Uruguay: a 50 años del golpe, las heridas siguen abiertas y los reclamos por justicia, vigentes

“Es fundamental que se diga toda la verdad, saber qué pasó durante el terrorismo de Estado, para construir memoria, para generar un nunca más”. Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Uruguay, es firme cuando habla: “Esa verdad la tienen los militares. Día a día lo vamos probando”, dijo ante El Destape sobre el 50 aniversario del último golpe de Estado en ese país vecino.

Un día como hoy, pero de 1973, el presidente Juan María Bordaberry –que había llegado vía constitucional hacía un año-, disolvió el Congreso con apoyo de los militares, prohibió a los partidos políticos e instauró una dictadura cívico militar. El encierro carcelario prolongado, la tortura y la desaparición forzada fueron los mecanismos que perduraron hasta 1985, cuando se llegó a una salida consensuada y negociada para la vuelta de la democracia. Tras un derrotero sinuoso en búsqueda por memoria, verdad y justicia, el camino sigue en construcción. Sin embargo, al mismo tiempo, desde sectores como el partido militar Cabildo Abierto, uno de los miembros de la alianza de Gobierno, se pregonan discursos negacionistas.

“Tenemos a los partidos agarrados de los huevos / porque tienen miedo / Saben que volvemos / En el gobierno del Frente tampoco se arregló / pero ahora estamos adentro / No se dieron cuenta / no dimos ni un golpe y abrieron la puerta”. Los versos de la murga La Cayetana, que se escucharon en los escenarios del carnaval de este año, de alguna manera vienen a ilustrar parte del sentir uruguayo sobre cómo se vive por estos días que resuenen ideas que deslegitiman la búsqueda por reparación y la justicia tras los crímenes por el terrorismo de Estado que gobernó al país durante 12 años.

La transición democrática

A diferencia de Argentina, en Uruguay, la transición hacia la democracia fue consensuada. La caída del Gobierno militar comenzó con el rechazo a una reforma constitucional que llevó a una negociación por más de tres años, desde 1980, “de igual a igual” en la que participaron las cúpulas militares y tres de los partidos más importantes de ese momento (el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica), con excepción del Frente Amplio, que estuvo prohibido de actuar en un primer momento. El rechazo popular creció, salió a las calles bajo el grito de “se va a acabar la dictadura militar” y abrió la puerta a las elecciones que dieron como ganador a Julio María Sanguinetti y su asunción en 1984.

“El Uruguay prefirió una visión autocomplaciente que dijera: ‘Acá salimos sin violencia y configuramos una democracia plena’. Yo no creo que una democracia plena pueda admitir una no justicia, la no verdad, la no memoria, la no reparación”, sostuvo el historiador y politólogo Gerardo Caetano, en el podcast La Herida, realizado por el portal El Observador, a propósito del aniversario del golpe. La razón que llevó a trazar ese camino, dijo, hay que buscarla en la herencia que dejó la dictadura: “En los legados de miedo, en la naturalización de la impunidad, por la falta de escándalo frente a hechos aberrantes como la desaparición forzada o la tortura”. Por eso, es que consideró que aún es necesaria una reflexión, así como que “la solución uruguaya a la transición no es ejemplar, como se ha planteado, es una solución cojitranca”.

Con la llegada de la democracia comenzaron a proliferar las denuncias por crímenes de lesa humanidad. El 22 de diciembre de 1986, se esperaban las primeras comparecencias militares. Sin embargo, una normativa enviada por el Ejecutivo vedó esa posibilidad durante los siguientes 20 años. La Ley de Caducidad avaló la impunidad de represores y el intento por derogarla, en 1987 y en 2009, falló en ambas oportunidades. Recién para 2011, se restableció la pretensión punitiva del Estado y, en 2017, se creó la Fiscalía Especializada sobre violaciones a los Derechos Humanos, que se encarga de la investigación de esos crímenes.

Carla Larrobla, profesora de historia por la Universidad de la República (Udelar) e integrante de la Comisión Histórica Investigadora de los Detenidos Desaparecidos, explicó ante este medio por qué la respuesta de la sociedad fue mantener el statu quo: “Puede estar vinculado a un discurso muy atemorizante que buscaba de alguna manera instalar el miedo sosteniendo que la garantía de la estabilidad institucional estaba dada por no tocar aquellos temas del pasado, que de eso se encargaría la historia como disciplina, como ciencia”. No obstante, el trazo no tan fue lineal. A pesar del repliegue del tema en la agenda pública, entre 1989 y 1996, los organismos y parte de la sociedad volvieron una y otra vez a resistir con la instalación de fechas, marchas y los reclamos para que se investigara, lo que estaba contemplado en la ley de Caducidad, pero dispuestas en función del Ejecutivo de turno.

Entre algunos hitos, marcó: la Marcha del Silencio (que se replica cada año desde 1996); la Comisión para la Paz, en 2000; y el reconocimiento por parte del Estado de haber cometido terrorismo, en 2003, tras conocerse el informe de la Comisión.

