(Por Camil Straschnoy) El abogado colombiano Pablo de Greiff, integrante del grupo de la ONU que investiga violaciones de derechos humanos durante la guerra de Ucrania, indicó a Télam que en sus visitas al país la misión fue testigo de una “violencia sistemática, planeada y deliberada” y apuntó que existe una “acción estatal” en la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia, crimen por el que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra el presidente Vladimir Putin.
Si bien no quiso vaticinar si el mandatario comparecerá ante el tribunal de La Haya, cuya competencia desconoce el Kremlin, afirmó que “ninguno de los 34 exjefes de Estado que han sido juzgados y condenados en alguna corte alrededor del mundo pensaron en algún momento que iban a terminar en esa situación”.
El académico y exrelator especial sobre la verdad, la justicia y la reparación de la ONU integra una comisión creada hace casi un año por el Consejo de Derechos Humanos que la semana pasada presentó un informe en el que identifica crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos principalmente por las fuerzas rusas, pero descartó por ahora hablar de genocidio.
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Conformada también por el noruego Erik Mose y la bosnia Jasminka Dzumhur, la misión (que espera la decisión de los 47 Estados miembros del Consejo para saber si prolonga su mandato) visitó nueve provincias ucranianas, entrevistó 595 víctimas e inspeccionó fosas comunes, lugares de detención y tortura, además de revisar documentos, fotografías, imágenes satelitales y videos.
- Télam: Pese a su experiencia en conflictos y el derecho humanitario, ¿cómo se sintió con todo lo que vio y escuchó?
- Pablo de Greiff: A pesar de haber hecho esto durante casi 30 años, mi primera visita a Ucrania me resultó desgarradora. Creo que por dos razones. En este conflicto, a diferencia de otros en los que trabajé, las armas principales no son armas de fuego cortas, sino misiles, bombas aéreas y cañones, y, por lo tanto, la magnitud de la destrucción es absolutamente impresionante. En segundo lugar, hay una dimensión en el ejercicio arbitrario de la violencia que es también impresionante de presenciar. Por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales de civiles que no podían constituir ningún tipo de amenaza por ser ancianos o tener manos atadas y los ojos vendados. Dicho todo esto, en esta línea de trabajo uno se topa con los dos extremos de la capacidad de los seres humanos. Fuimos testigos de un tipo de violencia absolutamente sistemática, planeada y deliberada cuyas consecuencias tenían que ser absolutamente claras para el agresor. Pero, por otro lado, testigos también de gente que está dispuesta a sacrificarlo todo por ayudar a los demás y que no se rinde en la búsqueda por la justicia.
- T: ¿Le sorprendió que al día siguiente de presentar el informe la CPI pidió el arresto de Putin? ¿Las evidencias que aporta la comisión pueden sumarse como material probatorio?
- PG: Sí, me sorprendió porque hay coordinación entre diferentes instancias que están trabajando en temas de rendición de cuentas en Ucrania. Aunque esa coordinación tiene más que ver con un intento de, por ejemplo, no entrevistar a las mismas víctimas ni investigar los mismos casos. En ese sentido, creo que fue un poco casual. Ahora, respecto a la segunda pregunta, el objetivo de crear comisiones de este estilo es recabar testimonios y evidencia que puedan ser utilizados en instancias judiciales. Si la oficina del Fiscal de la CPI está interesada, no lo sé.
- T: El fiscal de la CPI, Karim Khan, se mostró optimista que Putin sea juzgado en La Haya. Como experto en justicia transicional, ¿también lo cree?
- PG: No tengo la bola de cristal, pero estoy seguro de que ninguno de los 34 exjefes de Estado que han sido juzgados y condenados en alguna corte alrededor del mundo pensaron en algún momento que iban a terminar en esa situación. A título personal, yo hago esto en parte como señal de respeto a las víctimas. La evidencia de las violaciones que sufrieron tiene que ser recolectada, archivada y eventualmente utilizada, no solo en instancias judiciales, sino también para el diseño de medidas de reparación no judiciales. Las víctimas tienen derecho no solo a la justicia en el sentido penal, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición.
- T: En el informe que presentaron se incluye la deportación forzada de chicos como crimen de guerra y especifican que Putin firmó un decreto para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a menores. ¿Existen evidencias de una orden superior más explícita en lo que tiene que ver con estas deportaciones?
- PG: Sí. Las autoridades rusas han hecho, por ejemplo, modificaciones legales para facilitar la adopción de niños rusos y el cambio de nacionalidad de los mismos. O sea, hay acción estatal y una cantidad de propaganda pública tanto por parte del presidente Putin como por parte de la comisionada presidencial para los niños (Maria Lvova-Belova), quien también fue objeto de la orden de detención de la CPI. Ambos se han ufanado públicamente de estos programas.
- T: Al presentar el informe destacó la necesidad de analizar patrones para determinar responsabilidades que alcanzan no solo a soldados rasos o a unidades militares, sino también a sus superiores ¿Hay un patrón en los casos de tortura y de violencia sexual que recopilaron?
- PG: En el caso de la tortura, sin ninguna duda. Hemos encontrado exactamente las mismas técnicas de tortura en diferentes centros de detención, el mismo tipo de insultos, el mismo tipo de amenazas. Hay cierto tipo de técnica, entrenamiento y disposición de recursos humanos y materiales para que esto tenga lugar de forma sostenible a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Respecto a las violaciones y otros crímenes basados en sexo, no encontramos patrones. Hay una mezcla inmensa de comportamientos que incluyen, por ejemplo, soldados rusos que encuentran a otros abusando de una mujer y los sacan de la casa para evitar que continúen. Incluye el testimonio de alguien que alega que al día siguiente de una violación vino el comandante de la unidad local a pedir disculpas y a decir que no es así como ocurren habitualmente las cosas dentro de las fuerzas armadas rusas. Pero también, por supuesto, encontramos violaciones a una niña de cuatro años y a una anciana de 82.
- T: La comisión también da cuenta de violaciones cometidas por las fuerzas ucranianas, específicamente en el uso de municiones de racimo y de minas terrestres. A diferencia de lo que ocurre con las autoridades rusas, sí recibieron comunicaciones por parte de Ucrania ¿Cuáles fueron las respuestas que dieron?
- PG: Indicaron que los casos están bajo investigación y la comisión tiene un interés inmenso en conocer los resultados de esas investigaciones. Esta es una comisión independiente e imparcial y obviamente le pondremos tanta atención a estos casos como a todos los demás. Respecto a la colaboración por parte de Rusia, obviamente ayudaría mucho tenerla, pero hay fuentes alternativas de información y de evidencia. Siempre hay gente que sobrevive ataques, que filma lo ocurrido, una cantidad de información satelital. O sea, facilitaría las cosas tener su colaboración, pero no tenerla no imposibilita la investigación.
- T: Pese a las evidencias recopiladas sobre bombardeos contra la población civil, torturas y otras denuncias de crímenes de guerra, la comisión dejó en claro que por el momento no hay pruebas de genocidio ¿Es algo no descartan analizar en un futuro en base a la información que tienen?
- PG: El hecho de que la comisión no se pronuncie sobre un tema en particular en un reporte específico no quiere decir que no le interese el tema ni que en el futuro no cambie de opinión. Hemos seguido una metodología extraordinariamente cautelosa y no hemos llegado al análisis de situaciones que nos permitan concluir nada acerca del genocidio.
Con información de Télam
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