Más de 4.000 personas han muerto en el conflicto desatado hace cuatro meses en Sudán entre el Ejército Nacional y los paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido (FAR), informó hoy el alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló que muchos ataques y acciones militares podrían constituir crímenes de guerra.
Entre las víctimas documentadas habría "cientos de civiles", incluidos 435 niños y 28 trabajadores médicos y humanitarios, dijo el funcionario de la ONU, que dio por hecho que estas cifras son mucho mayores porque no hay un protocolo de identificación de víctimas y la intensidad de los combates impide cualquier tipo de verificación.
"Muchos civiles han muerto en la zona de Jartum por resistirse a los intentos de las FAR de saquear sus casas o violar a las mujeres de la familia", mencionó Turk, como ejemplo de la crueldad de un conflicto que ha tenido a la capital de Sudán y a la región occidental de Darfur como principales escenarios.
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El conflicto iniciado el 15 de abril es una guerra por el poder "desastrosa" y "sin sentido" en la que se han destruido viviendas, escuelas, hospitales y se han suprimido todo tipo de servicios y suministros esenciales, dijo la máxima autoridad de la ONU en derechos humanos.
La inseguridad alimentaria alcanza ya a más de 20 millones de personas, y al menos 700.000 niños están en situación límite, mientras que más de 4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, explicó Türk.
Los desplazados y refugiados son vulnerables además a otro tipo de abusos, especialmente en el caso de las mujeres, agregó el Alto Comisionado, que dijo que ya tiene sobre su mesa informes "creíbles" sobre 32 incidentes y 73 víctimas de violencia sexual.
Al menos 19 de los casos corresponden a hombres que llevaban uniformes de las FAR, dijo.
"Insté a las principales autoridades de Sudán (...) a dar instrucciones claras a las personas bajo su mando de que hay tolerancia cero para la violencia sexual. Los autores deben rendir cuentas y esta violencia debe ser condenada de manera clara e inequívoca", reclamó Türk.
Asimismo, informó que ha habido arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas, según recogió Europa Press.
Sólo en Jartum, al menos medio millar de personas estaban desaparecidas a finales de julio, pero esa cifra es apenas una estimación dado el caos existente.
"Las partes en conflicto deben cesar inmediatamente los combates, reanudar el diálogo político, cumplir sus obligaciones conforme al derecho internacional (...) y permitir el envío ininterrumpido de la ayuda humanitaria", solicitó Türk.
Además, instó a la comunidad internacional, a "aumentar la presión política y económica" sobre los dos bandos y a incrementar el apoyo a las organizaciones humanitarias que siguen respondiendo a la crisis, tanto dentro de Sudán como en los países vecinos a los que siguen llegando refugiados.
Los combates estallaron tras los desacuerdos entre el Ejército regular y los paramilitares sobre la constitución de las futuras Fuerzas Armadas.
El inicio de la guerra implicó el colapso de unas negociaciones ya paralizadas que perseguían un acuerdo de transición política hacia un gobierno civil en el país, sumido en una espiral de caos desde el derrocamiento en 2019 de Omar al Bashir, que gobernó con puño de hierro 30 años.
La salida del dictador dejó el poder en manos de un gobierno militar que terminó por asumir el control del país y correr del centro a grupos civiles que colaboraron con la salida de Al Bashir.
El 15 de abril, en medio de un éxodo diplomático y de población, estalló el primer enfrentamiento abierto entre el jefe del Ejército, Abdel Fatah al-Burhan, y el líder paramilitar Mohamed Hamdan Daglo, que continuó durante tres meses en medio de altos el fuego constantemente ignorados por los bandos en conflicto.
Con información de Télam
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