El cambio rotundo llegó con el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza, que hizo una relectura de la Ley de Caducidad e instó a la creación de una Comisión de Investigación Histórica, que trabajó durante 10 años, en convenio entre la Presidencia y la Udelar. La Comisión documentó 116 muertes, 172 desapariciones –un número que con los años llegó a 198- y 5.925 presos y presas políticas –para las organizaciones clandestina fueron entre 10 y 11 mil-, entre ellos 69 niños y niñas que o nacieron en prisión o fueron secuestrados junto con sus padres y permanecieron presos, ellos también, durante meses o años. “La detención masiva de personas y su encierro carcelario prolongado fue el mecanismo represivo principal aplicado por la dictadura uruguaya”, marcó la Udelar, que también reconoció el carácter incompleto de la investigación por la misma información que omite el Estado en su accionar represivo amparado en el silencio cómplice y que “sigue marcando las heridas que aparecen en la sociedad”, señaló Larrobla.

Lacalle y el partido militar de Manini Ríos

En octubre de 2017 ocurrió un hecho inédito en Uruguay. El partido Cabildo Abierto (CA) formado por ex militares obtuvo el 10 por ciento de los votos en la primera vuelta. El Frente Amplio no había llegado a cosechar el 51 por ciento necesario para ganar y, en el segundo turno, el Partido Nacional –con Luis Lacalle Pou como candidato- decidió aliarse con todo el arco opositor para conseguir la gobernación. En la llamada coalición multicolor se incluyó, también, al partido militar.

Su máximo referente es Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército, que creó el partido tras ser destituido en la última gestión frenteamplista (2018) por haber ocultado la confesión de José Nino Gavazzo. Este coronel represor –que tiene en su haber 25 años de cárcel por 28 asesinatos, entre otras sentencias- había reconocido ante el Tribunal de Honor haber sido partícipe activo de la desaparición y el asesinato del dirigente tupamaro Roberto Gomensoro durante la dictadura. Manini Ríos, en tanto comandante en jefe, no informó y todo se conoció un año más tarde.

Pese a estar imputado e investigado por la Justicia, Manini Ríos consiguió una banca en el Senado y desde allí junto con su bloque promueve la reinstalación de la Ley de Caducidad, amnistías para militares y habla de “revanchismo” cuando se busca investigar crímenes de lesa humanidad. Aunque en la actualidad existen tensiones hacia adentro de alianza, la coalición aún se mantiene. Se vio en el apoyo a la decisión del presidente de no asistir al cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los asesinatos de las Muchachas de Abril (Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, de entre 19 y 21 años) y de la desaparición forzada de Luis Eduardo González y Oscar Tassino. 

Para Larrobla, lo que le permitió la llegada al Congreso “tiene que ver no solamente con la presencia de lo militar, sino con un discurso más de corte populista que caló muy hondo en algunos sectores. Un discurso que apela a la seguridad, a una dimensión más represiva, que en un contexto también de medios de comunicación, generando la inseguridad -más allá de que exista-, vuelca la idea de mano dura, logra pegar y encontrar respuesta en muchos sectores sociales que apoyaron eso”. Tal vez de este lado del río resuene una idea que también comenzó a querer instalarse allá, según señaló Larrobla, en la que buscan “disputar los sentidos del pasado” bajo la premisa de que también “hubo víctimas de las organizaciones guerrilleras”.

Para Errandonea, que busca a su hermano Juan Pablo desde 1976, la presencia del partido militar es preocupante. “El golpe de Estado fue dado por militares, pero en conjunto con civiles con integrantes de los partidos que hoy están gobernando, no todos, pero algunos sectores y la política de negacionismo cada vez se quiere implantar más, por eso entendemos que la verdad es fundamental para la construcción social”, dijo. 

Las pruebas del terror

Dos hechos conmocionaron en los últimos días al país: el hallazgo de restos en el Batallón de Paracaidistas Número 14, en Toledo, donde funcionó un centro clandestino de detención y la liberación de más de 1600 archivos. Sobre el hallazgo, madres y familiares informaron que se trata de una mujer, que se enviará a la Argentina para el análisis de ADN y luego cotejar con la base de datos de la organización. Con ella, son cinco los cuerpos recuperados: Roberto Gomensoro en Rincón de Bonete; Fernando Miranda en el Batallón 13; Ubagésner Chávez Sosa en Pando; Julio Castro y Ricardo Blanco en el Batallón 14; además de Eduardo Bleier, en el Batallón 13. Otros 31 cuerpos fueron hallados en las costas uruguayas, pero menos de un tercio pudieron ser identificados.

“Los archivos del terror” es el nombre que eligió un usuario anónimo para filtrar 1603 expedientes en abril de este año. Si bien aún no fue determinado integralmente qué contenido está publicado, en principio se trataría de los archivos Berrutti, que fueron producidos por el Servicio de Información de Defensa (SID) y registrados en unos 1.500 rollos de microfilm, que revelan una trama de espionaje entre 1964 y 2005 contra políticos, periodistas, sindicalistas, estudiantes y otros actores de la sociedad civil. 

