Aires, y a los casi 197 uruguayos desaparecidos. En total, los registros oficiales reconocen 197 personas desaparecidas. Durante el proceso militar se contabilizaron hasta cinco mil detenidas. “La represión se basó fundamentalmente en la detención, en tener prisioneros y buscar la destrucción psicológica de los presos”, dijo a El Destape Ignacio Errandoena, integrante de organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Uruguay.
En el país oriental el proceso de memoria, verdad y justicia fue lento. La Ley de Caducidad avaló la impunidad de represores que actuaron durante el proceso militar y que cometieron delitos de lesa humanidad. Recién para 2011, se reestrableció la pretensión punitiva del Estado y, en 2017, se creó la Fiscalía Especializada sobre violaciones a los Derechos Humanos, que se encarga de la investigación de esos crímenes.
Así y todo, según contó Errandoena “la Justicia nunca en ningún caso se ha dedicado a investigar el paradero de familiares, lo máximo que ha hecho es cuando uno va con algún tipo de datos”. Es por eso que en esta fecha, vuelven a hacer resonar su reclamo por memoria, verdad y justicia y, sobre todo a señalar la responsabilidad del Estado: “Es tiempo de exigir respuesta a las Fuerzas Armadas, que hicieron desaparecer a nuestros familiares, los servicios de inteligencia documenta todo y esos archivos no aparecen. Es hora de que el poder político, el mando superior, le exija la entrega de toda la documentación, de toda la verdad”, exclamó.
Las acciones por la memoria, en tanto, comenzaron desde hace unos días. Por un lado, con una campaña en redes sociales protagonizada, en este año, por la periodista Blanca Rodríguez: "Hace mucho tiempo que familiares buscan el destino de sus desaparecidos en nuestro país (…). En este 20 de mayo, familiares nos convoca a todos a portar esas fotografías. No importa el parentesco. Todos somos familiares. Durante la Marcha, las fotografías van a estar disponibles, ustedes las van a poder recibir y las van a poder portar, para que sus miradas, sus rostros, sigan pidiendo verdad y Justicia en el Uruguay", señaló en el video difundido.
Por otro lado, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) realizaron lo que llaman "amanecer por la memoria", que consiste en una instalación en las escalinatas de la Universidad de la República, que se encuentra en la ciudad de Montevideo.
En este contexto, la Red Nacional de Sitios de Memoria de Uruguay, que nuclea a colectivos de distintos departamentos, manifestó “su profunda preocupación por el resurgimiento de posturas negacionistas y relativistas de las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el período de actuación ilegítima del Estado y la última dictadura en Uruguay”.
Según informó el medio local La Diaria, en una declaración por “el mes de la Memoria” manifestaron que ven “con indignación que en el ámbito del Parlamento se realiza apología de la declaración de guerra interna en el año 1972; se manifiestan posturas racistas y discriminatorias que atentan contra la memoria de pueblos autóctonos como el Charrúa, revictimizando a sus descendientes, y se propone un proyecto de ley destinado a otorgar prisión domiciliaria automática a las personas mayores de 65 años, claramente dirigido a beneficiar a los procesados por delitos de la dictadura”.
En la actualidad, el gobierno está al mando de la Coalición Multicolor, una alianza -encabezada por el presidente, Luis Lacalle Pou- conformada por el tradicional Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, más bien conocido como “el partido militar”. En el último año, el senador Guido Manini Ríos, ex comandante en Jefe del Ejército, ha intentado reflotar la Ley de Caducidad que permitió la impunidad durante años en el país. También, ha estado al frente de la promoción de una normativa que busca permitir la prisión domiciliaria a detenidos por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
“Hay todo un avance queriendo imponernos una visión de la historia muy distorsionada justificando la dictadura y buscando rever todo lo que se ha podido avanzar en memoria y en justicia”, alertó Errandoena en la misma línea. Pese a ello, la campaña por la memoria crece cada año y el reclamo por justicia resuena cada vez más fuerte. "Ya no se habla de si existen o no los desaparecidos. Hoy el espectro político reconoce que hay que buscarlos. El tema es cómo. Entendemos que de debemos empujar para eso", señaló.
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