Amnistía Internacional acusó hoy a España y a Marruecos de haber contribuido a la muerte de al menos 37 personas a fines de junio, cuando cientos intentaron cruzar la frontera hacia el enclave español de Melilla, en el continente africano, y denunció que luego quisieron "encubrir" los hechos.
"Los métodos empleados por las autoridades marroquíes y españolas contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas", señaló en un informe la ONG, que recabó testimonios de numerosos migrantes presentes el 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melila y analizó videos e imágenes satelitales.
Según las autoridades marroquíes, ese día hubo 23 muertos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Algunas acciones de los agentes españoles y marroquíes (...) pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos", escribió Amnistía, según recogió la agencia de noticias AFP.
Entre esas acciones estarían "golpear a personas que ya estaban inmovilizadas (...), negar asistencia médica de emergencia a las personas heridas (y) el uso reiterado de gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".
"Seis meses más tarde, las autoridades españolas y marroquíes continúan negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla", mientras "se acumulan las pruebas sobre múltiples violaciones de derechos humanos", señaló la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, citada en un comunicado.
Todo parece indicar que hubo "encubrimiento y racismo", agregó Callamard.
El 24 de junio, unos 2.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron cruzar a la fuerza la frontera con Melilla, uno de los dos enclaves españoles en Marruecos, que son las dos únicas fronteras de la Unión Europea con el continente africano.
El balance de 23 muertos, según Rabat, es el mayor jamás registrado durante algún intento de entrada de migrantes a Melilla o al otro enclave español, Ceuta.
El drama despertó indignación internacional y la ONU denunció el "uso excesivo y letal de la fuerza" por parte de las autoridades marroquíes y españolas.
Al igual que Amnistía, expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elevaron a fines de octubre el balance a 37 muertos y denunciaron la falta de asignación de responsabilidades concretas, tanto en España como en Marruecos.
Dos investigaciones publicadas en noviembre por la cadena británica BBC y el consorcio europeo Lighthouse Reports denunciaron la brutalidad de las fuerzas marroquíes cuestionaron el accionar de las españolas.
Ambas concluyeron que hubo al menos un migrante muerto en territorio español, algo negado tajantemente por el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.
En una carta dirigida el viernes a varias ONG y a la que tuvo acceso la AFP, el Defensor del Pueblo español, que investiga los hechos al igual que la Fiscalía, estimó que las explicaciones del Ministerio del Interior "no se han considerado suficientes".
El cruce de migrantes por la frontera española se dio en un momento de crisis entre los dos países, luego de que España acogiera en abril de 2021 al jefe de los independentistas saharauis del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse de Covid-19 en un hospital del país.
Marruecos reivindica como propio el territorio del Sáhara Occidental, una antigua colonia española, y la crisis diplomática se cerró cuando España abandonó su neutralidad histórica entre independentistas saharauis y Rabat, para respaldar el plan marroquí para el territorio, consistente en dotarlo de autonomía.
Con información de Télam