La filtración genera por estos días un gran debate porque llegó justo cuando el Ministerio de Defensa presentó un proyecto para “el conocimiento de la verdad total, sin intermediarios ni ediciones, y sin que nadie diga qué se puede leer y qué no”, dijo el ministro Javier García ante la prensa. En Uruguay, ya existe un espacio de esas características en el Archivo General de la Nación, su acceso está regulado en favor de las investigaciones vinculadas con causas judiciales y su reserva amparada en la Ley de Protección de Datos Personales. Esto hace énfasis, explican desde algunas organizaciones, en la no revictimización.

Las heridas abiertas

Cuando se pregunta por las secuelas de la dictadura una de las palabras que resuena es “impunidad”. Para Errandonea se generó en los periodos de la dictadura y de la post dictadura “una cultura de impunidad” que permitió que “los poderosos no rindieran cuenta”. Sobre ese concepto, Larrobla ahondó un poco más. Para ella, “atraviesa todas las relaciones sociales y todos los órdenes de la vida que queda cristalizada en la impunidad del no juzgamiento de quienes cometieron crímenes”. A su entender fue el movimiento feminista uruguayo el que puso sobre la mesa ese concepto en su accionar de encontrarse y generar espacios de habla y escucha de las víctimas. “La impunidad está tan enraizada con una forma de relacionamiento que hasta podríamos llegar a conceptualizarla como patriarcal, pero que de alguna manera está instalada en la sociedad y que se ve en cualquier. Se retroalimenta y genera una suerte de desidia o de apatía, más allá de las redes de solidaridad que se activan en determinados momentos”, explicó.

Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia

Desde 2014 cada 27 de junio se rememora como el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia. Tras los gestos de Lacalle Pou en los últimos días, el mandatario estuvo este martes en el Palacio Legislativo en un acto con tres de los presidentes que estuvieron desde la apertura democrática aún vivos: Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José "Pepe" Mujica. Además, se realizaron distintas actividades en todo el país, desde exposiciones, intervenciones y, el lunes por la noche, se transmitió por el Canal 5 la recreación de la última sesión del Senado antes de la disolución de las Cámaras.

Los avances

Entre 2003 y 2017, la Justicia ejecutó 14 procesamientos o condenas por causas vinculadas a los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. En ese período se condenó al ex presidente Bordaberry, al ex canciller Juan Carlos Blanco y al dictador Gregorio Álvarez. Pero, a partir de 2018, cuando comenzó a trabajar la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, hubo un salto significativo en la Justicia: en los últimos cinco años se produjeron avances en 40 causas sobre crímenes de lesa humanidad, con 13 sentencias de condena y 32 procesamientos o formalizaciones.

La búsqueda por les desaparecides tampoco cesó. El encargado de esa tarea en el Consejo Directivo del INDDHH, Wilder Tayler, señaló ante el portal La Diaria que se puede hablar de “estancamiento” en cuanto a los hallazgos, pero no respecto del trabajo que desarrolla la institución. El problema, dijo, es el de siempre: se trabaja sobre “información de segunda mano” porque quienes aportan datos son “testigos que no estaban tan directamente involucrados en las acciones que llevaron a la desaparición forzada”, mientras quienes perpetraron los crímenes se mantienen en el pacto de silencio. Hasta mayo de este año mantenían tres áreas de excavación, todas en ex centros clandestinos de detención: 300 Carlos (o “infierno grande”), en el Batallón 14 y la Chacra de Pando, la primera de ellas actualmente paralizada por la rotura de un cable de alto voltaje que se produjo el año pasado. En el Batallón es donde se dio el último hallazgo antes mencionado.

En tanto, para continuar la construcción del resarcimiento, el Secretario de Crysol (Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay), Enrique Chalar, anunció la semana pasada que próximamente 700 ex presas y ex presos políticos harán una presentación colectiva ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar mejoras sustanciales en las leyes reparatorias.

Más memoria, más verdad y más justicia

Pese a los avances, el reclamo por más memoria, verdad y justicia no cesa. “No ha habido desde la salida de la dictadura una política de exigirle a los mandos superiores, a las fuerzas armadas, que entreguen todos los archivos que poseen, que entreguen toda la verdad. Eso es lo primero, la verdad de lo sucedido y dónde están nuestros familiares", demandó Errandonea. En segundo lugar, marcó la tarea por la que ponen el cuerpo día a día: "Construir memoria. ¿Para qué? Es fundamental para saber qué fue lo que pasó para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más”,

Ignacio Nebuloni, militante estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, resaltó también la necesidad de la “colectivización y visibilización de lo que fue el golpe”. Para él, su rol –el de las juventudes- es “incitar” la memoria, “que no sea un dato histórico y frío, sino que sea esa reconstrucción del vivir, del qué pasó, del por qué, quiénes no están, quiénes se fueron”. 

“¿Qué tan lejana es nuestra realidad para poder afirmar que esto nunca va a volver a pasar?”, se preguntó y rápidamente respondió: “La militancia estudiantil, me parece, tiene como primera tarea recordar lo que pasó. Sobre todo, para sembrar un nunca más, un nunca más terrorismo de Estado”.