La Corte Penal Internacional (CPI) retomó hoy la investigación sobre la guerra contra las drogas que encaró a partir de 2016 el entonces presidente de Filipinas Rodrigo Duterte por presuntos crímenes contra la humanidad, tras rechazar un recurso presentado por Manila.
La medida fue anunciada después de que tres de los cinco jueces de la Cámara de Apelaciones de la CPI votaran a favor de que la pesquisa vuelva a ponerse en marcha, lo que supone un paso de vital importancia para las víctimas y sus familiares.
El juez que preside la sala, Marc Perrin de Brichambaut, confirmó la decisión y puntualizó que la apelación del Gobierno filipino no se sostiene y que los jueces no vieron pruebas suficientes que demuestren los errores planteados por Manila, según el diario The Philippine Star.
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En enero, la corte había autorizado la reapertura del caso, que apunta a la actuación de las fuerzas de seguridad filipinas en el marco de la guerra contra las drogas de Duterte, que se habría saldado con más de 6.000 muertos, según datos de las autoridades.
La procuradora general adjunta de Filipinas, Myrna Agno Canuto, advirtió en su respuesta que la Oficina del Procurador General está "decepcionada" por la decisión de la CPI porque "se niega a reconocer el derecho principal y soberano del Gobierno de Filipinas a investigar delitos graves", según la agencia de noticias Europa Press.
Por su parte, el abogado de Duterte, Harry Roque, insistió en que el exmandatario "siempre ha sostenido que, como Estado independiente y soberano, solo los tribunales filipinos pueden juzgar cualquier delito cometido en territorio filipino".
"Ha dicho una y otra vez que, debido a esto, se enfrentará a todos sus acusadores en cualquier momento, pero ante los tribunales filipinos y solo ante jueces filipinos", remarcó Roque en una publicación en su perfil oficial de la red social Facebook.
La subdirectora para Asia de Human Rights Watch (HRW), Bryony Lau, consideró que el fallo "marca el próximo paso hacia la justicia para las víctimas de los asesinatos de la guerra contra las drogas y sus familias" y exigió al Gobierno de Ferdinando Marcos Jr que respaldar su “compromiso declarado con los derechos humanos cumpliendo con su obligación legal internacional de cooperar con la investigación”.
Con información de Télam
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