Crisis hídrica en Uruguay: agua intomable y racionalización extrema

Los días con agua potable en el área metropolitana de Uruguay (Montevideo, Canelones y San José) se cuentan con los dedos de las manos. Hace ya casi un mes que el agua no sabe igual. Se siente salada, se ve más oscura de lo que solía ser y su uso debe ser racional. El Ejecutivo debió salir a abastecer a hospitales, los lavaderos están restringidos y la refinería nacional tuvo que tomar medidas para evitar frenar la producción de combustible, que también usa agua en su proceso. En esta crisis hídrica histórica, con impacto en más de dos millones de personas, la sequía es sólo uno de los factores que interviene y que hoy no permite cumplir con la ley que establece que el acceso al agua es un derecho humano. “El Gobierno debería llamar a un gran consenso nacional por el agua”, reclamó ante El Destape, Ismael Cortazzo, dirigente de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (OSE).

La crisis hídrica y sus consecuencias ecológicas

Una crisis de estas características contiene varias aristas. Ante la consulta sobre qué significa atravesar una situación de este tipo a nivel ecológico, el doctor en ciencias agronómicas de la Universidad de la República (Udelar), Marcel Achkar, explicó a El Destape que para el caso particular de Uruguay a la sequía se suma: el avance de la forestación (con especies de rápido crecimiento), la intensificación agraria (con degradación de suelos), la construcción de embalses (para uso agropecuario) y la desecación de humedales (para avance de la agricultura y ganadería). “En general la artificialización de los reservorios de agua, ha reducido la capacidad de los territorios de ‘producir agua’”, precisó.

Ahora bien, las consecuencias son difíciles de predecir en el corto plazo. Sin embargo, el investigador aseguró que “toda la actividad biológica se vio afectada”, por lo que se deberá monitorear a partir de que comiencen a regularizarse las precipitaciones. Además, previó que si no llueve en diez días la población de la zona metropolitana se quedará sin agua potable, al igual que estiman las mismas autoridades. A cambio, contarán con “agua que progresivamente aumenta los tenores de sodio y cloruro”, cuyo consumo directo no está recomendado.

Cuando se pregunta a investigadores, sindicalistas y militantes ambientales cómo se llegó a esta situación, la palabra que más resuena es “improvisación”. La sequía, generada por el fenómeno climático conocido como “La Niña”, golpea a Uruguay hace tres años, igual que a Argentina y a la región, con menos precipitaciones y más olas de calor.

La consecuencia más grave y evidente de ese factor –y de los mencionados anteriormente- se vive ahora en Paso Severino, uno de los embalses que provee de agua potable a la zona afectada: la última vez que estuvo lleno fue en noviembre del año pasado, con unos 65 millones de metros cúbicos, hasta llegar a los niveles actuales con menos del 10 por ciento de su caudal máximo.

“El tema es cómo lo hicieron. No le avisaron a la población que estaba pasando esto, no le dijeron que cuiden el agua. De un día para el otro nos levantamos y el agua era intomable, a los tres días nos enteramos de que la salinidad había subido. Cuando se dieron cuenta, no tenían agua”, contó sobre el derrotero de las últimas semanas María Selva Ortiz, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y de la organización Redes Amigos de la Tierra.

Según dijo, nunca había pasado algo así: “Hubo una desidia y un desmantelamiento de la empresa pública, que parte de la política neoliberal del Gobierno que entiende que tiene que bajar el gasto público”, apuntó. A esa línea, la activista ambiental sumó la construcción clandestina de unos 500 tajamares –estructuras para contener el agua para la producción agrícola- a la vera del río. Algo parecido se pudo ver en febrero, cuando el intendente de Canelones denunció la desviación del agua en tres tramos del curso de agua que alimenta a la capital y alrededores.

Las represas y los embalses secos

Uruguay cuenta con agua potabilizada desde hace 150 años. De ese trabajo se ocupa Obras Sanitarias del Estado (OSE) desde 1952. El principal caudal que alimenta a la zona metropolitana es el río Santa Lucía, de 248 kilómetros en el sur del país. A 56 kilómetros al norte de Montevideo, sobre ese río, se encuentra Aguas Corrientes la represa y mayor planta de potabilización de todo el territorio nacional, que se nutre de agua que se escurre de la tierra. Cuando esa agua no es suficiente, hacen de backup las represas de Canelón Grande y del ya mencionado Paso Severino, que están río arriba. La primera está seca y, la segunda, prácticamente vacía.

Agua salada

Para principios de mayo, gran parte de la ciudadanía uruguaya notó que el agua ya no era indolora, incolora e insípida. Del grifo salía un agua salada y, en muchos casos, amarronada. Cuando el reclamo se hizo viral y comenzaron las movilizaciones espontáneas todos los días, el Gobierno uruguayo salió a aclarar la razón. El 4 de mayo, el Ministerio de Salud Pública cambió la normativa que regula la potabilización del agua por parte de OSE: aumentó los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700; y de sodio de 200 a 400, por el plazo de 30 días. Números que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Según informaron, se tomó esa decisión para poder responder a la demanda, que fue mezclar –trasvasar, es el término correcto- el agua del río Santa Lucía con la obtenida de aguas abajo, del Río de la Plata, mucho más salada.

“El agua de OSE no es potable, pero es bebible”, sostuvo ante la prensa el ministro de Ambiente uruguayo, Robert Bouvier, unos cuantos días después. En una interpelación en el Senado por parte de la oposición del Frente Amplio, la ministra de Salud, Karina Rando, sugirió a la población cambiar la alimentación y dejar “las papas chips y los chorizos” para que el consumo del agua del grifo no sea tan nocivo.

