El Gobierno de España presentó hoy un anteproyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos, que modifica la actual normativa de Extranjería y que prevé cárcel para clientes de personas obligadas a prostituirse, la aplicación de un programa de inserción laboral y un fondo para la indemnización de las víctimas.
Esta ley es "fruto del consenso interdepartamental", acaba "con la dispersión normativa" que existe actualmente en España y sigue las recomendaciones que se aprobaron a nivel internacional, explicó hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, en conferencia de prensa.
De acuerdo con la funcionaria, el texto aborda de manera integral todas las formas de explotación e incide en la desincentivación de la demanda.
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El anteproyecto, trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y las carteras de Igualdad, Interior, Inclusión, con aportes de otras nueve instituciones, también establece medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación.
El texto legal "supone un antes y un después en el compromiso con los derechos humanos y en la lucha más eficaz contra las mafias de la explotación", además de poner "en el centro a las víctimas", agregó Llop, informó la agencia de noticias ANSA.
Prevé penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de víctimas, entre las que destacan las mujeres forzadas a prostituirse, y garantiza a las víctimas una asistencia integral, con autorizaciones de residencia y trabajo provisionales.
Quedará "exento" del castigo quien haya acudido a la prostituta "que esté siendo explotada ocasionalmente" y denuncie la situación a la autoridad antes de la apertura de las diligencias policiales.
También será sancionado con hasta cuatro años de prisión quien promueva la explotación a través del alquiler de un local o vivienda para las víctimas.
Además, la iniciativa modifica la ley de Extranjería y permite a las víctimas sin papeles con una identificación provisional solicitar autorización temporal de residencia y trabajo, mientras que la actual ley permitía regularizar a las víctimas sin papeles en atención a su situación personal, pero se situaba en primer lugar la colaboración con la policía.
Respecto del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Trata y la explotación de seres humanos, la iniciativa establece que las administraciones públicas deben elaborar políticas de prevención y que los poderes públicos deben impulsar acciones que concienticen a la sociedad.
El objetivo de este programa es desincentivar la demanda "de todo tipo de bienes y servicios" que utilicen víctimas de trata o explotación, expresó Llop.
Estas campañas incluirán a los adolescentes y a los trabajadores de sectores productivos que presentan un mayor riesgo, además de actuaciones específicamente dirigidas a la población migrante, solicitante de asilo y refugiada.
Según el anteproyecto, las instituciones educativas impartirán contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual, la formación en derechos humanos, el compromiso con los valores democráticos, la prevención en la violencia y la explotación, especialmente de las mujeres.
El Plan de Inserción Social y Laboral contempla acceso a la vivienda, acompañamiento social y sanitario, el derecho a la salud física y psicológica, así como reproductiva y sexual, acceso a un empleo digno y ayudas económicas para la víctima y personas a cargo.
Por otra parte, el texto también hace explícita la necesidad de impulsar la vigilancia y el control de la aplicación de las normas laborales, con el fin de mejorar la regulación del proceso de reclutamiento de trabajadores migrantes en origen.
Para garantizar el derecho de las víctimas a ser indemnizadas, el anteproyecto establece la creación del Fondo para la indemnización de las víctimas de trata y de explotación, pero aún no se dio a conocer la dotación inicial.
La Ley de Trata también modifica la Ley de responsabilidad penal del menor, con un nuevo apartado que establece que las víctimas de trata menores de edad "quedarán exentas de responsabilidad criminal por las infracciones penales que hayan cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de haber sido objeto del delito de trata".
Con información de Télam
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