Entonces, solicitaron a la población el uso restrictivo, diseñaron directrices para monitorear el precio del agua embotellada -cuyo consumo aumentó en un 75 por ciento, según informó el diario El País- y garantizar el agua para centros de primera infancia, escuelas y hospitales, así como para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, cirrosis y lactantes. Además, hicieron otros tres anuncios: la adquisición de una planta desalinizadora, agilizar las reparaciones de OSE en las redes de cañerías y la puesta en marcha del llamado proyecto Neptuno, la alternativa privada y más a largo plazo con que buscó reemplazar a una iniciativa pública y lista, con llave en mano, que entregó el Frente Amplio en el traspaso de mando.

Todas las medidas fueron anunciadas por funcionarios y, hasta ahora, el presidente Luis Lacalle Pou prácticamente no salió a dar explicaciones sobre el tema.

Pero, en los últimos días, el Gobierno se encontró con un escollo a su propuesta inmediata porque los materiales para la instalación de la planta desalinizadora no entran en el avión Hércules enviado a Estados Unidos para su traslado. Con ella se buscaba abastecer hospitales y sanatorios. Mientras tanto, son organizaciones, sindicatos e intendencias locales en algunos casos los que buscan una solución estructural para las industrias alimenticias, las peluquerías y hasta para los animales domésticos, que también necesitan hidratarse.

La situación en OSE

“Cuando asumió el Gobierno quedaban reservas para unos 70 días”, afirmó ante El Destape Ismael Cortazzo, dirigente del sindicato de OSE. Para graficar la falta de inversión, señaló que el 50 por ciento del agua “se pierde” por roturas en las cañerías, trabajo del que se ocupan ahora para reducirlas de 1500 a 500 identificadas por día. Sin embargo, la otra pata para poder realizar las tareas correspondientes son las y los trabajadores, cuya planta se redujo en unos mil puestos desde que asumió Lacalle Pou.

Cortazzo catalogó la situación como parte de una “crisis estructural” y señaló que el Gobierno “permitió que se creara una tormenta perfecta (valga la ironía)” ante la “improvisación” con la que actuó. “Creo que parte de la política de no ingresar gente y de no hacer las inversiones necesarias apuestan a que lo haga el privado”, vaticinó y señaló que la sequía sólo fue el desencadenante.

Proyecto Neptuno versus la represa Casupá

Al menos, desde 1970 se analiza la necesidad de crear una nueva represa. “Desde 2013 se consolida que es necesaria y urgente”, señaló Achkar. Ese proyecto lleva el nombre de Casupá, homónimo a la localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la capital, en donde se iba a construir. Ya tenía evaluación de impacto ambiental aprobada –como se puede ver en la página de la empresa-, la adquisición de los terrenos, la financiación aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y había sido entregado en mano por el ex presidente Tabaré Vázquez cuando dejó la Presidencia. Pero quedó en suspenso por la gestión actual cuando decidió promover el proyecto Neptuno en su lugar.

La iniciativa del Gobierno de Lacalle Pou es la construcción de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, sobre el Río de la Plata, es privada y su licitación fue anunciada por el mismo mandatario en noviembre pasado con bombos y platillos. Garantizará “una cantidad ilimitada de agua potable”, sostuvo el presidente en su discurso, pese a que se sabe que el agua potable es un recurso agotable.

Las resistencias se presentaron desde el primer momento: “Decimos que es ilegal porque no es de propiedad del Estado, es del privado y el derecho al agua es un derecho humano. Tiene que ser una persona pública estatal la que esté en la gestión, sino va en contra de la Constitución”, indicó Cortazzo.

Para el caso, además, todas las personas consultadas para esta nota -e incluso el Gobierno- coincidieron en que esa planta no podría ofrecer la cantidad de agua necesaria, porque se trata de un “reservorio de agua, que es salada”. Además, precisó Ortiz: “Es un río compartido por cuatro países en donde no tenemos ningún poder de trabajar en cuanto a la calidad del agua, que sería la misma que estamos tomando ahora. Y la van a tener que apagar en un momento porque sólo se puede potabilizar hasta determinado grado de salinidad”, que suele alcanzar en determinadas épocas del año.

El agua como derecho humano

En 2004, el 62 por ciento de la población uruguaya votó declarar el agua como derecho humano y, así, lo incorporó en el artículo 47 de la Constitución nacional. Desde la Comisión Nacional por el Agua y la Vida “se hicieron las bases para gestionar el agua de forma sustentable y solidaria para las generaciones futuras, priorizando las cuencas hidrográficas especial para consumo humano”, contó Ortiz, que fue parte de la redacción del artículo. Sobre esa normativa es que académicos, organizaciones y sindicatos insisten en que la propuesta Neptuno del Gobierno es “ilegal” e “inconstitucional”. 

“El Gobierno debería llamar a un gran consenso nacional por el agua”, reclamó Cortizzo, en ese sentido. Entre las distintas demandas de las y los trabajadores, el pedido es que se pare el proyecto Neptuno, que se haga ingresar personal y que se focalice en las inversiones.

El llamado al diálogo es el denominador común para todas las organizaciones. Desde Redes Amigos de la Tierra, la exigencia es que se cree un grupo de trabajo para estudiar el impacto de la forestación -con foco en el eucalipto- y debatir la gestión del bien común, cuya principal contaminación proviene del modelo agrícola forestal en el territorio, señaló Ortiz. Lo mismo, desde los sectores académicos, que acercaron propuestas a corto, mediano y largo plazo con una mirada integral al Ejecutivo nacional sin respuesta alguna.

Las y los funcionarios apuestan a que la lluvia haga su cometido. Ante lo que consideran una emergencia sanitaria, social, ambiental y productiva. las organizaciones se preparan para una movilización este miércoles 31 de mayo con la consigna “en defensa del agua” como bandera.